La decisión de los legisladores locales de ampliar la duración de la gestión del próximo gobernador de Baja California es inconstitucional y evidencia una “regresión política”, sostuvo Alfredo Figueroa.
La aprobación del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años la extensión de la próxima gubernatura es un “escándalo mayúsculo” en términos políticos, y muestra una “clara ruptura del orden constitucional”, declaró el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa.
Durante su participación en la #MesaDeAnálisis de #AristeguiEnVivo, Figueroa advirtió sobre el riesgo de que un congreso local decida sobre la duración de la gestión de un gobernador, como lo hicieron los diputados bajacalifornianos el pasado lunes.
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“Si eso es posible, también sería posible reducirlo, y, por lo tanto, si a un congreso opositor se le ocurre reducir el mandato a un gobernante ya no duraría seis años, sino dos años o uno”.
Para el exconsejero del IFE este es “un asunto de extraordinaria gravedad en el país”, ante el cual es necesario interponer el conjunto de medidas legales disponibles, siendo una presentación de acción de inconstitucionalidad la más evidente.
Esta acción puede ser presentada por los partidos políticos a nivel central o por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Esto muestra, claramente, un signo autoritario de un partido que se ha planteado un cambio de régimen, pero lo que advierte es un proceso de regresión política que no vimos, ni siquiera, con el régimen que terminó”.
Por su parte, el ex procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, lamentó que la “desilusión de la ciudadanía a los partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD, ha convertido a los legisladores en vulgares mercenarios que conforman tiranía de mayoría en los estados, y hacen lo que el gobernador o los actores reales de cada Estado deciden imponer”. }
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Consideró que esta situación amerita una revisión profunda de lo que está pasando en los estados, ya que el desdibujamiento de los partidos ha resultado en una ausencia de una “oposición real” en las entidades, la cual vulnera la división de los poderes a nivel local.
“Los poderes ejecutivos y legislativos en los estados están totalmente controlados y capturados por los gobernadores que se han vuelto prácticamente virreyes”.
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