La respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania ha puesto en evidencia la “hipocresía” de Occidente, que reaccionó con contundencia ante la agresión del Kremlin, pero consiente “violaciones graves de derechos humanos” en otros países, según sostiene Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, presentado este martes. El documento concluye que hay un doble rasero y una falta de respuesta ante abusos en todo el mundo, entre los que cita “el silencio clamoroso” sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudí, la represión de China y “el apartheid israelí contra la población palestina”, entre otros. A juicio de la ONG, esa doble vara de medir ha “reforzado la impunidad e inestabilidad” en esos países.
La invasión rusa de Ucrania “es un ejemplo espeluznante de lo que sucede cuando los Estados creen que pueden incumplir el derecho internacional y violar los derechos humanos sin pagar sus consecuencias”, explicó Agnès Callamard, secretaria general de AI, en la presentación del informe en París, según recoge un comunicado de la organización.
Sin embargo, ese conflicto, que ha dado lugar a “desplazamientos masivos, crímenes de guerra e inseguridad energética y alimentaria en todo el mundo”, ha obtenido una respuesta “que no tardó en llegar” y ha sido “contundente”. Callamard mencionó, en este sentido, las sanciones económicas impuestas por los Estados occidentales a Moscú, el apoyo militar a Kiev y la investigación sobre posibles crímenes de guerra iniciada por el Tribunal Penal Internacional.
“Esta iniciativa firme, por más que bien recibida, contrasta marcadamente con la respuesta que se ha dado a episodios anteriores de violaciones de derechos humanos masivas cometidas por Rusia y otros países, así como con la lamentable respuesta que se está dando a conflictos como Etiopía y Myanmar”, criticó la secretaria general de la organización, que apunto que, si Rusia hubiera tenido que rendir cuentas por los crímenes “documentados” desde hace años en Chechenia y Siria, “se hubieran podido salvar miles de vidas”, no solo en esos países, sino también en Ucrania.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, coincide en señalar la falta de reacción internacional cuando en las guerras en Chechenia y Siria, Moscú bombardeó a la población civil y atacó escuelas y hospitales. “Ningún gobierno ni institución hicieron nada relevante y permitieron que el Gobierno de Rusia continuara cometiendo estos crímenes sin ninguna consecuencia, ni en materia de sanciones, ni en materia política, ni en su participación en instituciones internacionales”, explica Beltrán en un mensaje de texto.
“Quién sabe si la guerra [de Ucrania] se hubiera evitado. Por ello se deben tener convicciones y defender los derechos humanos allá donde son violados y no consentirlos en algunos países para proteger sus propios intereses”, asevera Beltrán.
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El doble rasero que AI critica con respecto a la diferente reacción hacia Ucrania y a otros conflictos, ha quedado también de manifiesto, según la organización, por el trato diferente que se ha dispensado a los ucranios que han huido de esa guerra en relación con quienes han escapado de otros conflictos.
“Los Estados de la Unión Europea abrieron sus fronteras a la población ucrania (…) y demostraron tener capacidad más que de sobra para acoger a grandes cantidades de personas que buscaban seguridad y ofrecerles acceso a la sanidad, la educación y el alojamiento. Sin embargo, muchos mantuvieron sus fronteras vetadas a quienes escapaban de la guerra y la represión en Siria, Afganistán y Libia”, recordó la secretaria general de la organización en la presentación del informe.
Este “doble rasero de Occidente ha envalentonado a países como China”, sostiene la organización, que acusa a Pekín de haber cometido violaciones masivas de derechos humanos “equivalentes a crímenes de lesa humanidad” con la represión de los uigures y otras minorías étnicas musulmanas. La doble vara de medir de los países occidentales “ha permitido” además, siempre según AI, “a Egipto y Arabia Saudí eludir, hacer caso omiso y desviar las críticas sobre sus respectivos historiales de derechos humanos”.
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En el caso de Israel, AI señala que 2022 fue uno de los años más mortíferos desde 2006 para la población de la Cisjordania ocupada. “Las fuerzas israelíes mataron al menos a 151 palestinos”, incluidas decenas de niños, destaca el documento. Frente a ello, “muchos gobiernos occidentales optaron por atacar” a quienes denuncian “el sistema del apartheid israelí” en “lugar de exigir su final”. El director de Amnistía Internacional en España también cree que no alzar la voz contra abusos como los que comete Israel contra la población palestina conduce a que las autoridades crean que tienen “una patente de corso” para “seguir violando derechos humanos”, explica .
Regresión
El informe alerta a su vez de la represión que sufren los manifestantes en Irán desde la muerte de Masha Amini bajo custodia policial por no llevar bien colocado el velo obligatorio, de las progresivas restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas en el Afganistán de los talibanes y de la violencia empleada en las protestas de Perú contra el Gobierno. Además, Amnistía denuncia cambios legislativos en Australia, India, Indonesia o el Reino Unido para restringir el derecho de manifestación. En su informe anual, la ONG critica también el retroceso en el derecho al aborto en Estados Unidos, lo que afecta a otros derechos y deja en un estado mucho más vulnerable a una parte de la población.
La reforma de la Ley Mordaza, una oportunidad perdida en España
En el caso de España, el informe anual de Amnistía Internacional se detiene en la gestión sanitaria y critica que la inversión en atención primaria sigue lejos de llegar al 25%, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Además, la crisis económica “ha hecho que miles de personas tengan problemas para acceder o conservar su vivienda sin contar con la protección del Estado”.
La ONG reconoce “algunas mejoras” en derechos humanos propiciadas por nuevas, leyes, como las que afectan a la igualdad de género, pero lamenta como oportunidad “perdida” que no se haya reformado finalmente la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que, entre otras cuestiones, avala las devoluciones de migrantes en las fronteras.
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