Gladis viajó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para identificar el cuerpo de su esposo Noé Jiménez.
“Primero me dijeron que estaba secuestrado,luego supe que podía estar muerto y después tuve que reconocerlo. Casi me desmayé. Su rostro estaba deshecho por eso no se permitió que en el funeral se abriera el ataúd. Mis hijas, sus hijas de 17, 12, un niño de tres años y una niña de casi 20 días de nacida se quedaron huérfanas”.
“La mayor de mis hijas se desmayó por el impacto. Ninguno pudo despedirse de su padre. Estaba su cuerpo en estado de descomposición e iba a ser peor si veían cómo estaba de desfigurado”.
Así lo cuenta la esposa de Noé y exige a los gobiernos estatal y federal investiguen los hechos y hagan justicia al brutal homicidio.
Ha pasado más de una semana del secuestro, tortura y asesinato de los defensores de Derechos Humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez sin que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y tampoco el Gobierno Federal hayan tenido un acercamiento con las familias de las víctimas mortales.
“Estamos pidiendo de manera pública que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso porque en Chiapas hay complicidad. En un primer momento el gobierno de Rutilio Escandón desconoció a los desaparecidos y habló de un ‘saldo blanco’. Se pidió a la policía que ayudarán a buscarlos y se rieron. Y ya que se encuentran los cuerpos ya dicen que ‘no habrá impunidad’, pero no hay acercamiento ni a los dolientes ni al Movimiento, no hay acciones contundentes. Por ahora hay total impunidad”, declaró durante una entrevista el vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI – CNPA MN), Eric Bautista Gómez.
Actualmente en Amatán, Chiapas, donde se perpetró un ataque paramilitar el pasado 17 de enero, elementos de la policía estatal y el Ejército se encuentran resguardando el Palacio Municipal y la Casa Ejidal. “Lejos de darnos tranquilidad, tememos que nos ataquen”, comentó Bautista Gómez y añade:
“No podemos sentir paz si los policías que resguardaron a los paramilitares el día del ataque son los que están dentro del pueblo y se burlan de la gente. Y los elementos municipales llegan a comer a la casa del jefe de los paramilitares, Isidro Chávez. Nos mataron a nuestros compañeros y viven en la total impunidad”.
El vocero del Movimiento explicó que Isidro Chávez fue secretario de Seguridad Pública en el trienio pasado, estando al frente del Ayuntamiento Wilber Carpio Mayorga (PRI-PVEM), hermano del actual edil Manuel de Jesús Carpio Mayorga (Morena).
“La gente comenzó a denunciar públicamente que Chávez permitía la venta de droga, después hubo más denuncias señalando que en las patrullas se trasladaba indocumentados y además distribuían la droga. Esto se ha venido señalando desde hace ya más de cuatro años”.
“Chávez formó y dirigió una escolta personal del entonces edil con gente de otra región llamada Pueblo Nuevo Solistahuacan, de donde provienen grupos paramilitares. Eran aproximadamente 10 civiles armados quienes lo rodeaban. Se sabe, que en ese periodo de gobierno el negocio de la droga creció y se controló mediante grupos armados. Por ese se le ha señalado a él”, declaró Bautista.
A esto sumó que después del reciente ataque, los paramilitares que permanecen en el pueblo intentan provocar a sus compañeros. “Lo hacen porque tienen de su lado a la policía. Se sienten con poder”.
El ataque de paramilitares
El 17 de enero pasado, aproximadamente a las dos de la madrugada, se perpetró un ataque paramilitar en la comunidad de Amatán. El saldo al siguiente día se contabilizó en dos personas heridas, 50 desaparecidos, así como ocho retenidos por el grupo de hombres armados y encapuchados.
En la lista de desaparecidos estaba el líder social y defensor de Derechos Humanos Noé Jiménez Pablo, dirigente en Chiapas del MOCRI, y el activista José Santiago Gómez (de aproximadamente 30 años).
El 18 de enero ambos fueron localizados sin vida. Los cuerpos se encontraron dentro de bolsas abandonadas en el basurero municipal de Amatán. En los dos casos se presentaron heridas por arma de fuego y signos de tortura.
Bautista Gómez comentó que desde el 2002 la familia Carpio Mayorga ha gobernado en Amatán. Siendo el actual edil, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, el que ha tenido a su cargo la presidencia municipal en tres ocasiones, como abanderado del PAN, del PRI-PVEM y actualmente de Morena.
Explica el vocero:
“La gente se cansó. Comenzó a protestar por todos los años que llevan enquistados en el poder. Esto se refleja en beneficios para su familia y sus cercanos dejando desprotegido al pueblo. Además, no se han preocupado por proveer a la población de servicios básicos como electricidad y agua.
