Fernando González Santillana recordó que desde 2011, Ficrea había sido calificada como una institución de “alto riesgo”, pero tanto la CNBV como la Condusef, hicieron caso omiso.
A cuatro años de que Ficrea entrara a concurso mercantil, al menos tres mil personas, de las 6 mil 800 afectadas, no han recuperado su dinero, dio a conocer el interventor independiente, Fernando González Santillana.
En entrevista para #AristeguiEnvivo, detalló que de acuerdo con un reporte, el activo total de Ficrea se cuantificaba en 7 mil millones de pesos cuando se declaró en quiebra.
“En cuatro años tenemos como 40 personas que ya han fallecido, gente que está ejerciendo su derecho de recuperar el dinero a través de cuestiones testamentarias, de poderes, etcétera”, abundó.
González Santillana detalló que desde 2011 “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo una serie de observaciones, que amén de haber sido solventadas, fueron incrementándose y subiendo de tono”.
Incluso, apuntó, “una de las últimas auditorías califica a la sociedad financiera Ficrea como de alto riesgo para el ahorro o para los usuarios financieros”.
Sin embargo, señaló que tanto la CNBV como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no hicieron nada.
“Simplemente se quedaron callados, lo que origina que se continúen los ahorros y operaciones, y finalmente, haya este quebranto”, subrayó.
Al respecto, el exprocurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, comentó que quizá en el caso de Ficrea ya se le ha pagado a algunos de los afectados, pero el problema es mayor, “porque otro de los grandes mitos que nos vendieron los tecnócratas fue el tema de regulación financiera, que lo único que hizo fue formalizar y crear un sistema financiero paralelo, ajeno completamente a la intervención directa e intervención de las autoridades, que hoy representa casi cerca de 4 mil empresas, que operan bajo diferentes esquemas y nombres, de las cuales, casi el 70 por ciento están quebradas“.
Reyes Orona y Fernando González Santillana coincidieron en que llama la atención que entre los afectados hubiera funcionarios públicos, como la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos.
“Se encuentra el propio gobierno de Chihuahua, el municipio de Naucalpan y de Tlalnepantla”, agregó el interventor.
A continuación la entrevista con Fernando González:
