Túnez ha experimentado en los últimos meses un repentino aumento de las salidas de embarcaciones con migrantes desde sus playas en dirección a Italia. El país magrebí se sitúa ya a la par de su vecino Libia como epicentro de la ruta migratoria del Mediterráneo central. Según datos del Gobierno italiano, de las 11.919 personas llegadas a sus costas desde principios de este año, un total de 5.237 provenían de Túnez -el resto, la gran mayoría de Libia-. De ellas, unas 4.000 eran nacionales tunecinos, lo que les convierte en el grupo más numeroso con diferencia. El Gobierno italiano ha reaccionado con celeridad y contundencia ante estas cifras, utilizando los recursos a su alcance para apretar las clavijas a las autoridades tunecinas. Roma considera Túnez un “país seguro”, por lo que sus nacionales no tienen derecho a asilo, y apuesta por realizar deportaciones aceleradas.
El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, anunció la semana pasada que Roma recortará 6,5 millones de euros de los fondos de ayuda a Túnez hasta que este país no muestre “un compromiso real” en la prevención de los flujos migratorios irregulares. Las alarmas sonaron en Italia después de que entre el 20 y el 26 de julio llegaran a sus costas más de 2.000 personas, es decir, casi un 20% del total desde enero. Di Maio consiguió sumar el apoyo de la UE a su empeño. El comisario Europeo de la Vecindad y la Ampliación, Oliver Varhelyi, escribió tras una conversación con el ministro italiano un tuit en el que afirmaba que “los flujos ilegales deben parar”, e instaba a Túnez a cooperar.
Las presiones de Roma tuvieron un efecto inmediato. El pasado domingo, el presidente tunecino, Kais Said, visitó la región de Sfax, desde donde salen cerca del 40% de las barcazas, y se reunió con los responsables de la guardia costera. “El Estado tunecino no tolera los traficantes de seres humanos, ni los organizadores de travesías marítimas ilegales. Perpetran crímenes que el Estado no puede tolerar”, declaró Said, en un mensaje de firmeza destinado a apaciguar a Italia.
“Si comparamos con las cifras de 2015 o 2017, el aumento no es enorme. Más que las cifras, las motivaciones de Italia son de tipo político”, sugiere Romdhane Ben Amor, investigador especializado en migración de la fundación FTDES (Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales, en sus siglas en francés). Por ejemplo, en 2017, las llegadas a Italia se cifraron en 117.000 personas. Posteriormente, cuando era ministro del Interior, Matteo Salvini impulsó el cierre de los puertos italianos. Actualmente, con el líder de la Liga en la oposición y en horas bajas, el Ejecutivo intenta evitar que la migración irregular vuelva a ser una baza política para Salvini.
La multiplicación de las partidas desde Túnez se debe, para empezar, a la situación económica. “La crisis derivada de la epidemia ha provocado la pérdida de miles de empleos. Por eso, ha cambiado también el perfil del migrante. Ahora no son solo jóvenes sin educación, sino graduados universitarios e incluso familias enteras”, afirma Ben Amor. A falta de cifras consolidadas, se estima que el PIB del país se ha contraído severamente en el primer semestre del año, con caídas de la actividad del 17% en el sector textil, y de hasta un 30% en el turismo, un puntal de la economía del país magrebí. Los efectos de la pandemia azotan a un país que no ha conseguido el relanzamiento de su tejido productivo desde la llamada primavera árabe de 2011 a causa de la inestabilidad económica.
Un segundo factor que explica el aumento de salidas es el incremento de migrantes subsaharianos que deciden cruzar el Mediterráneo desde las costas tunecinas. “La crisis económica ha hecho que muchos migrantes hayan perdido su trabajo, o no vean perspectivas de futuro aquí. La mayoría son personas que llevaban tiempo viviendo en Túnez y se querían integrar”, explica un líder social de la comunidad subsahariana que prefiere guardar el anonimato.
“A causa del confinamiento, se ha puesto en marcha un nuevo sistema. No era posible llegar en transporte público a Sfax, por lo que las mafias llevan en coches alquilados a los migrantes, y los instalan durante unos días en pisos de la ciudad”, añade. Sfax es la capital pesquera del país, y puerto de salida de migrantes que ahora pagan como mínimo entre 3.000 y 3.500 dinares (entre 850 y 1.100 euros). Normalmente, las mafias suelen formar a un migrante tunecino en el arte de la navegación unas semanas antes de zarpar, por lo que no es fácil para las autoridades tunecinas e italianas arrestar a los responsables.
Mientras en Túnez se disparan las partidas, en Libia se ha producido más bien la tendencia contraria debido al reforzamiento de las capacidades de control de los guardacostas a través de programas de cooperación de la Unión Europea. De acuerdo con cifras de Acnur, la agencia de refugiados de la ONU, desde enero y hasta el pasado 29 de julio un total de 6.265 migrantes o refugiados fueron interceptados en el mar por las autoridades libias, y devueltos al país árabe. Tanto esta institución como las ONG humanitarias no se han cansado de denunciar que Libia no puede ser considerado un lugar seguro para los migrantes, pues allí padecen todo tipo de violaciones de los derechos humanos.
De hecho, el pasado 29 de julio, guardacostas libios tirotearon y mataron a tres migrantes sudaneses que formaban parte de un grupo de 70 personas interceptadas en una embarcación, según recogieron varias agencias de información. Tras ser conducidos a la ciudad de Khoms, situada a 120 kilómetros de la capital, para ser internados en un centro de detención, varios intentaron huir, y los agentes abrieron fuego. Estas víctimas se suman a los 232 migrantes muertos o desaparecidos en la ruta del Mediterráneo central desde el inicio del 2020, y a los más de 20.000 que se estiman fallecidos en los últimos seis años.
Source link