En entrevista para ‘Aristegui en Vivo’, el abogado de Aguakan, José Zapata, defendió la legalidad de la operación de la empresa concesionada para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo y rechazó las acusaciones del gobierno estatal, encabezado por Mara Lezama y cuestionó las órdenes de aprehensión que se han liberado en contra de sus directivos.
José Zapata expresó su preocupación por cómo se ha desarrollado el conflicto y el impacto que esto podría tener sobre los trabajadores.
Destacó que Aguakan es una empresa 100% mexicana en la que participan 22.5 millones de trabajadores a través de las Afores, lo que representa cerca de la mitad del capital de la empresa.
Dijo que cualquier alteración en la concesión o en el funcionamiento de la empresa afectaría directamente a los fondos de retiro.
Foto: Aguakan. Tratamiento: AN
Zapata aseguró que la concesionaria de agua en Quintana Roo opera bajo una estricta fiscalización debido a su participación pública, contrario a lo que expresó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum sobre el caso.
“Evidentemente, esto implica que la empresa tiene una naturaleza, un carácter público relevante que hace que todas las actividades de Aguakan, todos los ingresos de Aguakan estén fiscalizados no nada más por las autoridades, sino también por los propios inversionistas”, afirmó.
Señaló que desde la publicación de un decreto estatal se ha intentado remover a la empresa del servicio, lo que ha llevado a la interposición de recursos legales.
“Desde el año pasado se tuvo que interponer una demanda de amparo en la cual se consiguió una suspensión que permite que Aguakan continúe prestando el servicio”, explicó.
Además, indicó que la concesión contempla un mecanismo de arbitraje internacional, el cual la empresa ya solicitó y se encuentra en curso.
El abogado también mencionó que el gobierno de Quintana Roo presentó en mayo de 2023 una denuncia contra funcionarios públicos y consejeros de Aguakan por presuntas conductas ilícitas en la gestión de la prórroga de la concesión.
“Esto, con base en un contrato que se firmó en diciembre del 2014. Pero esto es un argumento falso. La realidad de las cosas es que Aguakan, en ejercicio de su derecho a prorrogar la concesión, solicitó desde noviembre del año 2014 la prórroga con el propósito de lograr cumplir con el objeto de la prestación del servicio y también lograr que se cumpliera con el modelo financiero que estaba establecido”, afirmó.
Zapata explicó que la prórroga fue aprobada en una sesión del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en la que participaron los 11 presidentes municipales del estado, el entonces gobernador y secretarios de estado.
Posteriormente, dijo, se firmó un contrato de garantía en el que Aguakan se comprometió a pagar mil cincuenta y cinco millones de pesos.
Ese contrato no es la causa por la que nos otorgaron la prórroga de la concesión; al contrario, es una consecuencia de la autorización de la prórroga.
Imagen: Aguakan
El abogado rechazó las acusaciones de la presidenta Sheinbaum sobre presuntas irregularidades y defendió la calidad del servicio prestado.
“Aguakan emite anualmente cerca de seis millones de boletas y solamente tenemos en promedio 80 quejas ante Profeco al año“, afirmó.
También, se dijo preocupado por lo que calificó como una “criminalización” del caso.
“Nos preocupa mucho la criminalización que están haciendo del asunto y en vez de llevar este tema dentro de los cauces legales que serían los establecidos en el propio título de concesión, es decir, el arbitraje, estén generando la presentación de denuncias por hechos que nosotros consideramos que no son de relevancia en materia penal”.
Imagen: Aguakan
En cuanto a las órdenes de aprehensión, Zapata confirmó que fueron emitidas contra el director general de Aguakan, Paul Rangel, y el consejero Diego Ramos.
“Penden una orden de aprehensión por la supuesta comisión de los delitos de promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló.
Sobre esta última acusación, cuestionó su validez argumentando que el título de concesión es un derecho otorgado por el Estado.
¿Cómo puede ser ilícito el recurso que nos otorga el estado? ¿Cómo podría ser una concesión un derecho ilícito?
Por otro lado, Zapata destacó que la participación de las Afores en Aguakan comenzó en 2014.
“A partir de 2014 empieza la participación de las Afores”, aunque dijo no tener información detallada sobre la decisión de inversión.
Explicó que entre los inversionistas de la empresa se encuentran las Afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, que administran los fondos de retiro de más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.
La empresa ha destacado que esta participación refuerza la transparencia de sus operaciones, ya que los recursos provienen de cuentas de ahorro para el retiro, sujetas a una estricta regulación y supervisión.
Finalmente, reiteró que la empresa está abierta al diálogo, pero advirtió sobre el riesgo de lo que llamó “justicia del vencedor“.
“Da la impresión de esta justicia del vencedor en donde para sacarnos, pues bueno, llegamos al extremo de tener causas penales, órdenes de aprehensión en contra de personas físicas que ven afectada su libertad“.
Asimismo, el abogado, destacó que la posibilidad de que la concesión de la operación de agua en los cuatro municipios donde opera Aguakan pase a manos de otro particular, lo cual -advirtió- podría complicar la situación, porque debería manejarse con transparencia para evitar afectar “de manera indebida a los particulares”.
El abogado reiteró la disposición de Aguakan para colaborar con los gobiernos federal y estatal con el fin de asegurar que la población de los municipios donde la empresa presta el servicio continúe recibiendo agua potable de calidad.
También expresó el deseo de que se establezca una mesa de negociación oficial para clarificar la situación y resolver la controversia de manera pacífica y legal.
“Lo que no queremos es ser criminalizados como un mecanismo para presionar la toma de decisiones”, aseguró y dijo que una resolución en contra de la empresa afectaría a los millones de mexicanos que tienen invertido su dinero en Aguakan.
Finalmente, dijo que la falta de respeto por los cauces legales podría desvanecer la seguridad jurídica que los inversionistas tienen al trabajar con el estado.
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