Desde que se marchó al exilio, Alexánder Cherkasov (Moscú, 56 años) solo lleva una maleta, algo de ropa y la memoria a cuestas de los “crímenes de guerra” cometidos por su país. “Irme no fue una decisión personal”, sugiere en francés el también presidente de la fundación Memorial, la organización que ganó el último Premio Nobel de la Paz junto al Centro para las Libertades Civiles ucranio y el director de la ONG bielorrusa Viasná, Ales Bialiatski, encarcelado en 2021 por las autoridades del régimen de Aleksandr Lukashenko. “Fue una decisión colectiva”, continúa, con voz grave, durante una conversación con este diario el domingo en un céntrico hotel de Barcelona, en la que también participaron Oleksandra Romantsova y Natalia Satsunkevich, representantes de los otros dos galardonados. Este lunes y martes asisten a una serie de encuentros ciudadanos e institucionales en la capital catalana y en Madrid. El objetivo, aseguran, es compartir su causa por la paz y los derechos humanos.
La historia empezó a acelerarse a finales de 2021. El Kremlin había decidido “liquidar” la asociación que preside Cherkasov, ordenando su cierre, bloqueando sus cuentas, ocupando sus sedes, como la histórica del centro de Moscú. Desde su nacimiento en 1987, durante la apertura (glásnost) que impulsó el último presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, fallecido recientemente, Memorial había destacado como uno de los últimos bastiones de la conciencia rusa ante el terror. “Nosotros continuamos la tradición de la disidencia soviética”, desliza Cherkasov, que junto a sus compañeros han investigado crímenes del estalinismo como las purgas; o los estragos de las dos guerras de Chechenia (1994-96; 1999-2009) —”con entre 3.000 y 5.000 ciudadanos desaparecidos, en prisiones, torturados o ejecutados”—; así como violaciones actuales contra los derechos humanos: “La historia de la Rusia pos-soviética es una cadena de guerras, crímenes e impunidad”, crítica.
Alexander Cherkasov, presidente de la fundación Memorial, ganadora en 2022 del Premio Nobel de la Paz.
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Vuela sobre la conversación el asesinato en 2006 de Anna Politkóvskaya, el día del cumpleaños del presidente Vladimir Putin. La periodista del periódico Nóvaya Gazeta, crítica con el Kremlin, realizaba precisamente investigaciones similares sobre lo sucedido en Chechenia. El director de esta publicación, Dimitri Murátov, ganó el Nobel de la Paz en 2021, premiando así durante dos años consecutivos la lucha por las libertades en la sociedad rusa.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero de la KGB, investigaba a los integrantes de Memorial. “El mismo día de la invasión, [aquella madrugada del 24 de febrero de 2022], arrestaron a otro de mis compañeros”, agrega el activista, que prefiere no dar detalles de sus allegados por motivos de seguridad. Él está solo. “Solo yo y mi maleta”, matiza, con una sonrisa leve. También lo acompañan los documentos de sus investigaciones sobre las actuaciones del Kremlin en Chechenia o Siria, un trabajo que ahora continúa “con más intensidad que antes”. Otros compañeros suyos también tuvieron que abandonar Rusia; sobre todo aquellos “más amenazados”, los que investigan la situación de prisioneros políticos. Juntos tomaron la decisión de exiliarse. “Habían comenzado a buscarme, querían interrogarme”, recuerda Cherkasov, “como era el presidente de nuestra asociación, mi nombre estaba en el documento de liquidación: se decidió que debía irme del país”. Hace unos meses se instaló en París.
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“Cada día, cuando despiertas, no sabes si ese sonido es una alarma antiaérea o solamente el reloj”. Es la voz afilada de Oleksandra Romantsova (Mikolaiv, Ucrania, 37 años), una economista que trabajaba en el sector bancario hasta que dejó todo para unirse a la ONG Centro para las Libertades Civiles (CLC), centrada desde 2007 en el desarrollo de la democracia en Ucrania. Esto, sin embargo, hasta 2014, cuando todo cambió. “En mi profesión pude ver cómo el sistema criminal del [expresidente Víctor] Yanukóvich destruía el futuro de la gente, su trabajo”. Ese año tuvo lugar la revolución proeuropea del Maidán, en la que participó Romantsova, ahora directora ejecutiva de CLC. El levantamiento acabó con el Gobierno de Yanukóvich, que escapó a Rusia.
