“En los países con sistemas mafiocráticos, cuando hay órdenes de extradición el poder político cierra filas y se vuelve ‘purista’ del derecho para frenar la justicia; eso es lo que está pasando, un show de impunidad”, afirmó el analista Edgardo Buscaglia, luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos delitos vinculados con delincuencia organizada.
La acusación, contenida en un acta de 34 páginas emitida por un gran jurado, detonó un nuevo frente de tensión entre ambos países, mientras en México el gobierno federal sostuvo que no existen elementos probatorios suficientes para proceder con una detención urgente con fines de extradición, en tanto algunos de los implicados han optado por solicitar licencia a sus cargos y otros han decidido mantenerse en funciones.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Buscaglia explicó que el documento estadounidense no solo incluye nombres, sino la descripción de hechos que la ley tipifica como delitos y una probable responsabilidad de los señalados.
No es un fiscal aislado ni una decisión política; es un procedimiento formal en el que ciudadanos determinaron que hay elementos suficientes para acusar.
El especialista detalló que el llamado “gran jurado” está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos seleccionados de forma aleatoria, quienes evalúan los datos presentados por la fiscalía.
Asimismo dijo que éstos “no determinan culpabilidad, determinan probable responsabilidad; la prueba se construye después, en el juicio, mediante el debate entre las partes”, subrayó.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura de su administración y sostuvo que corresponde a las autoridades estadounidenses aportar pruebas para que la Fiscalía mexicana pueda actuar.
“Que envíen las pruebas que tienen y, si es el caso, actuará la Fiscalía”, declaró la presidenta en conferencia, donde además enmarcó el caso en la defensa de la soberanía nacional y cuestionó la difusión pública del expediente.
Al respecto, Buscaglia rechazó ese planteamiento y señaló que exigir pruebas en esta etapa procesal “es un disparate jurídico”.
Lo que existen son datos que sustentan la acusación; la prueba surge en el juicio, pedir pruebas ahora es desconocer cómo funciona el proceso penal.
Asimismo, negó que la publicación del documento represente una violación a la confidencialidad.
“Las actas de acusación son públicas en sistemas democráticos una vez que el gran jurado determina que hay una probable responsabilidad; no hay filtración”, sostuvo y advirtió que la reacción del gobierno mexicano podría interpretarse como parte de un patrón histórico.
El sistema político, por acción u omisión, genera una impunidad institucional cuando protege a sus miembros; esto ya se ha visto en otros países.
Además, alertó sobre posibles repercusiones en la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente en el ámbito económico y dijo que “este tipo de conflictos puede trasladarse a negociaciones comerciales y generar costos importantes para México”, y sostuvo que el proceso debe seguir su curso conforme a derecho y sin interferencias.
“Estas personas son inocentes hasta que un juicio determine lo contrario; eso no está en discusión”, afirmó.
Finalmente, mencionó que en esta etapa se presentan datos para establecer una probable responsabilidad, mientras que la prueba surge en el juicio, a partir del debate entre las partes.
“Lo que corresponde es permitir que la justicia funcione y que sea un juez quien determine, con base en ese debate, si existen o no pruebas”, concluyó.