Alemania ha aprendido la lección del caso de Gerhard Schröder, excanciller germano convertido en lobbista de Vladímir Putin en la Unión Europea y un político que ha cobrado decenas de miles de euros durante años como consejero de empresas controladas por el Kremlin. Ahora, Berlín busca que el nuevo paquete de sanciones que la UE debate imponer a Rusia por su agresión a Ucrania incluya un punto que prohíba a los ciudadanos de los Veintisiete desempeñar puestos en el imperio económico de Putin, según un borrador de propuesta del Ejecutivo alemán al que ha tenido acceso . Ofrecer puestos bien remunerados en los órganos de gobierno de las empresas estatales a partidarios políticos en los Estados miembros de la UE ha sido durante mucho tiempo un elemento importante de los esfuerzos del Ejecutivo ruso para obtener una “influencia indebida” en los Estados miembros, dice el texto alemán, que habla de poner fin a “los intentos de corrupción estratégica” con la nueva medida.
El borrador de la propuesta del Gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz, que pronto discutirán los representantes de los Veintisiete, propone un periodo de transición de tres meses para poner en marcha el veto y plantea que solo afecte a las empresas con sede en Rusia y no a sus filiales fuera; varias de ellas tienen ramas en Alemania, como Gazprom, que Berlín evalúa ahora nacionalizar por la crisis energética desencadenada por la guerra de Putin. Scholz y su partido han recibido críticas por sus iniciales reacciones templadas frente a Rusia, y se han visto salpicados por el caso del excanciller socialdemócrata Schröder, que ha tenido que ir abandonando poco a poco sus puestos en las empresas del Kremlin, pero que en agosto pasó unos días vacaciones en Moscú, desde donde volvió a afirmar que Rusia busca una “solución negociada al conflicto” y que Alemania “no hace suficiente” para poner fin a la guerra lanzada unilateralmente por Vladímir Putin y que ha cumplido ya siete meses. Y sin un final a la vista.
Tras la nueva escalada contra Ucrania de Putin, que ha ordenado movilizar a decenas de miles de hombres para enviarlos al frente y que está a un paso de anexionarse ilegalmente cuatro regiones ucranias parcial o totalmente ocupadas por las tropas rusas con la celebración de pseudo referendos, los Veintisiete acordaron imponer un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Ahora se debate su contenido. Hay cierto consenso en incluir un límite de precio al petróleo ruso, en línea con la medida aprobada por el G-7, y en sumar más nombres del círculo del Kremlin y relacionados con la invasión al listado de personas que han visto vetada su entrada en suelo comunitario y sus activos congelados.
También hay propuestas que van un paso más allá, como la alemana. O con contenido más duro, como la de los países bálticos y Polonia, que se han unido en uno de los frentes más férreos contra la Rusia de Putin y exigen que se expulse a más bancos de la red de mensajería Swift —un instrumento clave para las relaciones económicas internacionales— y que quieren apuntar a las industrias de nuevas tecnologías y seguridad cibernética —piden la prohibición en la UE de Kaspersky Lab, por ejemplo—, según la propuesta a la que ha tenido acceso .
Pese a la escalada de Putin y sus amenazas nucleares contra Occidente, no será sencillo sacar este nuevo paquete de sanciones adelante. Hay algunas resistencias de Chipre y Grecia, según fuentes de la Comisión Europea. Y grandes recelos de Hungría. De hecho, el primer ministro ultraconservador Víktor Orbán, cercano a Putin, que ha cargado contra las sanciones asegurando, sin pruebas, que no funcionan contra Rusia, sino contra la UE, quiere lanzar una consulta popular sobre ellas a la ciudadanía húngara. Los analistas prevén que aproveche la oportunidad, como ha hecho otras veces con consultas similares, para realizar una campaña de propaganda masiva y luego afirmar su retórica.
Mientras se debate el nuevo paquete de sanciones, se ahonda cierta división entre los Estados miembros sobre cómo acoger a los rusos que huyen del reclutamiento forzoso de Putin, que ha elevado las penas de prisión a quienes no cumplan y a quienes se entreguen y deserten. Mientras Alemania ha asegurado que acogería a los que se están enfrentando así al régimen de Putin, los países bálticos están blindando su frontera a los rusos y después de cerrarla a quienes tienen visados Schengen, aseguran que no entregarán visados humanitarios a quienes busquen asilo, contraviniendo la legislación europea, como ha recordado esta semana la Comisión Europea.
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Bruselas no quiere que la llegada de asilados (una posibilidad aún pequeña, ya que la mayoría de quienes tratan de salir por carretera lo hacen a través de Georgia, Kazajistán o Moldavia, a sabiendas de la dificultad de ser aceptados a través de los bálticos y Finlandia) cause una fractura en la unidad que los Veintisiete han tenido frente a Rusia y en apoyo a Ucrania. Por eso, ha convocado una reunión de representantes de los Estados miembros el lunes en el marco de la llamada Respuesta Política Integrada a las Crisis (IPCR) de la UE, que se empleó durante la pandemia.
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