Oleksandra Romantsova, miembro de la ONG Centro para las Libertades Civiles (CLC).Albert Garcia
También fue el año de la anexión rusa de Crimea y el comienzo del conflicto en el Donbás, lo que promovió que la CLC comenzara a documentar crímenes de guerra. “Había descubierto que las organizaciones de derechos humanos eran las que podían hacernos una mejor sociedad”, sugiere. Esta labor ocupa ahora gran parte de los esfuerzos de la organización, cuyo objetivo es registrar pruebas para que un hipotético tribunal internacional juzgue los crímenes rusos durante la invasión. El proyecto se denomina Tribunal para Putin.
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Hace unos meses, la ONU comenzó a investigar acusaciones contra las Fuerzas Armadas ucranias por el posible asesinato de 10 soldados rusos. ¿También han recibido casos de potenciales crímenes de guerra llevados a cabo por el ejército ucranio? Romantsova responde: “Ahora tenemos 30.000 casos en nuestra base de datos, el Gobierno [ucranio] documenta 72.000. Si existe algún soldado que comete un acto ilegal —dos veces hemos encontrado esa posibilidad— se abre un juicio criminal, las autoridades reaccionan. Nosotros documentamos absolutamente todo. Pero es importante entender la proporción de los casos. Desde 2015 se encontraron una o dos tropas que torturaron a personas cuando las tomaron prisioneras. Y fueron puestos en prisión”.
Este lunes y martes los representantes de los tres premios Nobel visitan Barcelona y Madrid en una apretada agenda con autoridades institucionales, actos organizados por diferentes asociaciones dedicadas a la promoción de la paz. Estas actividades, como la que tendrá lugar en la Casa Encendida en Madrid (este martes a las 18.00 horas) tratarán de los retos para la paz en medio de la evolución de los conflictos armados, la resistencia bajo regímenes autoritarios o la situación actual de los derechos humanos tras la irrupción de la guerra en Ucrania.
“Mi objetivo es volver a Bielorrusia”
Natalia Satsunkevich (Minsk, 34 años) fue de vacaciones a Egipto en enero de 2021 y nunca pudo volver a casa. Recibió una llamada: le dijeron que algunos de sus compañeros de la ONG bielorrusa Viasná estaban siendo encarcelados. El director de la organización, Ales Bialiatski, distinguido junto a las dos organizaciones mencionadas con el último Nobel de la Paz, fue tomado preso poco después, a mediados de ese año. Son centenares los prisioneros políticos del régimen de Aleksandr Lukashenko, especialmente desde las elecciones fraudulentas de 2020. Aún se detienen manifestantes. “Decidimos que era mejor no volver”, comenta en inglés Satsunkevich. Desde entonces se instaló en la capital de Lituania, en Vilnius, donde continúa con el trabajo de la organización desde el exilio, orientado principalmente en la defensa de los derechos humanos y en la liberación de los prisioneros políticos.
Desde entonces, confiesa, ha tenido “muchas dificultades psicológicas”. Al estar lejos de su familia, de su casa, su principal ocupación ha sido centrarse en el trabajo. “Pero creo que fue la decisión correcta, porque me imputan los mismos cargos que Aleis y otros colegas. Mi nombre fue mencionado durante un juicio, han registrado mi departamento, han confiscado mis pertenencias…”, enumera. Al final de la conversación este domingo, Satsunkevich confiesa mantenerse optimista. Su motivación personal y social confluyen: “Mi objetivo es volver a Bielorrusia. Pero solo puedo volver si los cambios democráticos son reales, con respeto a los derechos humanos”.
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