Amazon España va a trasladar a las empresas que venden a través de su plataforma el impuesto del 3% que gravará los ingresos por servicios digitales de las grandes tecnológicas (tasa Google). La empresa de comercio electrónico ha comunicado a los vendedores externos por correo electrónico que a partir del 1 de abril les incrementará un 3% la comisión que les cobra por la intermediación, en respuesta a la entrada en vigor del impuesto el pasado 16 de enero.
Según reza el correo que han recibido los minoristas, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EL PAÍS, “a partir del 1 de abril aumentaremos las tarifas por referencia en un 3% para los productos vendidos en España para reflejar ese impuesto adicional”. Se refiere al Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) introducido por el Gobierno español y que entró en vigor el 16 de enero.
La tarifa por referencia es la comisión que Amazon se lleva de cada producto que un minorista vende a través de su plataforma, que suele rondar el 15%. Como ejemplifica Amazon a los vendedores españoles, entre ellos 9.000 pymes, si un producto se vende a 100 euros con una tarifa de referencia del 15%, Amazon se lleva 15 euros de la venta. Con la subida, la tarifa pasará a ser del 15,45% y Amazon se llevará 15,45 euros de esa venta. Se pone la fecha del 1 de abril para dar tiempo a que el Gobierno termine la legislación secundaria sobre la tasa.
Amazon tiene dos formas de vender. Por un lado, como cualquier otro minorista, tiene su propio inventario, compra artículos y los pone en venta, llevándose la diferencia. Por otro, da entrada en su plataforma a otros minoristas, de modo que estos exponen en Amazon sus productos, lo que se llama marketplace. Amazon es un gran aglutinador de búsquedas y estar en su escaparate puede impulsar las ventas de un vendedor. A cambio de esa presencia y de otros servicios, como puede ser la logística u otros servicios digitales, Amazon cobra una comisión, la tarifa por referencia. Esa “intermediación” es la que se ve afectada por la subida, mientras que la actividad minorista de la empresa no se ve afectada.
¿Terminará trasladada esa subida a los clientes finales? Pues en unos casos sí, y en otros no. “Los pequeños no podremos trasladar esa subida, nosotros tendremos que tragárnosla”, ha afirmado a EL PAÍS un vendedor a condición de anonimato. Ha explicado que Amazon penaliza el posicionamiento de los vendedores que suben los precios. “El 90% de las ventas se realizan entre las opciones que aparecen en la primera página de búsqueda. Si subes precios, pierdes posicionamiento y pierdes ventas”, resume. El caso es distinto para grandes marcas que los usuarios buscan directamente. “Ellos podrán trasladarlo” afirma este vendedor.
Amazon se ha mostrado contrario a la tasa Google aprobada por el Gobierno español y que otros Gobiernos ya han establecido o tienen previsto hacerlo. Amazon ha instado a una “solución global” sobre esta y otras tasas a la nueva economía digital en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “para que las reglas sean consistentes en todos los países y más claras y justas para las empresas”. Pero los esfuerzos internacionales sobre estos nuevos gravámenes se atascan en los organismos internacionales, donde pesa la oposición de EE UU, de donde provienen muchas de estas multinacionales, como Amazon, Apple, Google o Facebook. La propia OCDE, que agrupa a las 36 economías más desarrolladas, tenía previsto aprobar en 2020 un diseño para una tasa sobre los servicios digitales a nivel global, pero el intento fracasó y se aplazó para mediados de 2021.
Empresas como Amazon han pedido a Gobiernos como el español o el francés que no impongan esa tasa unilateralmente, pero el español la incluyó en los presupuestos generales del Estado para 2021 y entró en vigor el 16 de enero. El Gobierno espera recaudar con ella 968 millones al año, aunque Bruselas considera este número demasiado optimista.
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