El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha embestido, una vez más, contra el sistema de justicia transicional surgido de la negociación de paz con la extinta guerrilla de las FARC. “Debemos insistir en la derogatoria de la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz] y en la reforma de los acuerdos de La Habana, salvando el respeto y apoyo a los reinsertados de buena fe”, señaló el también exsenador este lunes en su primera declaración luego de que este fin de semana la justicia ordenara su libertad tras de más de dos meses de arresto domiciliario.
“He meditado mucho sobre las consecuencias del sistema judicial que heredamos del Gobierno anterior”, apuntó el exmandatario, que seguirá siendo investigado en libertad por un caso de manipulación de testigos. “Ese conjunto normativo vinculado a la JEP, consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores”, señaló al retomar sus banderas de férrea oposición al pacto sellado a finales de 2016, un acuerdo arduamente negociado que permitió el desarme de unos 13.000 miembros de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy convertidas en un partido político con diez escaños en el Congreso.
El presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe, ya se había propuesto en 2019 modificar la JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos, con una serie de objeciones que sufrieron una estruendosa derrota en el Congreso. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Los ataques a la justicia transicional han sido una bandera para el Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Uribe, cuyos sectores más intransigentes han insistido en hacer trizas el pacto.
Uribe comenzó su declaración en vídeo, retransmitida por sus redes sociales desde su finca de El Ubérrimo, con una mención a sus abogados, a los ciudadanos que le han manifestado su solidaridad y a aquellos que lo han “rodeado con su fe religiosa”. También agradeció el respaldo de otros dignatarios, especialmente el expresidente español José María Aznar y el estadounidense Donald Trump. El mandatario republicano, que corteja el voto latino más conservador en su campaña por la reelección, reaccionó el sábado a la noticia de su libertad con una serie de mensajes en Twitter en los que calificó a Uribe de “héroe” e hizo referencias al “castrochavismo”, un término utilizado por el uribismo para atacar el acuerdo de paz.
El exmandatario aseguró que tanto él como su familia “han sido sometidos al mayor escrutinio político y judicial del país” y enfatizó que “mantendrá la lucha por su honorabilidad”, como ha afirmado insistentemente desde su detención domiciliaria. “Consideraron mi temperamento para encarcelarme. Claro, mi temperamento controversial, altivo, con el cual he trabajado por Colombia”, declaró. En tono de campaña, abordó una treintena de puntos en los que combinó su defensa en el expediente que lo señala de los presuntos de delitos de soborno y fraude procesal, con diversos planteamientos políticos de corte populista que serían incluidos en un referendo.
“Avancemos en iniciativas de progreso social y económico que sean la alternativa al riesgo socialista, que pretende replicar el fracaso de Venezuela y Nicaragua y que tiende mantos de incertidumbre sobre otros países de la región”, señaló en uno de los mensajes que ha convertido en un leitmotiv desde los tiempos en que el plebiscito sobre los acuerdos polarizó a la sociedad colombiana. “Ojo con el 22”, cerró su discurso en alusión al año de las próximas elecciones presidenciales.
El caso por el que Uribe es investigado se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas para relacionarlo con actividades de grupos paramilitares. El proceso dio un brusco giro hace más de dos años cuando el alto tribunal absolvió a Cepeda y pidió en su lugar investigar a Uribe bajo la sospecha de que fueron él y sus abogados los que manipularon testigos. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se conformó un bloque de autodefensas.
Uribe renunció en agosto a su escaño en el Senado para salir de la órbita de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los congresistas. A pesar de la decena de procesos que enfrenta en la justicia, se ha mantenido como un gran fenómeno electoral, incluso después de dejar la presidencia. Durante los dos periodos de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), se convirtió en el crítico más feroz de los diálogos de paz y protagonista permanente de la discordia que ha marcado a la sociedad colombiana. En el camino congregó a los sectores más religiosos y conservadores alrededor del Centro Democrático. Aunque sostuvo altísimos niveles de popularidad durante sus dos mandatos (2002-2010), su aceptación se ha derrumbado: un 53% de los encuestados tenía una imagen desfavorable del exmandatario, frente a un 35% favorable, en la más reciente medición de la firma Gallup.
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