Al menos nueve manifestantes, incluidos dos menores, murieron este miércoles a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad para dispersar las protestas contra la junta militar en Myanmar (antigua Birmania), según los testimonios de testigos a Efe y medios locales. Las víctimas mortales incluyen a cinco manifestantes en la ciudad de Monywa, dos en Mandalay, uno en MyinGyan y otro en Yangón, en una nueva jornada sangrienta de protestas en las que han muerto más de una treintena de personas desde el golpe militar del pasado 1 de febrero.
Además de munición real, las autoridades birmanas volvieron a reprimir este miércoles las protestas con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras; sin embargo, una vez se calma la situación, los manifestantes regresan una y otra vez a las calles para proseguir con la protesta.
Los manifestantes exigen al ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, restablecer la democracia, reconocer los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, incluida la líder de facto depuesta, Aung San Suu Kyi.
La oficina de Derechos Humanos denunció que solo el domingo perdieron la vida 18 manifestantes, mientras que la cifra de detenidos desde el golpe de Estado supera ya los 1.200, entre ellos Suu Kyi y el expresidente Win Mynt, según un recuento publicado por el portal The Irrawaddy.
La crisis birmana protagonizó el martes una reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que concluyó con un tímido y generalizado llamamiento a la estabilidad, y también está previsto que el asunto sea tratado por el Consejo de Seguridad de la ONU, previsiblemente el viernes y a puerta cerrada, según la agencia DPA.
El ejército birmano justificó la toma del poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño y en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
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