A casi un año de la llegada de López Obrador al poder, México sigue atrapado en una crisis de violencia y derechos humanos que, lejos de atenuarse, arrecia. Es la conclusión de un informe de Amnistía Internacional, que hace balance de la situación y constata los escasos avances del nuevo Gobierno. En algunos aspectos, dice la organización, la situación incluso va a peor. La gestión del flujo migratorio o la estrategia de seguridad son algunos de estos casos. Y lo que es más preocupante, el Ejecutivo parece no darse cuenta. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha dicho: “Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace”.
Aunque de manera simbólica, octubre y noviembre han sido buena muestra de las conclusiones de Amnistía en materia de seguridad. En apenas cinco semanas, 13 policías fueron asesinados en Michoacán después de un ataque de un presunto grupo criminal; 15 supuestos integrantes de un grupo armado aparecieron muertos, apilados en la batea de una camioneta en Guerrero, después de un presunto enfrentamiento con el Ejército; integrantes de un grupo criminal pusieron en jaque la capital de Sinaloa, Culiacán, tras un operativo fallido de las Fuerzas Armadas… Esto además de los asesinatos diarios, los que no aparecen en los titulares. A un mes de que acabe el año, 2019 se perfila como el más violento desde que hay registros.
El colmo del horror de este pico de inseguridad fue la matanza de tres mujeres y seis niños en una carretera de tierra entre Sonora y Chihuahua a principios de noviembre. La brutalidad de los asesinatos, la incredulidad y la imposibilidad de encontrar una razón a lo ocurrido resume el sinsentido de la situación. En México ya no importan tanto los motivos de un asesinato u otro, sino la permanencia de la violencia, la constancia, el fracaso de 12 años de estrategias.
Esto en un contexto de crisis permanente en materia migratoria, con decenas de miles de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador aguardando su futuro al norte del río Bravo en suelo mexicano. A diferencia de la postura que mantuvo en los primeros meses en el poder, el Gobierno de López Obrador ha convertido la frontera sur en una trampa para los migrantes. Muchos han sido detenidos y esperan su futuro en centros de detención. “Las condiciones de detención de estas personas han sido inadecuadas”, concluye el informe de la organización.
Guevara ha dicho que “el Gobierno ha mostrado voluntad por avanzar, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, no se observan cambios sustanciales en la vida de millones de personas”. Guevara añade que “los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México”.
En materia de seguridad, la organización muestra preocupación por el futuro castrense de la seguridad ciudadana. Desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), los militares han asumido el liderazgo en la labor policial. “Las políticas y medidas de seguridad adoptadas por el gobierno del presidente López Obrador no se han alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada”, dice el informe. Para Amnistía, la creación de la Guardia Nacional parece, de momento, una operación de maquillaje más que un verdadero cambio de paradigma: “La información disponible indica que elementos de las fuerzas armadas han sido transferidos a la Guardia Nacional mediante oficios administrativos, pero siguen adscritos a las fuerzas armadas, y su deber de obediencia a la cadena de mando militar sigue intacto”.
Otro de los puntos importantes del informe es la denuncia contra la violencia que sufren mujeres y niñas en México. “En México dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida (…) En 10 años, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó (…) En 2018, al menos 3,548 mujeres habrían sufrido muertes violentas”.
Guevara ha concluido que “es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”.
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