AMLO y la 4ª Transformación, en la ruta de la izquierda | Artículo

Julio Moguel

I

El primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador cargó los dados claramente hacia la izquierda, en un nivel en el que no hubo medias tintas ni ambigüedades en temas que hasta hace poco habían sido tratados con las pinzas diplomáticas y de reserva a las que obligaban los cuidados propios de un complejo proceso de gestación que ha tenido que recurrir a la incubadora (“lo nuevo no termina de nacer”, dijo AMLO al final de su discurso del 1 de diciembre).

Los trazos más simples y claros de esta afirmación, en el sentido de encabezar un gobierno que dirige sus pasos claramente hacia la izquierda, los hizo López Obrador por vez primera –en contra de su costumbre posicional o discursiva– en el capítulo internacional, con la defensa irrenunciable a mantener en nuestra casa en condición de asilado político al “Presidente de Bolivia Evo Morales” (“y a su vicepresidente, Álvaro García Linera”), y calificar a sus oponentes como golpistas y militaristas: “Democracia sí, militarismo no”, señaló AMLO en el posicionamiento del asunto. Pero también al nombrar –y al tener como (único) invitado especial extranjero– a José Mujica, expresidente de Uruguay, hoy por hoy el personaje más emblemático en Latinoamérica en lo que pudiera ser identificado como un genuino líder mundial de las izquierdas.

Pero no fue menor en dicho trazo de escala internacional lo que el Presidente señaló con suficiente claridad frente a las más recientes posiciones de Donald Trump en torno al tema del combate al narcotráfico, marcando un no rotundo a cualquier intervencionismo imperial que pudiera tener como coartada la lucha “contra el terrorismo”.

Las “señales” internacionales del discurso de AMLO marcan pues claramente que la ruta que se sigue apunta hacia la izquierda. Pero, ¿indican lo mismo “las señales” que se esbozan o perfilan en lo interno? ¿Pudiéramos hablar de que, en efecto –como planteó expresamente el Presidente en su discurso–, la 4ª Transformación se encamina hacia la construcción de un nuevo Estado y, con ello, hacia la construcción de un nuevo régimen político de izquierda? A estas alturas creo que no debería caber ninguna duda. Veamos algunos ítems indicativos.

II

Dice AMLO en las primeras líneas de su Informe: “Las principales reformas y leyes aprobadas por los legisladores han sido las del combate a la corrupción”. Y no cabría, por la extensión de este escrito, mencionar las políticas transformativas que desde el propio poder Ejecutivo se dirigieron a cumplir con el mencionado objetivo (“Como lo he dicho muchas veces, la principal tarea del gobierno es desterrar la corrupción política. Estamos poniendo orden desde la cúpula del poder; por eso estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”).

Pero poner la lucha contra la corrupción como una de las principalísimas metas de gobierno tiene entre uno de sus numerosos filos uno principalísimo que cabe destacar: indica de manera sencilla que algunos de los principales éxitos del primer año de la administración obradorista se ubicaron en el desmantelamiento o en la transformación del aparato de Estado prevaleciente hasta el 30 de noviembre de 2018, pues fue allí donde, con base en golpes legislativos y directos a los mecanismos y sistemas de operación de un sistema de Estado ingenierilmente articulado y engrasado para operar como el “gran capitalizador” de riquezas mal habidas (para el uso y el disfrute de las altas tecnocracias y de un núcleo distinguible de las grandes poderes económicos privados, aliado a tales altas tecnocracias), se definieron cambios sustantivos que más adelante habrá que sopesar, uno a uno, en lo que valen.

Ya habrá oportunidad de mencionar en otro artículo cuáles fueron los cambios –estructurales– que desmontaron partes significativas de ese sistema de robo o de saqueo institucionalizado sobre el que creció durante todo el periodo propiamente neoliberal una nueva élite, aristocratizante y sedicentemente todopoderosa que creció y embarneció con la creencia de que “habría llegado para siempre”. Pero conviene detenerse en otro punto, “ciego” en la lectura de una buena parte de aquellos analistas que gustan medir los cambios políticos en curso como meras transformaciones cosméticas o clientelares. Por obviedad no expresado o no presentado expresamente en el Informe, ese punto a revisar resulta decisivo para entender que lo que está realmente en juego es, en definitiva, un cambio de régimen político.

III

Los recortes que se hicieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a los denominados organismos autónomos marcaron la ruta de un plan transformativo de gran alcance, entre los que destaca el golpe dado al aparato-símbolo del subsistema político que viajó durante años con el pasaporte-coartada de la “democracia liberal y de la alternancia”: El Instituto Nacional Electoral (INE) sufrió un recorte presupuestal de mil 71 millones de pesos para 2020, lo que no es sino un paso más para quitar al conjunto del sistema de partidos el oneroso –y en gran parte corrupto– papel que juega como parte del régimen político que, como dijo el Presidente, “todavía […] no acaba de morir” en el proceso de cambios que se vive.

Pero no fue menos relevante el recorte presupuestal que los arquitectos del PEF hicieron a la Secretaría de Gobernación, uno de los dos pilares fundamentales sobre los que se sostenía el aparato estatal de la época que cierra: contando con 68,203 millones de pesos en el 2018, y aún con un poderoso presupuesto de 60,783.1 millones de pesos en 2019, pasó a 5,891 millones de pesos para el ejercicio de 2020, con una variación porcentual de 91.4 puntos entre 2018 y 2020.

Se obliga con ello a una restructuración profunda de lo que en los buenos tiempos del todopoderoso Estado nacional (en variantes de función y de operación que habría que ubicar en su fase anterior a la presidencia de Salinas de Gortari, así como en la que corresponde propiamente a la etapa neoliberal) se ocupó de hacer “los trabajos sucios” de gobierno, mientras cumplía por lo demás con el decisivo papel de articular y controlar los ligamentos clientelares y de cochupo y de negociaciones discrecionales de un sistema político que sólo en el papel seguía manteniéndose como un orden democrático federal.