Mientras que el Plan Nacional de Desarrollo plantea prohibir las adjudicaciones directas, el Gobierno Federal asigna directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales, al igual que Calderón y Peña Nieto.
Un estudio de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que durante los primeros siete meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tres de cada cuatro contratos gubernamentales se han adjudicado de manera directa, y no bajo procesos de licitación pública o por invitación restringida.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, la plataforma de contrataciones públicas Compranet ha registrado un total de 76 mil 613 contratos concedidos, de los cuales 77.3 por ciento se han entregado de manera directa; 16 por ciento a través de licitaciones públicas; 6.6 por ciento por invitación restringida, y 0.03 por ciento a través de otros mecanismos.
En marzo de este año, MCCI detectó que 74 por ciento de los 28 mil 458 contratos otorgados hasta ese momento se habían entregado a través de adjudicaciones directas.
“Las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación favorito del gobierno, sino que se han incrementado en comparación con el trimestre anterior”, enuncia el reporte.
Tras un comparativo con administraciones federales anteriores se detectó que entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72 por ciento de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5 por ciento de las ocasiones.
“De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales”.
El reporte de marzo señaló que, de acuerdo a estudios internacionales, la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes es una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental.
El Plan Nacional de Desarrollo, en su página 14, incluye un listado de siete acciones para el combate a la corrupción, entre las que destacan prohibir las adjudicaciones directas, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones, y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
