Por caso relacionado con la defensa e investigaciones de torturas sistemáticas cometidas contra reos, por parte de autoridades de Chiapas.
Ángeles Mariscal
Chiapas. Un mensaje con amenazas de muerte, y una pinta hecha con sangre, recibieron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el centro humanitario más importante de Chiapas, fundado por el obispo Samuel Ruiz García.
De acuerdo a la denuncia que este lunes realizó el Centro, la primer amenaza se recibió el pasado 12 de noviembre, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha.
El Colectivo labora en coordinación con el Frayba, en la documentación de casos de tortura cometidos por autoridades del gobierno de Chiapas, principalmente integrantes del Poder Judicial, contra reos indígenas que de esa forma fueron obligados a firmar declaraciones inculpatorias.
Más de 60 casos han sido documentados por el Frayba, quien también lleva la defensa para conseguir la libertad de algunos de estos indígenas presos en diferentes cárceles del estado, y denuncias penales contra los agresores, en la Fiscalía contra la Tortura. También se llevó el caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU.
El mensaje del 12 de noviembre estaba elaborado con recortes de periódico que decía: “Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida”. Pedro Faro es el director del Frayba.
Una semana después, el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Más tarde ese día “se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba”.
El centro humanitario denunció que a la par de estas amenazas, ha habido vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan.
Estas acciones ya fueron denunciadas en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, “a la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano”.
También se interpuso interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas. “Sin embargo, la garantía y protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”, denunciaron los afectados.
El Frayba añadió que a un año de gobierno de Rutilio Escandón persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos; resultando la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios.
Exigieron a los gobiernos federal y estatal cesar las amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y del Frayba, así como de sus redes de solidaridad; y garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las defensoras y defensores mencionados, así como de los presos que se organizan en La Voz de Indígenas en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate y Viniketik en Resistencia, en la que se agrupan los reos torturados.
Se hizo especial incapié en la demanda para implementar las medidas inmediatas para obtener la libertad de los reos Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez.