Cuando José Gutiérrez y Janet Miranda fundaron el colectivo Sembrando Comunidad por las víctimas de homicidios en Guanajuato, apenas eran cuatro familias. De esto hace cinco meses. Ahora, en esta entidad hasta hace poco segura y próspera de México, su asociación atiende a más de 150 y la mayoría son familiares de desaparecidos. Gutiérrez y Miranda se han convertido en poco tiempo en el único apoyo externo de las víctimas de una violencia extrema que ha dejado más de 400 muertos solo en enero. Y este martes decidieron abandonar durante unos días su Estado porque también su vida está en riesgo.
Una llamada de teléfono suspendía el trabajo de una organización que apenas acaba de nacer: “Si salen a buscar personas desaparecidas se los carga la chingada a ustedes y a su familia”. Gutiérrez colgó el teléfono. Venían de una manifestación de unas 50 familias en León, la ciudad conservadora y más grande del corredor industrial donde las protestas son escasas. Y se dirigían hacia sus casas en Irapuato y Salamanca.
Cuando estaban entrando en Irapuato, ya de noche, Gutiérrez recibió la llamada mientras tenía el teléfono en manos libres. Se dio cuenta de que una camioneta los estaba siguiendo. Llamó al Gobierno del Estado y pidió protección. Unas patrullas de policía local los escoltaron hacia la fiscalía para poner la demanda. “Llegó un agente ministerial enfadado porque tenía que cuidarnos y acabamos regresando solos a nuestras casas”, cuenta ahora Gutiérrez desde el otro lado del teléfono.
Muchos de los casos que tienen en su organización son de familias cuyos parientes fueron asesinados o secuestrados dentro de sus domicilios. Por eso sabían que ni siquiera ahí estarían seguros. Fue entonces cuando decidieron abandonar Guanajuato durante un tiempo. “En lo que se enfría el asunto. Pero tenemos que regresar, allá nos necesitan”, añade Gutiérrez. Y, aunque no tiene ninguna prueba de dónde pudo llegar la amenaza de muerte, es consciente de que el nacimiento de su asociación ha sido especialmente molesto para la fiscalía, hasta hace poco sin un supervisor civil que revisara su trabajo. “Sabemos que están muy presionados. No sabemos quién fue. Pero tenemos nuestras sospechas que pudo tener algo que ver con ellos”, denuncia.
Hace una semana, en una entrevista a este diario, reconocía que esto podía pasar en cualquier momento. “No tengo miedo”, señalaba. Pero matizaba que el miedo ya está instalado en los vecinos de este corredor industrial de Guanajuato —Salamanca, Irapuato, Celaya— desde que el año pasado batiera el récord de homicidios y se convirtiera en la entidad más sangrienta del país. “Puedes morir como activista, casi con la misma probabilidad que a una madre le pueden arrebatar a su esposo mientras duerme y que aparezca descuartizado en una fosa”, señalaba acerca de uno de los casos que ellos asesoraban, el de Juan Carlos Medina, de Irapuato.
Gutiérrez, de 32 años, y Miranda, de 25, comenzaron la asociación cuando se dieron cuenta de la cantidad de irregularidades que se cometían en unos cuantos casos de homicidio. El mismo patrón: criminalizar a la víctima, señalaba Miranda. “La Fiscalía no sigue protocolos y, si investiga, muchas veces lo hace para buscar una excusa que justifique su desaparición o su asesinato”, denunciaba Gutiérrez hace una semana desde su casa en Salamanca, uno de los municipios más violentos del Estado. El famoso “andaba en malos pasos” que servía para dar carpetazo a la mayoría de investigaciones que ellos siguieron de cerca. Y decidieron hacer algo por su Estado.
Los dos son criminólogos, Gutiérrez fue profesor de Miranda en la Universidad de Irapuato. Y el origen de la asociación no es tan común: no buscaban a un desaparecido. Pero no soportaban que en su municipio se cometieran crímenes, no se investigaran bien y quedaran impunes. Recibieron el apoyo de otras asociaciones de desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos en otras partes de México, en Estados como Coahuila (en el norte), pioneros en la búsqueda de desaparecidos en fosas. Y también de académicos y expertos en la materia. “En México, desgraciadamente hay una historia larga de lucha por los derechos humanos y entidades que han vivido lo que nosotros vivimos ahora”, explicaba.
Los dos habían dejado sus trabajos para dedicarse a tiempo completo a asesorar jurídicamente y acompañar a más de un centenar de familias que denunciaban la indiferencia de las autoridades locales. Corrían de un municipio a otro, de una fiscalía a otra, exigiendo más indicios, que buscaran donde no habían buscado, que les entregaran un expediente y que tuvieran en cuenta a las familias para elaborar la Ley de Atención a Víctimas. Guanajuato es el único Estado que todavía no cuenta con una legislación que obligue a asistir, proteger y reparar el daño.
Hasta este martes, Guanajuato contaba con todos los ingredientes de la tragedia mexicana: secuestros masivos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, balaceras, toque de queda autoimpuesto, fosas clandestinas y militarización de unos municipios antes prósperos y seguros. A partir de ahora, también con las amenazas de muerte de quienes tratan de que se haga justicia.
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