“Pero lo peor de todo es que mientras el actual edil se enriquecía, la delincuencia común y la organizada iban en aumento. Lo que generó un rompimiento del tejido social y la gente harta de esta situación decide hacer frente a estos caciques y se forma el Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, integrado por más de 70 comunidades, comisariados ejidales y barrios de la cabecera municipal”, explicó el vocero.
Se demanda la destitución de Carpio Mayorga
El objetivo de los ciudadanos organizados en dicho movimiento era la destitución de Manuel de Jesús Carpio. Bautista Gómez mencionó que se sostuvieron mesas de diálogo con el gobierno de Velasco Coello y con el que actualmente encabeza Rutilio Escandón, pero no se dio la atención correcta. “Por el contrario, mientras el Movimiento crecía, las amenazas también iban en aumento”.
Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban alertó a las autoridades federales y del estado de Chiapas sobre la situación agravada que hasta ahora impera en el municipio de Amatán, Chiapas.
Ello ha provocado que comunidades rurales e indígenas, activistas y organizaciones sociales se encuentren en riesgo, como consecuencia de la confrontación social que se incrementó desde el pasado proceso electoral y hasta ese jueves, de acuerdo con lo señalado por activistas.
El ataque paramilitar fue condenado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC., así como el asesinato de los dos activistas. La organización indicó que fue un grupo armado presuntamente vinculado con los hermanos Carpio Mayorga, caciques del municipio, quienes atacaron el plantón que se encontraba en la presidencia municipal.
Según información proporcionada por pobladores de Amatán, “desde hace cinco meses se mantenían en plantón frente al palacio municipal para denunciar abusos del ayuntamiento, el uso de grupos armados, el saqueo de las arcas municipales, así como los vínculos con la delincuencia organizada por parte del Ayuntamiento”, denunció Frayba.
Ese mismo Centro de Derechos Humanos informó que Amatán es un paso estratégico de trasiego de droga y armas. Por su frontera con Tabasco, es un corredor conformado por los municipios de Bochil, Simojovel, Pueblo Nuevo y Huitiupán, en donde los grupos armados están vinculados a caciques del lugar, que a su vez se encuentran ligados o protegidos por las autoridades municipales y policías, para el control económico y político de la región.
Durante 2018, la población denunciante padeció agresiones, entre éstas, mencionó Bautista Gómez, hubo miembros del Movimiento a quienes les dispararon con armas de fuego o hirieron con machetes y otros recibieron golpizas pero el máximo ataque, se perpetró el 22 de noviembre pasado con el asesinado del activista Carlos Mayorga.
Pese al homicidio tampoco hubo respuestas en las mesas de diálogo, por lo que la población decidió crear un Consejo Indígena Popular para que fuera el que gobernara y el 30 de noviembre pasado desconocieron al edil de Amatán.
“Desde que se da el cambio de gobierno municipal -el 1 de octubre- Manuel de Jesús no había ido a trabajar al municipio porque sabía que existía resistencia de las comunidades. Se mantuvo un plantón en el Ayuntamiento y en ocasiones se detonaban armas de fuego para asustar a los compañeros”.
“Aún así, el Movimiento se fue fortaleciendo y tomando mayor identidad, lo que desembocó en que el jueves 17 de enero un grupo paramilitar de poco más de 200 elementos encapuchados entraron con violencia al municipio y comenzaron a disparar contra los compañeros”, comentó Eric Bautista.
Reseñó que aquella madrugada la gente corrió a esconderse en distintas direcciones e incluso huyeron al monte para salvar sus vidas. Entre los que intentaban escapar a las balas estaba Noé a quien cuatro hombres se le acercaron directamente y le dispararon, algunos quisieron acercarse a ayudarlo pero los amenazaron.
Cerca de él se encontraba José Santiago Gómez, quien también fue herido a balazos y capturado. Al día siguiente los dos aparecieron muertos. Eric Bautista Gómez mencionó que de acuerdo a los primeros reportes, ambos fueron torturados con armas punzo cortantes después de dispararles y finalmente rociaron en su rostro ácido que provocó que quedaran totalmente desfigurados.
El grupo paramilitar tuvo el control más de 14 horas
El vocero señaló que aquella madrugada de inmediato informaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos de los ataques pero no se obtuvo respuesta. El llamado de auxilió se dio porque el 10 de diciembre del año pasado, 31 de sus compañeros fueron incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Durante más de 14 horas el grupo paramilitar tuvo el control de la población, reteniendo a ocho personas, mientras 50 permanecían desaparecidas, incluidos los dos activistas que después asesinaron.
