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Andalucía mantiene al 10% de su población en lista de espera tras el cambio de Gobierno y la pandemia


A Miguel Ángel Martínez, de 64 años, le dieron cita el pasado junio con el neumólogo en Jaén para mayo de 2022, con la esperanza de curar su problema de sueño tras trabajar 40 años a turnos, “que dejan muchas secuelas”. “Las consultas telefónicas son una aberración, a mí me han tenido entretenido 11 meses. Esto tiene una hoja de ruta, la privatización”, protesta. En paralelo, Martínez ha solucionado recientemente las dolorosas secuelas de haberse contagiado las pasadas Navidades con la bacteria Helicobacter pylori, pero con un especialista de la sanidad privada porque su paciencia con la pública tocó techo.

Mientras la desesperación de los pacientes aumenta, Andalucía parece haber vuelto a la casilla de salida en la carrera de fondo por reducir las listas de espera: tras el sobresfuerzo de la pandemia, la Junta (PP y Ciudadanos) se ha encontrado con la misma cifra de pacientes que cuando llegó al poder a principios de 2019 tras décadas de Gobiernos socialistas: si entonces había 843.538 andaluces en la lista, hoy son 843.945.

Sin embargo, tras reducirse el riesgo a contagiarse de coronavirus gracias a las vacunas, ese 10% de la población (8,4 millones) en lista de espera aumenta a gran velocidad debido al regreso de los pacientes a la deteriorada atención primaria, donde está el embudo que agrava el atasco, según coinciden los expertos. El sindicato CC OO augura que la cifra llegará al millón de personas antes de Navidades con la progresión actual, ya que esos 843.945 andaluces es la suma de las 123.339 personas a la espera del quirófano en septiembre y las 720.606 pendientes de ver al especialista, cuantificados el pasado junio.

A pesar de que Andalucía lidera la tasa de pacientes a la espera de ver al especialista con 88 por cada 1.000 habitantes, el tiempo medio de espera es de 88 días, a gran distancia de los 129 días en Aragón o los 121 días en Cataluña. Y la demora media para el quirófano es de 137 días, lejos tanto de los 189 días en Castilla La Mancha como de los 62 días en País Vasco, según la estadística nacional con datos del pasado junio. “La espera más dolorosa y tremenda son los 642 días de media para la cirugía plástica, cuya mayoría de pacientes necesitan reconstrucciones mamarias y padecen problemas tratados por psicólogos y psiquiatras”, se lamenta Socorro Ricoy, médica jubilada que gestionó durante 15 años las listas de espera del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

La cifra total de 843.945 andaluces no representa el total real de la lista de espera, ya que la Consejería de Salud y Familias actual decidió en 2019 dejar de publicar la cifra de pacientes a la espera de prueba diagnóstica, contabilizados por última vez en junio de 2018 con el resultado de 41.000 pacientes que ahora no se contabilizan. La Consejería alega que esa cifra de pacientes pendientes de cita de revisión con el especialista no la pide el Ministerio de Sanidad a las regiones para su estadística oficial, y por eso decidió ocultarla.

Las listas de espera siempre ha sido un arma arrojadiza a nivel político y las sospechas de maquillaje han perseguido a los datos. Hay operaciones para dolencias con plazos garantizados por ley de 90, 120 y 180 días. “Pero desde servicio al ciudadano [departamento que gestiona las listas] hacemos una trampa que también se hacía antes con el PSOE, a los que se van a pasar de fecha de garantía se les para el tiempo porque los pasamos a ‘transitoriamente no programables’, y se convierten en pacientes que no se pueden operar por algún motivo”, desvela un responsable de este servicio que exige anonimato.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una rueda de prensa. PACO PUENTES (EL PAÍS)

El Gobierno andaluz reconoce el problema: “La lista de espera quirúrgica se ha reducido en estos últimos tres años y ha podido aumentar un poco la de consultas externas. ¿Por qué? Evidentemente la pandemia por un lado y las derivaciones de atención primaria a consultas de especialistas, que han aumentado un 50% en el 2021 respecto a 2020″, alegó su portavoz, Elías Bendodo.

CC OO censura que la Junta aumente cada año las operaciones menores derivadas a la sanidad privada, que este año recibió de los presupuestos 463 millones para especialistas, diálisis y concierto de hospitales. Los presupuestos para 2022, que están aún en el aire, prevén un aumento del 42% hasta los 662 millones. “El consejero Jesús Aguirre [de Salud] lo dice abiertamente, que él es el consejero de la sanidad público y privada”, critica José-Pelayo Galindo, responsable de Sanidad de este sindicato. Ricoy añade: “En la sanidad privada se rompe el principio de equidad porque le pasabas la lista de espera y te la devolvían operaciones complejas y pacientes pluripatológicos que pudieran dar complicaciones. Para la privada siempre resulta más rentable operar muchas verrugas, juanetes o lunares que operaciones graves, que las dejan para la pública”.

Mientras, los seguros de la sanidad privada han subido en Andalucía del 16% al 20% de la población, hasta los 1,7 millones de personas. El último año ha registrado el mayor aumento de la serie histórica, con 98.754 nuevos asegurados, según la patronal aseguradora Unespa. Paula González, catedrática del área de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, diagnostica: “Uno de los motivos -el principal, para muchos- que está detrás del incremento de la contratación de seguros privados desde 2018 es que se atiende con más rapidez que en la pública”.

Al margen de la gestión de la Junta, en provincias como Jaén, con una alarmante cifra de 73.206 pacientes en lista de espera para una población de 631.381 personas, pesa en contra la alarmante falta de médicos por el efecto de la España vaciada. Rafael Martínez, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública, reflexiona: “Potenciar la atención primaria es la vía de futuro porque la demanda es la que es. Esos pacientes están ahí y no tenemos más profesionales, o se les pagan más horas o se deriva a la privada, y eso depende del Gobierno de turno”.


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