El documento establece que las remuneraciones que sean superiores a las del presidente, “deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos”.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de ley para reformar los artículos 116 y 127 constitucionales para que todos los servidores públicos, incluidos los que forman parte de los organismos autónomos, ganen menos que el titular del Ejecutivo.
La propuesta establece que los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, personas de derecho público, órganos y organismos a los que la presente Constitución o las leyes les otorguen autonomía, y cualquier otro ente público, “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades“.
De esa manera, los servidores públicos del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios, la Universidad Nacional Autónoma de México y organismos con autonomía reconocida en las leyes tanto federales como locales, también deberán acogerse a la nueva legislación, en caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente por tratarse de una reforma constitucional.
Sin embargo asegura que esto no implicará “una vulneración a la autonomía presupuestaria de dichos órganos, ya que se realizará con respeto al ejercicio de sus atribuciones puesto que éstos deberán proponer los tabuladores respectivos que serán incluidos en el presupuesto de egresos”.
En sus artículos transitorios, establece que las remuneraciones de los servidores públicos que sean superiores a las del presidente, “deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto”.
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Además, el Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de las entidades federativas, deberán expedir o adecuar la legislación aplicable dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para análisis al tratarse de una reforma constitucional.
Para que sea aprobada, deberá recibir el aval de dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras del Congreso.
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