Renán Ruiz Gómez, es chofer de un carro de volteo y aquella madrugada, aproximadamente a las tres horas fue sorprendido mientras descansaba dentro del vehículo, que estaba estacionado a un costado de la Presidencia Municipal.
Un grupo de hombres lo bajó violentamente de la unidad para después golpearlo y arrastrarlo hasta el interior de las oficinas de la Presidencia. “Había un grupo como de 100 personas, iban encapuchados, con armas grandes y escuadras, vestidos todos de negro con porte policíaco, haciendo detonaciones. Ahí hubo heridos”.
El conductor narró que al entrar en el Ayuntamiento lo aventaron sobre charcos de sangre. Ahí, señala en su relato, lo golpearon y amenazaron de muerte. Después le cubrieron los ojos con la camisa que llevaba puesta. Posteriormente, señala, limpiaron la sangre esparciendo agua.
“También me amarraron con cinta canela, como vieron que me quería zafar fueron a golpearme nuevamente y me estrellaron contra la banqueta, y me amarraron con lía (lazo). Decían que me tenían secuestrado que me iban a matar, o que si vivía me iba a llevar al Penal del Amate”, lo cual para la población indica una posibilidad que no era un grupo paramilitar sino policías infiltrados.
Mencionó que el primer grupo que ingresó con armas largas estuvo en el poblado hasta aproximadamente las seis de la mañana y se retiró en cuanto salió el sol. En ese momento llegó un segundo grupo. “La característica de ellos es que era gente distinta a los campesinos, llevaban manga larga, con algunas armas tipo pistola y también portaban machetes, tubos y varillas”.
Renán también dijo que estuvo retenido con una mujer, quien se llama Amanda Méndez Castellanos, que participaba como cocinera en el plantón del movimiento. “Ella estuvo amarrada con una toalla en su cabeza para que no viera”.
Recordó que en una oportunidad le preguntó si sabía a cuántas personas más habían detenido. Ella dijo que como a unas 25 personas. Pero al interior de la Presidencia en el lugar donde estaban al parecer solo estaban los dos.
Renán comentó que el segundo grupo lo amarró a una silla y pasado el medio día lo dejaron ir, pero antes lo amenazaron. “A ella y a mí nos dijeron que no debíamos hablar de lo que ahí nos pasó. Nos pidieron datos personales, nos tomaron fotos, nos robaron todas nuestras pertinencias. Nos quitaron las identificaciones, así como lo que encontraron en el camión”.
Primero liberaron a la señora Amanda, antes la amenazaron de muerte. Renán señala que para esa hora ya había más detenidos. “Me permitieron irme con el carro de volteo, pero tuve que encenderlo de manera directa porque no tenía la llave. Pasé a tirar la carga que tenía y me dirigí a la salida de Amatán por el rumbo que va a Tabasco. Ahí los paramilitares tenían un retén donde había como unas 150 personas, también algunos con armas de fuego, machetes, palos y varillas entre hombres y mujeres, ahí me volvieron a parar para interrogarme”.
A Renán lo dejaron ir, posteriormente pudo llegar a Tabasco aproximadamente a las cuatro de la tarde, donde hasta el lunes 20 de enero se encontraba en recuperación por las lesiones que sufrió.
Cuatro ataques simultáneos
De acuerdo con la información proporcionada a esta reportera, en el transcurso de la madrugada quemaron tres vehículos que pertenecían al movimiento y que estaban estacionados frente al Ayuntamiento.
Eric Bautista narra que aquel jueves hubo cuatro ataques simultáneos. “Existen evidencias que un primer grupo de paramilitares salió de casa del ex presidente municipal Wilber Carpio Mayorga y por eso atacaron primero al Ayuntamiento y después tres puntos más.
Sin ayuda de las autoridades, el pueblo encontró los cuerpos de los activistas.
“Después de los ataques, el pueblo desesperado por no tener la ayuda de ninguna autoridad, formó brigadas de búsqueda es así como poco a poco se fue localizando a los 48 compañeros desaparecidos y también se encontraron los cuerpos de los activistas. Finalmente llegó la policía estatal solamente para resguardar al presidente (que es un cacique ahora de Morena) y no a la población”, comentó Eric Bautista.
El activista también dijo que fue la misma población que al encontrar los dos cuerpos en bolsas, acordonó la zona para resguardarlos y que nadie pudiera llevárselos.
“Después llegó la misma policía y quiso levantarlos sin ningún procedimiento forense; pasaron varias horas y hasta las seis de la tarde del 18 de enero pasado se logró hacer el reconocimiento de las víctimas mortales. Pero fue a penas hasta este sábado 19 que se pudo sacar del sitio los cadáveres por las condiciones en que se encontraban”, narró. Finalmente los funerales de los activistas se llevaron a cabo el lunes 21 de enero.
