El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, de ser un “corruptazo”.
“Ahí estaba el ministro Cossío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos”, declaró este jueves durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El mandatario señaló que antes de su sexenio, el “poder de los poderes” era el Ejecutivo, mientras que los otros eran “apéndices” del mismo.
“¿Cuándo la suprema corte se oponía a una decisión del presidente?”, cuestionó.
Asimismo, relató que durante el gobierno de Felipe Calderón, el ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, buscó que se investigara y castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC, donde fallecieron 49 infantes y 80 más resultaron heridos.
Sin embargo, AMLO apuntó que en dicha época intervino Calderón y el entonces secretario de Gobernación, e incluso “amenazaron” a Zaldívar.
“Al final, no se aprobó la propuesta del ministro Zaldívar”, concluyó antes de arremeter contra Cossío y de acusarlo de estar dentro del grupo.
López Obrador también sostuvo que el exministro será orador en la marcha del próximo domingo 26 de febrero contra el Plan B electoral, la cual afirmó tiene como fin defender a Calderón y al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La periodista Carmen Aristegui confirmó este jueves durante Aristegui en Vivo que Cossío será orador en el Zócalo capitalino durante la manifestación, contra las reformas legislativas en materia electoral que fueron aprobadas este miércoles en el Senado de la República.
El llamado “Plan B” ha suscitado diversas críticas por parte de miembros de la oposición, quienes aseguran que los cambios vulneran al órgano electoral. Ante esto, en noviembre del año pasado, marcharon miles de personas sobre Paseo de la Reforma, en la CDMX, en una primera manifestación sobre el tema.
Los opositores a la iniciativa denuncian que pretende recortar 3 mil 500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México.
Tanto López Obrador, como miembros de la oposición han reiterado que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definir la constitucionalidad de la reforma.
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