La controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que aplazar temporalmente la consulta de revocación de mandato programada para el 10 de abril del próximo año, señala que la decisión del organismo electoral “suspende el ejercicio de derechos humanos”.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, difundió el recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser un asunto de interés general, como explicó en su cuenta de Twitter.
“El acuerdo impugnado suspende el ejercicio de derechos humanos, sin seguir las formalidades previstas para ello a nivel constitucional y convencional, como lo es el derecho de la ciudadanía a la participación en los procesos de revocación de mandato”, señala el recurso.
Argumenta que el decreto que reformó la Constitución en materia consulta popular y revocación de mandato establece que este tipo de ejercicios “se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”.
En ese sentido, menciona que la legislación en la materia, mandata al INE a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes y que los gastos derivados de las consultas “serán cubiertos con los presupuestos asignados y subsecuentes”.
Por lo tanto, considera que el INE se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestaria existente y no se condiciona la realización de la consulta “a una garantía institucional de suficiencia presupuestaria, como falsamente lo pretende el Instituto en su Acuerdo impugnado”.
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El documento aclara que ningún órgano del Estado mexicano cuenta con una garantía de suficiencia presupuestal de las características de la que alega el INE. “Solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Magistrados Electorales gozan de garantías institucionales de irreductibilidad en sus remuneraciones”, apunta.
El recurso señala que los legisladores aprobaron un presupuesto de 19 mil 736 millones de pesos para el INE, cantidad superior a la de 18 mil 827 solicitada por el organismo y en la que ya estaba prevista la realización de la consulta.
Considera que el acuerdo aprobado por el INE “constituye una invasión a las facultades constitucionales de competencia exclusiva” de la Cámara de Diputados. Detalla que el Instituto no tiene facultades para posponer el proceso de revocación de mandato, lo que vulnera el principio de legalidad al pretender eludir obligaciones constitucionales y establecidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Además, menciona que un acuerdo administrativo “no puede ser bajo ninguna circunstancia una fuente legítima de restricción al ejercicio de un derecho político como el de la participación en los procesos de revocación de mandato”.
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La Cámara de Diputados pide a la Corte que deje insubsistente el acuerdo impugnado y que el INE continúe con la organización y el desarrollo “de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión”, con el presupuesto ya aprobado por los legisladores, con los ajustes presupuestales correspondientes que tenga que hacer el Instituto.
Consulta la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados:
Controversia sobre Revocación de Mandato by Aristegui Noticias on Scribd
La tarde de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la decisión del INE.
El diputado señaló que “con las facultades que me confiere la ley como Presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la SCJN, en contra del acuerdo emitido por el INE en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”.
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