Bautista Gómez señaló que por la mañana del mismo 17 de enero dieron a conocer los hechos y presentaron evidencias en una rueda de prensa, “acusamos a los paramilitares de la violencia y responsabilizamos al estado pero por la tarde el gobierno estatal negó que se hubiera cometido una agresión. Dijeron que la policía había retomado el control del municipio, que había existido un enfrentamiento entre población y el Mocri.
“Horas más tarde aparecieron los compañeros asesinados y fue la evidencia que sí se había perpetrado un ataque, que las autoridades estatales lo sabían y que también hubo elementos policíacos desde las primeras horas de la violencia”.
El vocero señaló que el primer informe indica que estando heridos de bala a los dos activistas los torturaron “por varias horas” y posteriormente los quemaron con alguna sustancia, posiblemente para que no los reconocieran.
“Estás ejecuciones extrajudiciales son por motivo de la defensa de los derechos humanos, económicos y políticos que ellos encabezaron. Fueron asesinados por ser parte de un Movimiento de la población que está cansada del cacicazgo y del crimen que ha ido en aumento”.
Reproche a Morena y a su presidenta
Reiteró que en el caso de Noé Jiménez fue un operativo específico. Donde cuatro personas fueron directamente por él. “Él era un líder histórico, siendo uno de los fundadores de nuestra organización que lleva ya 27 años de existencia, también era parte de nuestra dirigencia nacional. El mensaje es para crear miedo al Movimiento de Amatán y desarticularlo”.
El Mocri responsabilizó a Morena por haber postulado a un personaje con antecedentes caciquiles, “que el mismo pueblo denunció”, expresó Eric Bautista. Por ahora el Movimiento busca un acercamiento con autoridades de la Secretaría de Gobernación.
“Por principio moral, aunque sea para dar el pésame, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, debió acercarse a las familias. Ella en una declaración que dio a un medio dijo que su partido reclutó a militancia de otros partidos siempre y cuando abrazarán los principios de Morena, pero ya vimos lo que provocó el edil que abanderó ese partido.
“Dijo que iba a tener una conversación con él, pero nunca dijo que buscaría a las familias de las víctimas y los sobrevivientes. Se contradice cuando reconoce que hay un rezago en la población que viene desde hace diez años, justamente el tiempo en el que ha gobernado Manuel de Jesús y familia, que son los que dice ella que abrazaron los principios de Morena. Por eso el partido por principio moral debieron lamentar los hechos públicamente porque ellos avalaron a ese candidato, ganaron el estado y el Congreso local pero por el contrario se minimiza el hecho y hasta se solapó una campaña de desprestigio en contra de Noé a quien, sin argumentos, lo calificaron como un delincuente”, expuso Bautista.
ONU y AI exigen justicia al Gobierno Federal
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció al respecto el 22 de enero pasado y condenó los asesinatos de José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo.
Puntualizando que Noé Jiménez era beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, señaló que “México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
“Sus actividades deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho. Estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla”.
La ONU-DH informó que los asesinatos de los defensores José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo se suman al del defensor Sinar Corzo, ocurrido también en enero, en Chiapas. Esto da como resultado, al menos tres defensores asesinados en 2019.
“Es preocupante que en estos casos las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos. Estas denuncias deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir,” añadió Jan Jarab.
El Representante de la ONU subrayó que el hecho de que Noé Jiménez fuera beneficiario del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Pidió que las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, sean analizadas y evaluadas.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente por los homicidios y envío un mensaje a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En el documento se señala que el Mocri, que hace campaña en favor de los derechos económicos, sociales y culturales en el altiplano de Chiapas, han denunciado corrupción y diversos problemas relacionados con el gobierno municipal, y reclaman una mejora de las condiciones de vida y los servicios públicos básicos para la comunidad.
“El 18 de enero se encontraron los cadáveres, con heridas, de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, desaparecidos desde el día del ataque. El gobierno municipal de Amatán y el gobierno estatal de Chiapas inicialmente negaron la desaparición de estos hombres”.
“La insto a iniciar de inmediato una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre estos sucesos, y a llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos; la insto también a tomar todas las medidas necesarias, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, para prevenir nuevos ataques en la comunidad y para garantizar que los miembros de Mocri pueden realizar su trabajo de derechos humanos sin temor a represalias”, puntualiza el documento.
A la exigencia de justicia se sumó la Delegación de la Unión Europea así como las Embajadas de Noruega y de Suiza. Por medio de un comunicado reiteraron su llamamiento a las Autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo una investigación expedita y transparente “con el fin de identificar y juzgar a los responsables y que no haya zonas de silencio donde ningún periodista o defensor se atreva a trabajar”.
