Por Estrella Pedroza.
La casa de los activistas Miryam Vargas Teutle y Juan Carlos Flores Solís, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDTA), organización fundada en resistencia al Proyecto Integral Morelos (PIM) y la defensa del territorio indígena, fue allanada, informó la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTyT).
Miryam, además de ser integrante del FPDTA, es comunicadora comunitaria y Juan Carlos ha sido abogado en diversos movimientos de resistencia a megaproyectos, principalmente en Puebla y Morelos.
La intromisión a su vivienda, situada en Puebla, ocurrió este miércoles 5 de abril, confirmó en entrevista Flores Solís.
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“Al ingresar a nuestro hogar, nos percatamos que la puerta estaba abierta y que habían roto la malla ciclónica que delimita nuestro terreno. Quebraron el candado de nuestra casa, al entrar vimos que estaba abierta la puerta de nuestro cuarto y que habían revisado los cajones y algunas cosas personales”, dijo.
El activista detalló que “se llevaron una pantalla, y dejaron cosas con más valor. Se llevaron documentos relevantes para la documentación que ha realizado a lo largo de la lucha contra el PIM”.
Además, los agresores dejaron un cuchillo y en la habitación dejaron una pala con la que podaron un árbol “que fue plantado en el patio, como un acto conmemorativo a los dos meses de la muerte de Samir”.
Samir Flores.
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Para Flores, el allanamiento es una intimidación y amenaza por el activismo que realizan.
Lo observamos como actos de intimidación y amenaza hacia nuestra labor de defensa del territorio.
El también abogado consideró que desde el inicio de este 2023 se ha perfilado “una nueva embestida, un nuevo intento de concluir el Proyecto Integral Morelos que es interés del presidente de la República, que si bien el acueducto lo terminaron, el proyecto no ha podido funcionar, siguen las protestas, está el plantón de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), los amparos que derivaron en suspensión”, afirmó.
Algunos aspectos “que llaman poderosamente la atención es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Cuahutémoc Blanco y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se reunieron con Rogelio Plasencia, presidente de ASURCO, y días después hubo un asesinato que golpeó a la resistencia en defensa del agua que han emprendido los ejidatarios.
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En febrero de 2019, cuando apenas iniciaba este sexenio, el PIM, según denunció el FPDTA, cobró la vida de Samir Flores Soberanes, un indígena de origen náhuatl que era uno de los principales opositores al proyecto que consiste un gasoducto que cruza por Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos para conectar a la termoeléctrica de Huexca y enlazar a un acueducto que sale de Ciudad Ayala para llevara agua a Yecapixtla.
En febrero de este 2020, Francisco Vázquez, defensor del agua en el oriente de Morelos e integrante de un grupo de ejidatarios que se oponen a la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca, también fue asesinado.
Francisco Vázquez.
Niegan acceso al Mecanismo de Protección a defendores de derechos
Juan Carlos denunció que desde hace tres años le han negado el acceso al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Después el asesinato de Samir (Flores Soberanes) en 2019, surgió un fuerte rumor de que otras siete personas serían asesinadas, entre las cuales yo me encontraba, entonces fue que ingresaron tanto la comunidad de Amilcingo al Mecanismo como la Radio Comunitaria, diversos compañeros del frente, entre ellos se acordó que yo”.
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Sin embargo, en esa ocasión indicó, “me dijeron que por mi condición de estar en movimientos de diversos estados, y como era abogado de diversas causas, mi caso era especial y lo tenían que analizar más. Eso nunca ocurrió“.
En noviembre de 2020, en el marco del desalojo del plantón de Apatlaco -donde se estableció la resistencia contra el acueducto- y un día antes de la marcha en protesta al citado desalojo, hubo una nueva reunión con integrantes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De nueva cuenta se llenó el formato de ingreso.
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Posteriormente, “la encargada de ingresos del Mecanismo me notificó que ya estaba mi ingreso y no hubo mayor análisis”.
Sin embargo, señaló, a tres años del primer intento y dos del segundo intento de ingresar al Mecanismo,”este miércoles se me notificó que no estoy dentro y se me ofrece una evaluación de manera individual y sin los antecedentes de todo lo que ha ocurrido, lo cual me parece una omisión delicada”.
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