Este miércoles los espacios de opinión de la prensa nacional destacan los reclamos de Martí Batres, que el Presidente preparará en Palenque su Primer Informe de Gobierno y las decisiones del juez de distrito Juan Carlos Guzmán sobre Santa Lucía.
“Templo Mayor”, en Reforma:
“Si algo hay que reconocerle a Martí Batres es su capacidad de síntesis: con un solo tuit se echó en contra a buena parte de la bancada de Morena. En esa red social, afirmó que a punta de “cañonazos” perdió la votación por la presidencia del Senado. Como orca de Sea World: salpicó a todos. Ahora viene lo interesante: para darle cuerpo y seriedad a su denuncia, lo lógico es que demostrara de a cuánto y a quién fue el disparo a quemarropa con la cartera por parte de Ricardo Monreal. Si Batres no lo prueba, lo suyo quedará como berrinche”.
“Bajo Reserva”, en El Universal:
“Nos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomará unos días el fin de semana, pero quien piense que ahora sí ya se cansó el ganso, se equivoca. Nos adelantan que AMLO se encerrará el fin de semana en su finca de Palenque, Chiapas, y no realizará eventos públicos, pues estará concentrado en los toques finales del Primer Informe de Gobierno que entregará al Congreso el próximo 1 de septiembre, pero en especial, trabajará en la elaboración del mensaje político que pronunciará ese mismo día en un acto en Palacio Nacional. El presidente dará su mensaje por la mañana, y por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará el Informe de Gobierno y sus anexos en la Cámara de Diputados”.
“Estrictamente personal” de Raymundo Riva Palacio en “El Financiero”:
“El juez quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, tomó una decisión la semana pasada cuya alta politización oculta sus alcances. Uno de ellos podría ser que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, uno de los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se construya. El otro podría ser que el aeropuerto cancelado en Texcoco pudiera ser revivido como obra en algún momento. El destino de estas obras no pasa por la política. De hecho, las decisiones políticas de López Obrador, soslayando la Constitución, son las que han puesto en un brete a Santa Lucía. Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha sido benevolente con él. No importa lo que haga con la ley, cierra los ojos”.
“Frentes Políticos” en Excélsior:
“En 2017 se encontraron 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela de un automóvil que tenía a su cargo Francisco Javier Pérez Maqueda, entonces director general de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La investigación arrojaría que recibió moches de siete constructoras que pagaron sobornos para adjudicar 24 contratos entre 2015 y 2016. Pérez Maqueda no fue sancionado por el cajuelazo, pero sí fue inhabilitado por 10 años. Poco le importó, pues resulta que es muy cercano al todavía consejero del CJF, Alfonso Pérez Daza, quien ha recomendado empresas para celebrar contratos con el Poder Judicial. ¿Fórmulas de ilegalidad del pasado?… Pérez Daza hoy representa al Poder Judicial en el Sistema Anticorrupción, ¿con qué moral?”.
“Trascendió” en Milenio:
“Ya ajustaron los detalles para llegar a un acuerdo entre el gobierno y los dueños de los contratos de gasoductos, a firmar en una reunión en Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los líderes del CCE, Carlos Salazar Lomelín, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. La idea es dar la sorpresa mañana, por lo que los empresarios, por segunda ocasión en los últimos días, optaron por una puerta B a fin de no adelantar nada”.