Amnistía Internacional afirmó que la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir la Guardia Nacional al Ejército con un acuerdo atenta contra las facultades del Poder Legislativo.
En posicionamiento público, la organización afirmó que este discurso perpetúa el enfoque de militarizar la seguridad pública del país.
Se posicionaron claramente por “NO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS”.
AI sostiene que la seguridad pública debe estar en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de derechos humanos que México ratificó.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo que es una decisión unilateral que “niega la interlocución con quienes conforman el Supremo Poder de la Federación y pone en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.
Esta postura se suma a la de otras organizaciones de la sociedad civil; más temprano reportamos que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dijo que esta decisión contraviene a la Constitución e implica riesgos a los derechos humanos.
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