La Junta de Andalucía ha decidido postergar la exigencia del certificado covid o de un test de antígenos negativo para entrar en las discotecas, que entraba en vigor este mismo jueves, hasta contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia. El Gobierno ha rectificado en menos de 24 horas la decisión adoptada el pasado lunes por la tarde, tras la reunión del comité de expertos, en medio de la presión de los empresarios del ocio nocturno, muy molestos por la premura de una medida que no habían consensuado con el sector, y para “tener una mayor certeza jurídica sobre su aplicación”, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo. “A los empresarios del ocio les permite ganar tiempo”, ha apostillado.
Una resolución favorable del alto tribunal andaluz allanaría el camino para extender la presentación del certificado o un test de antígenos a otros espacios cerrados, una medida que ya ha apoyado el presidente regional, Juan Manuel Moreno, y sobre la que esta mañana también se ha pronunciado el vicepresidente Juan Marín que ha adelantado que en un futuro se exigirá para “ir a un estadio de fútbol o de baloncesto”. Los planes de la Junta, según fuentes cercanas al Ejecutivo autonómico, son esperar a la decisión del TSJA y, en el caso de que sea favorable, aplicarla a otros escenarios.
Desde la Junta siempre se ha reconocido el temor a que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo no vengan acompañadas del respaldo jurídico. Ya pasó tras el fin del estado de alarma cuando varias salas del TSJA fallaron de manera distinta ante la solicitud de cierres perimetrales de municipios con una incidencia superior a los 1000 casos por cada 100.000 habitantes. Las de Sevilla avalaron el confinamiento de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz) y la de Grabada rechazó en dos ocasiones la misma medida para Montefrío.
Andalucía no quiere ser objeto de otro varapalo judicial, explican esas mismas fuentes, que ponen el ejemplo del Tribunal Superior de Canarias que la semana pasada tumbó la norma que había aprobado el Gobierno autonómico, que exigía la pauta completa para acceder a locales de hostelería y restauración. Esta medida está vigente también en Cantabria, aunque no se están imponiendo sanciones hasta que su TSJ la avale, y en Galicia se ha ampliado a sus siete grandes ciudades -empezó solo aplicándose a Vigo, Ourense y Pontevedra, por su gran incidencia-, informan Juan Navarro y Sonia Vizoso.
El debate sobre exigencia del certificado covid, en vigor en Francia e Italia desde el mes de agosto, y que la ciudad de Nueva York también ha decidido imponer para acceder a restaurantes o gimnasios, se ha aparcado en el seno de la comisión interterritorial de Salud. Hay comunidades, como Aragón, Baleares, Murcia o Cataluña que están a la espera de un marco común para aplicarla, mientras que Extremadura, País Vasco o la Comunidad Valenciana están abiertamente en contra.
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