El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la norma que impedía a exfuncionarios públicos ser contratados en empresas privadas durante un periodo de diez años; calificó la situación como “una aberración”.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional este martes, el mandatario consideró como una falta de respeto hacia su gobierno la acción tomada por la SCNJ y señaló los casos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, expresidentes que, después de servir a la nación, trabajaron en compañías que se beneficiaron durante su sexenio.
“¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes?, ¿y qué era lo de antes?, bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles y (Felipe) Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España”, explicó.
De igual manera, el mandatario expresó su total desacuerdo con la SCJN, y dijo buscará que la norma se aplique de nuevo para evitar corrupción entre las empresas y exfuncionarios.
“No estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar”, sostuvo el mandatario.
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Las declaraciones del presidente López Obrador, surgen después de que ayer, el Pleno de la Corte invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la ley, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
La norma estaba incluida en la Ley Federal de Austeridad Republicana, una de las leyes aprobadas durante el mandato actual de Andrés Manuel López Obrador. Aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados políticos.
De acuerdo con la Corte, la medida incidía de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo quinto constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada.
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