En su opinión, acusar a los políticos de asociarse con empresas extranjeras para destruir a la industria nacional es “una acusación muy seria”, advirtió el ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío.
El Gobierno Federal debe presentar los elementos que respalden sus acusaciones contra exfuncionarios públicos por un presunto conflicto de interés y debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
“Sería muy grave que habiéndose hecho una acusación de esa magnitud, pasaran semanas, meses y años, y no se aportaran elementos”, dijo.
El lunes, el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, acusó que exfuncionarios públicos de diferentes etapas del gobierno mexicano que trabajan para empresas particulares, algunas extranjeras, generaron que la empresa se debilitara y hoy produzca la mitad de la energía que se consume en el país.
En entrevista para #AristeguiEnvivo, el ministro en retiro se dijo preocupado, porque al escuchar la conferencia matutina, el Gobierno Federal no refiere ningún artículo violado; “son consideraciones muy abstractas”.
“Creo que hay un problema importante, porque hablar así en una conferencia, con esta fuerza, sin señalar qué es lo que le estás imputando en términos penales o le estás señalando en términos administrativos, me parece muy complicado“, dijo.
En su opinión, acusar a los exfuncionarios de asociarse con empresas extranjeras para destruir a la industria nacional es “una acusación muy seria”.
Cossío indicó que el tema principal es el uso de la información por parte de los funcionarios, considerando qué ley estaba vigente en el periodo que estuvieron en en el cargo e ingresaron al sector privado.
“El delito sería, en caso de que estuviera eso establecido, la demostración de que esa persona tomó esa información de la que le estaba prohibido compartir, y la compartió, para generar una condición de negocio, eso es lo que la Fiscalía (General de la República) tendrá que demostrar, no que el señor trabajo”, apuntó.
Precisó que desde la Reforma Energética, la ley establece que los empleados de Pemex y CFE no pueden utilizar la información en los próximos cinco años de haber dejado su puesto.
“Habría que ver, qué persona de las nueve, cuándo salió, qué hizo, con quién se contrato, etcétera, y si los plazos de utilización de la información pasaron o no, más allá de lo que nos pueda parecer inmoral, porque aquí estamos hablando de lo jurídico, no de lo inmoral“, explicó.
En este sentido, indicó, la Fiscalía General de la República tiene que demostrar si un exfuncionario actuó de manera deliberada para debilitar a la empresa.
A continuación la entrevista completa:
