El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto al ministro de Defensa, René Merino, el pasado abril.MARVIN RECINOS (AFP)
El presidente Nayib Bukele ha hundido El Salvador en una grave crisis en la que se cometen “violaciones masivas de derechos humanos”, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado este jueves. Durante el régimen de excepción, decretado por el mandatario el 26 de marzo después de dos jornadas especialmente sangrientas en el país centroamericano y para combatir con mano dura a las pandillas, al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado, según la ONG. Además, la policía ha realizado “miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso” y se han cometido “torturas y malos tratos” contra la población. “Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, advierte el documento.
El baile de números que maneja la organización es elocuente. Más de 35.000 personas han sido detenidas en El Salvador desde el inicio del régimen de excepción, sin garantías judiciales ni un proceso legal adecuado. Es decir, el 1,7% de la población mayor de edad del país, lo que ha resultado en un hacinamiento inédito en cárceles controladas por las pandillas. Al menos 1.190 niños menores de 18 años han sido también arrestados. Entre las medidas tomadas por el presidente Bukele y los órganos controlados por su Gobierno para combatir a las pandillas, el Congreso aprobó cambios al código penal que permiten penas de prisión de hasta 10 años para niños de 12 años que pertenezcan a maras. Los menores de 16 años pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
Las detenciones se producen sin pruebas ni órdenes judiciales. Cualquiera que pueda ser percibido por las autoridades como una amenaza —la mayoría de las veces la población de los barrios más pobres— puede ser arrestado, asegura AI: “Ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusado por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener antecedentes penales previos o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla”. La ONG ha documentado “minuciosamente” 28 casos de violaciones a los derechos humanos, correspondientes a 34 personas.
Presuntos pandilleros bajo custodia policial en una cárcel de El Salvador. – (AFP)
Entre los detenidos y sus familias es común que no haya ninguna comunicación. En muchos casos, los arrestados no pueden ni siquiera hablar con sus abogados. En uno de los casos documentados, los parientes siguen sin saber el paradero, “lo que podría constituir en desaparición forzada”, defiende AI. Las reformas impuestas en el país por Bukele, que acaba de cumplir tres años en el poder, “han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente”.
El régimen de excepción suspende el plazo constitucional que dictamina que las personas solo pueden estar un máximo de 72 horas en “detención administrativa”, es decir, desde que son arrestadas hasta que son llevadas ante un juez. Ahora, lo más habitual es que los detenidos permanezcan en prisión en plazos de en torno a 15 días, incomunicados y sin estar formalmente acusados de ningún delito.
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“Bukele quiere garantizar una reforma constitucional que asegure su reelección en El Salvador. El estado de emergencia le permite gobernar con un régimen de arbitrariedad total”, apunta José Miguel Vicanco, un abogado especialista en derechos humanos que estuvo casi 30 años al frente de la ONG internacional Human Rights Watch. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, asegura en el informe que estas medidas, además de suponer violaciones a los derechos humanos, criminalizan a “las personas en situación de pobreza”. “Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero con procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, matiza.
La cruzada de Bukele
A finales de marzo, El Salvador se encontró con el fin de semana más letal que ha sufrido en lo que va de siglo. Al menos 87 personas fueron asesinadas entre el viernes 25 y el domingo 27. Una investigación del medio digital El Faro demostró que esas sangrientas jornadas se debieron a la rotura de una tregua pactada entre el Gobierno de Bukele y los líderes de las dos principales pandillas: la MS-13 y Barrio 18.
Bukele negó la mayor, sacó los militares a la calle en una cruzada contra todo lo que pareciera cercano a los pandilleros y se otorgó poderes especiales, en una decisión fuertemente criticada por la comunidad internacional. Días después, el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal que permite perseguir a los medios de comunicación que trasmitan mensajes de las pandillas. En la práctica, penaliza a los periodistas críticos con su Gobierno que planteen un relato sobre el problema de las maras distinto al del mandatario. La prensa en El Salvador está, desde entonces, en el punto de mira.
Aunque la persecución ya venía desde antes. “Para mí, el acoso y la intimidación se inició en agosto de 2021, luego de haber revelado que Bukele negoció con las pandillas. Comenzó un acoso en redes sociales: colocaban mis fotos con fotos de otros pandilleros, mensajes de amenaza, de agresión sexual, de violación…”, explica a este diario Gabriela Cáceres, una de las periodistas de El Faro que sacó a la luz el pacto con las maras.
“El ataque no ha parado”, narra Cáceres. “Hay una campaña en contra de quienes hemos dado a conocer los casos más grandes de corrupción. Veo un futuro muy triste. Seguir haciendo periodismo en El Salvador se está convirtiendo en algo muy valiente. Implica cambiar toda tu vida para estar en un lugar seguro, pero siempre es mejor hacer periodismo desde afuera y no en una cárcel”. AI ha registrado al menos tres casos de periodistas salvadoreños que han tenido que exiliarse o esconderse ante las amenazas, además de funcionarios, integrantes de oenegés, activistas… Cualquiera con una postura crítica contra el Gobierno de Bukele.
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