Por Francisco Rivas, miembro de #CONNECTASHub
El presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a poner a su país ante una disyuntiva complicada. Esta vez, ha puesto en la mira al Poder Judicial, con una reforma que sacudiría sus fundamentos más importantes. De tener éxito, la impartición de Justicia y el acceso a ese campo del servicio civil quedarían sujetos a la votación popular, lo cual ha levantado una gran polvareda entre quienes sostienen que la idea encierra más peligros que ventajas. Y, por supuesto, los trabajadores de base, jueces y magistrados, han entrado en un paro de labores indefinido para rechazar el proyecto, lo que también amenaza la prestación de ese servicio público crucial para la sociedad.
Desde la “conferencia mañanera” en Palacio Nacional, el presidente sostiene que con su proyecto busca transformar de fondo una institución que, según él, está invadida por la corrupción, donde imperan los intereses de los más ricos por encima de la justicia y del propio pueblo.
AMLO se apoya en que los resultados electorales del 2 de junio le concedieron a su fuerza política, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a sus aliados Partidos el Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista (PVEM) una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y en que en el Senado, sus aliados “convencieron” a un par de miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de sumarse a las filas morenistas, para quedar a un sufragio de poner en funcionamiento “la aplanadora” —toda la maquinaria legislativa a su servicio—.
Detrás de sus justificaciones, aparentemente plausibles, para muchos en México es evidente que el presidente tiene en su mira al sistema judicial desde que éste tomó una serie de decisiones contrarias al gobierno, particularmente en el tema de las obras del tren Maya, una de las banderas de su gobierno. Por supuesto, no sería la primera vez que los jueces fallan contra los intereses del ejecutivo, pero nunca un presidente había reaccionado contra las bases mismas del sistema.
En el fondo, el debate se concentra en cinco puntos clave: 1. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros (miembros de la Suprema Corte). 2. La prohibición a los aspirantes de financiar sus campañas con recursos públicos ni privados, lo cual abre una grieta a la entrada clandestina de dineros del crimen organizado. 3. El golpe al servicio civil de carrera. 4. El despido de tajo y masivo de personal. 5. El costo en lo económico y en cuanto al desgaste de las instituciones que tendrán que organizar múltiples comicios.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó en junio pasado un documento en el que desglosa a detalle las implicaciones políticas y legales de la propuesta de López Obrador, en donde exhibe las deficiencias del nuevo sistema.
La ley impediría lo que la institución académica denomina la auto postulación. Es decir, si una persona quiere competir para ser electa como juez, tendrá que ser propuesta por el Ejecutivo, el Legislativo a través del Senado o el Poder Judicial. O sea que en todos los casos, queda a discreción de esas instancias públicas determinar quiénes pasan el primer filtro. La reforma no contiene ningún candado que evite criterios políticos al momento de “preseleccionar” a quiénes contenderán en las urnas.
3. 🇲🇽 Otra de las reformas ampliaría nuevamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, una violación de derechos humanos que socava el funcionamiento del sistema penal.https://t.co/UNwd9Gasjv
— WOLA (@WOLA_org) August 29, 2024
Las campañas y el financiamiento de las actividades proselitistas también hacen parte de la discusión. El modelo propuesto supone que los aspirantes a posiciones del Poder Judicial queden desvinculados de intereses políticos, pero no hay garantías de que así suceda. Por ejemplo, los ministros serían electos en el mismo proceso electoral federal para elegir diputados y senadores, lo que implica el riesgo de que se entrometan intereses políticos en esas campañas.
Respecto del financiamiento, el proyecto estipula que los candidatos no podrán acceder a recursos públicos ni privados, solamente a tiempos del Estado para anuncios en medios de comunicación electrónicos y a través de foros públicos. Sin embargo, varios analistas ven con preocupación que ello permita que dinero proveniente del crimen organizado se involucre por debajo de la mesa para impulsar a una persona que, al llegar al juzgado, pueda resolver juicios a favor de un bando delincuencial.
Por otro lado, esta propuesta trastoca el servicio civil de carrera, pilar que se basa en la meritocracia: un secretario de acuerdos de un juzgado con el paso del tiempo y su buen trabajo puede aspirar a convertirse en juez y así sucesivamente. Con la reforma, antes de pensar en su mérito, tendrá que buscar que lo preseleccione alguno de los tres Poderes, luego participar en la campaña y por fin conseguir el mayor número de votos. En otras palabras, prevalecería el principio de la popularidad por encima de los méritos y el trabajo duro.
López Obrador asegura que no afectará al personal, pero la iniciativa establece que este proceso de “renovación” debe aplicarse de inmediato lo que, de acuerdo con el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, implica el cese inmediato de 1,665 personas. Este movimiento brusco lleva consigo el riesgo de inestabilidad en el Poder Judicial, al separar de sus puestos a personal con preparación y técnica legal, para reemplazarlos por otros que, aún preseleccionados por los Poderes, no garantizan preparación ni imparcialidad.
Finalmente, el desgaste de la organización de un proceso electoral no sólo pasa por la logística sino también por el uso de recursos públicos. Esto contradice la narrativa oficial, que radica en la “austeridad”, pues en un proceso nacional puede representar un gasto superior a los mil millones de pesos.
El modelo de López Obrador, a un paso de ser aprobado, se encuentra lejos de mejorar el sistema de justicia, garantizar la imparcialidad y beneficiar a la sociedad por encima de intereses de poder y de grupos políticos, económicos o de facto como el crimen organizado. De ahí que además de trabajadores y jueces, estudiantes de derecho de la UNAM se sumaron a las movilizaciones sociales en busca de frenar esta reforma a la Constitución federal, que según aseguran, afectaría profundamente su futuro ejercicio profesional al egresar de la máxima casa de estudios del país.
El presidente López Obrador, conocedor de que posee mayoría calificada, ha dicho que la reforma podría aprobarse en la primera semana de septiembre y la publicaría de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, en un auténtico fast track que dejaría al país con un nuevo modelo impredecible sobre sus resultados. Un duro golpe para unas instituciones que, sobre todo en las circunstancias actuales, requieren de una estabilidad a toda prueba.