La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País que integran más de 300 organizaciones dio a conocer que la empresa trasnacional Monsanto, filial de Bayer, consiguió un amparo que lo protege de la justicia federal contra el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024.
El recurso legal fue concedido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, que también le otorga el revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, prohibiendo su siembra en México, de acuerdo con un comunicado.
La resolución del amparo 313/2021 se consiguió el pasado martes 12 de julio de 2022.
“Dicha resolución parece haber sido concedida a modo y a favor de los intereses de Bayer-Monsanto, empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo. Pues se trata de una sentencia llena de argumentos formalistas con un deficiente manejo de estándares de derechos humanos y del medio ambiente. Algunos incluso, contrarios”, señala la Campaña en el documento.
Asimismo recordó que el juez Francisco Javier Rebolledo concedió una suspensión provisional a Bayer-Monsanto, en mayo de 2021, para eximirla de la aplicación del decreto, suspensión que fue revocada.
En su sentencia dicho juzgador cita el principio precautorio en diversos lugares, pero lo interpreta de manera errónea, indica el comunicado, incumpliendo su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de la población mexicana, como a la salud y al medio ambiente sano. De igual manera, incumple los tratados y principios internacionales en materia ambiental.
Asimismo resaltó que el mismo juez reconoce que la autoridad le aportó bibliografía y artículos científicos sobre lo que él califica como un “posible riesgo” del glifosato y el maíz transgénico; sin embargo, sin un argumento jurídico robusto, decidió ignorarlos y antepuso los intereses de la empresa quejosa a los derechos humanos de la población.
Con esta decisión se está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, y la salud del planeta y las personas; es un atentado contra el interés común de mexicanas y mexicanos, contra la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras en el país, así como contra el derecho constitucional a un ambiente sano y a una alimentación adecuada, alega la Campaña.
Recordó que una de las razones que sustenta la creación del decreto, establecida en los considerandos, es la protección del interés general de la sociedad mexicana en conseguir la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mediante la adopción de prácticas de agricultura sostenible.
Suspender la aplicación del decreto a Bayer-Monsanto representa una vulneración a la salud de la población mexicana, pues, el uso del glifosato tiene una sólida evidencia científica que respalda el daño que causa a la salud. Numerosas investigaciones han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y como ya se mencionó, ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, apunta el documento, la empresa Bayer-Monsanto ha enfrentado en Estados Unidos cerca de 125 mil demandas judiciales y ha buscado llegar a acuerdos millonarios para que desistan, pero cerca de 31 mil demandantes aún pueden continuar en la búsqueda de compensación por haber desarrollado cáncer después de usar el glifosato.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País exigió que ante esta estrategia jurídica avasalladora por parte de la agroindustria transnacional, las autoridades federales impugnen esta determinación y refuercen la fundamentación y motivación que sustente de manera contundente los riesgos y repercusiones a la salud y al ambiente derivados del uso del glifosato y el maíz transgénico.
Es de suma importancia que desde el Ejecutivo Federal se señalen y precisen las diversas investigaciones que han comprobado los impactos a la salud del herbicida, así como otras experiencias internacionales que han demostrado y documentado los impactos de la agroindustria en los derechos humanos.
En seguida el comunicado íntegro de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País:
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