El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Así lo da a conocer este viernes el diario El Universal, que cita fuentes del primer círculo del gobierno, mismas que confirmaron al rotativo que el mandatario planteó este escenario a su equipo cercano, secretarios de Estado y legisladores para la segunda mitad de su sexenio.
“El plan es el de una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada —dos terceras partes de cada cámara del Congreso de la Unión— para su aprobación y el aval de 17 legislaturas locales”, menciona el periódico.
De acuerdo con el reporte, en la reunión que sostuvo este jueves López Obrador con empresarios miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), comentó que presentaría tres reformas constitucionales: una energética para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una reforma electoral que no eliminará al Instituto Nacional Electoral (INE) y otra para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
La información firmada por Alberto Morales, Manuel Espino y Pedro Villa y Caña menciona que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, propondrá el lunes a la oposición un catálogo de reformas constitucionales con el objeto de empezar las negociaciones parlamentarias.
Entre estas reformas está una energética, otra electoral y una más “para que los organismos autónomos estén al servicio de la población”.
El 8 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que se publicó el día 11 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que instruyó a las Fuerzas Armadas a “participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”, es decir, hasta marzo de 2024.
En ese Decreto, el presidente señaló que las Fuerzas Armadas se regirían en todo momento por la “estricta observancia y respeto a los derechos humanos” e indicó al secretario Alfonso Durazo que debía de coordinarse con los titulares de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que la Fuerza Armada permanente complementara la función de la Guardia Nacional (GN). Varios medios, políticos y activistas bautizaron este Decreto como “acuerdo militarista”.
El 9 de octubre del año pasado, el portal Campo Marte reveló que desde el día 6 de este mes, la GN dejó de estar bajo la coordinación operativa de Durazo y que ésta pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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El periodista Jorge Medellín detalló que un comunicado interno de la Sedena estableció que a partir de esa fecha “la coordinación operativa de la corporación depende de los comandantes de las doce regiones militares del país” y que los coordinadores regionales de la GN deben “informar sus novedades por conducto de los comandantes de Región Militar”.
Unos días después, Medellín publicó en La Silla Rota fragmentos del documento ‘Propuestas para el control operativo de la GN por la SEDENA’, presumiblemente elaborado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) y en el que se propone la creación de las secciones de Investigación e Inteligencia en cada unidad de la GN, para “atender sus necesidades y no las de la Fiscalía General de la República”. Con esto, señala el reportero, la GN ejerce “de lleno las funciones policiales de investigación de delitos que antes eran exclusivas del Ministerio Público Federal” (14/10/2020).
El viernes 16 de octubre de 2020, Alejandro Hope, quien fuera directivo del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante el sexenio de Felipe Calderón y asesor de seguridad de Margarita Zavala en la campaña presidencial de 2018, difundió en su cuenta de Twitter la copia de un oficio firmado por el actual titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, dirigido al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán.
En el documento, firmado el 8 de octubre del año pasado, se puede leer: “En relación con la instrucción del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza control operativo de la Guardia Nacional, adjunto a la presente, remito a usted un cuadernillo que contiene la presentación que se expuso al titular del Ejecutivo Federal el pasado 6 de octubre de 2020 en el seno de la reunión del Gabinete de Seguridad. En dicha sesión el Presidente de la República autorizó la totalidad de las propuestas para el control operativo de la Guardia Nacional, incluidas en dicho cuadernillo”.
Se consumó el fraude a la ley: la Guardia Nacional queda bajo el control operativo de la SEDENA. pic.twitter.com/r0QvfUeN0M
— Alejandro Hope (@ahope71) October 16, 2020
El reportero Arturo Ramos publicó en Crónica el nuevo organigrama de la GN, en el que “ahora el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no manda a nadie dentro de la Guardia, sino que se integra al grupo de enlace interinstitucional, es decir, será sólo parte de una junta que además está por debajo del mando del Secretario de la Defensa Nacional y cuya función es tangencial. El verdadero mando operativo es ya sólo de militares: el general secretario, el comandante de la guardia nacional y todas las unidades en las que la cabeza es también un soldado”.
A finales de octubre de 2020, el DOF publicó un acuerdo adoptado el 25 de agosto de ese año, por el que se le asigna a la Guardia Nacional la función de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.
Esto significa que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva son vigiladas por la GN, a través de la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia. La GN proporciona a las partes “información sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso”.
También ejecuta las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 177 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito de sus atribuciones.
Dicho artículo establece como funciones de supervisión y seguimiento a las medidas cautelares impuestas, cuando no existe prisión preventiva: entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente; realizar entrevistas así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado, para verificar su localización; requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas, o el resultado del examen de las mismas en su caso; supervisar que las personas e instituciones públicas y privadas a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado, cumplan con estas obligaciones.
Igualmente tiene como funciones: solicitar al imputado la información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas; revisar y sugerir el cambio de condiciones de las medidas impuestas -ya sea de oficio o a solicitud de parte-, si se modifican las circunstancias originales por las que se adoptaron; informar de las violaciones a las medidas que estén verificadas y puedan implicar su modificación o revocación; conservar actualizada una base de datos sobre las medidas cautelares y obligaciones impuestas, su seguimiento y conclusión; solicitar y proporcionar información a las oficinas con funciones similares de la Federación o de Entidades federativas; canalizar al imputado a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materias de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico, cuando la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso así lo requiera.
El acuerdo fue publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, aunque solo apareció rubricado por el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comisario de la Guardia Nacional.