La comunidad internacional envió este miércoles dos duros mensajes al Gobierno de Nicolás Maduro. En el primero, desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció torturas, asesinatos y una aguda crisis social en Venezuela. En el segundo, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mostraron por primera vez públicamente las imágenes de un centro de tortura clandestino.
Durante un avance del informe que prepara el equipo de la expresidenta chilena, de visita en Venezuela invitado por Maduro, Bachelet denunció la grave crisis de derechos humanos que vive el país y el colapso en los servicios médicos y educativos que han provocado el éxodo de más de tres millones de personas. Según Bachelet, a pesar de este panorama, las autoridades venezolanas se niegan a reconocer las dimensiones de la “vasta crisis”, al tiempo que las sanciones impuestas por Estados Unidos “pueden agravar aún más la situación económica”.
Sobre la represión, Bachelet señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por los “colectivos armados”, grupos paramilitares afines al Gobierno, han reprimido a la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas documentadas por su oficina. Paralelamente, la expresidenta de Chile citó denuncias que acusan a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) de ejecutar a 37 personas en enero en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.
“Los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan de que las víctimas estaban desarmadas”, resumió Bachelet, explicando los métodos aplicados por esta fuerza policial, que en 2018 habría matado a 205 personas.
“Como resultado directo de esta profunda crisis de derechos humanos, más de tres millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección”, señaló.
En referencia a los recientes apagones en Venezuela, la comisionada de la ONU aseguró que “simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país”, donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de sus familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado, aseguró.
Sobre el trabajo de los periodistas, tras duras semanas de detenciones y persecuciones, Bachelet dijo que las autoridades venezolanas habían procesado a periodistas, líderes de la oposición y críticos de forma injusta. Bachelet también señaló el caos que vive el sistema de salud del país, una de las banderas del Gobierno bolivariano. “El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad materna e infantil y la propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control”.
Según la alta comisionada, todo este negro panorama se verá agravado por las sanciones impuestas desde Estados Unidos a las transferencias financieras vinculadas a la venta de petróleo venezolano y que podrían dañar aún más la economía. Bachelet, no obstante, reconoció que la “crisis económica y social generalizada y devastadora” comenzó antes de las sanciones de EE UU en enero.
Casi en paralelo a la conferencia de Bachelet, en Washington se presentó un estremecedor vídeo sobre un centro de tortura de la policía. En el mismo, el teniente de aviación Ronald Dugarte, antiguo miembro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), hoy en paradero desconocido, mostró una grabación clandestina donde se ven los calabozos donde hay encerrados varios militares. En uno de ellos, el capitán Caguaripano se niega a comer porque está orinando sangre y en otro se ve en el suelo al coronel Mejías Laya, que pasó 30 días con los ojos vendados y las manos atada a la espalda. Los vídeos fueron grabados entre diciembre del 2018 y febrero de este año por el teniente, contratado en agosto para labores de inteligencia en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Dugarte señaló que decenas de presos son torturados frecuentemente con descargas eléctricas, asfixias con bolsas de plástico, golpes e inyecciones de sustancias desconocidas.
El teniente mencionó que fue adiestrado para tareas de contrainteligencia por una milicia mixta formada por militares venezolanos y cubanos. Según Dugarte, aunque no podía acceder a los centros de tortura, sí era posible escuchar los gritos de dolor de los soldados detenidos. “Sí pude escuchar sus gritos y lamentos de tanto dolor. Eran atados y quedaban en esa forma por un mes sin derecho a nada”, dijo durante una conferencia por Skype en la que estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Según las organizaciones de derechos humanos, en Venezuela hay unos 200 militares detenidos y la represión y sospechas sobre ellos se han incrementado a medida en que se han convertido el último gran apoyo con el que cuenta el chavismo para sostenerse en el poder.
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