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Alberto Rodríguez pide a Batet que le restituya el acta de diputado tras haber finalizado su condena


Alberto Rodríguez quiere recuperar su escaño. Cuando parecía que la batalla que libró con el Congreso y que terminó con su abandono de la política institucional quedaba atrás, el exdiputado de Unidas Podemos solicitó este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la restitución del acta de parlamentario una vez finalizada su condena. Fuentes oficiales de la Cámara indican que la petición será rechazada. El Tribunal Supremo impuso a Rodríguez el pasado 7 de octubre una pena de 45 días de cárcel (sustituida por una multa) e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo por haberle dado una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna en 2014. Días después y en medio de una fuerte polémica por la interpretación de la condena, la presidenta de la Cámara baja decidió retirarle el escaño, que hasta la fecha permanece vacío al no haber sido asumido por ninguno de los siguientes candidatos en la lista.

Según ha hecho público el exdiputado en un comunicado, el pasado 23 de diciembre el Supremo comunicó a Rodríguez (tras una consulta de este) que su condena había finalizado el día 5 de este mes. Lo hizo “con 20 días de retraso y justo antes de Nochebuena”, señala el exsecretario de Organización de Podemos. Como consecuencia de esa notificación, el diputado canario ha enviado un escrito a Batet solicitando la “restitución inmediata en su escaño”.

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En su comunicación a la presidenta del Congreso, Rodríguez señala que tanto la Junta Electoral Central (JEC) como el Tribunal Supremo, “que algo tenían que decir y resolver sobre la condena” han determinado, “de una parte, en qué consistía dicha pena y sus efectos, y de otra, que la misma ha quedado ya extinguida”. El exparlamentario insiste en que se trata de una sentencia “injustamente impuesta” y le dice a Batet que teniendo presente la finalización de la condena, así como “la inexistencia de norma legal o constitucional alguna” que “habilite” a la presidenta a “privarle” del cargo, “tenga a bien, sin demoras”, restituirle el escaño.

Fuentes de la presidencia del Congreso confirmaron que han recibido el registro del escrito del exdiputado, pero adelantan que su petición será rechazada. Argumentan que la pérdida del escaño que va aparejada a la pena principal, la de cárcel, sigue vigente. Y añaden que, una vez retirada el acta no se puede devolver, puesto que la JEC ya ha expedido la del siguiente de la lista (aunque no haya tomado posesión).

Según han confirmado fuentes de la defensa de Rodríguez, que lleva el despacho de Gonzalo Boye —el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont—, el exdiputado acudirá en amparo al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo y también contra la decisión de Batet de despojarle del escaño. En este último caso, el recurso podría presentarse la próxima semana. La estrategia sería elevar el amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo cual es necesario agotar antes todas las vías judiciales previas.

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La retirada del acta a Rodríguez el 22 de octubre desencadenó un terremoto político dentro de la coalición de Gobierno, con Unidas Podemos anunciando en caliente una querella contra la presidenta del Congreso que finalmente el propio Rodríguez renunció a presentar. La decisión de Batet llegaba después de días de incertidumbre sobre cómo proceder tras la condena. Un primer informe de los letrados de la Cámara interpretaba que la sentencia no comportaba privarle de su condición de diputado, ya que la “inhabilitación especial por pérdida del derecho al sufragio pasivo” estaba asociada a la de cárcel y esta a su vez había sido sustituida por la multa. El Supremo replicó a esta interpretación en un primer escrito, en el que tampoco pedía expresamente que se quitase el escaño a Rodríguez y solo se refería a su inhabilitación. Batet decidió entonces dirigirse al tribunal para pedirle aclaraciones y en la respuesta remitida por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el magistrado afirmaba que su función no era la de “asesorar” a otros órganos, pero le advertía de que tenía que inhabilitar a Rodríguez.

Tras la retirada del acta, además de la querella, Podemos pidió la dimisión de Batet dos días después. En medio de todo el culebrón y en pleno fin de semana, Rodríguez había vuelto a Canarias y al aterrizar en el aeropuerto anunció que abandonaba Podemos, una decisión que sorprendió a la dirección del partido. El exdirigente afirmaba además que había comprobado los “límites” de la política practicada en Madrid. Ya en noviembre y en una entrevista en La Sexta, el exdiputado cargó contra la formación al señalar que “podría haber hecho mucho más” por él.

En declaraciones a EL PAÍS este miércoles, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre si el exdiputado tiene derecho a recuperar el escaño. “No soy la jurista ni la letrada que lleva ese asunto. Desconozco el expediente en concreto y, por tanto, soy prudente”, ha manifestado Díaz, quien, sin embargo, ha reiterado que “Alberto Rodríguez, como cualquier ciudadano, debe defender sus derechos” .

Más de dos meses después, su escaño continúa vacío en el Congreso. La organización en el archipiélago pedía hasta ahora “respeto a los tiempos” de los candidatos a reemplazarlo, sin que públicamente se haya trasladado aún una decisión al respecto. La petición de restitución del escaño aporta una nueva perspectiva y abre otros interrogantes.

Con información de Óscar López-Fonseca.


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