La Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Vivanco, en su oficina en el Palacio de Tribunales de Santiago.Cristian Soto Quiroz
La ministra y portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Ángela Vivanco (Santiago, 59 años) reitera que el Estado de derecho está “en jaque” por el ejercicio de bandas criminales, pero aclara este martes en su oficina del Palacio de Tribunal que no existe una “crisis institucional”. Sí cree que hay que tomarse en serio al nuevo perfil de delincuente, que ya no está dispuesto solo a atentar contra la propiedad, sino también contra la vida de las personas.
La magistrada considera fundamental que el Poder Judicial participe, “sin entrometerse”, en el nuevo proceso constituyente. Y que este, como aprendizaje del anterior, cuente con más tiempo y tenga un mejor diálogo con las instituciones.
Pregunta. En 10 años Chile pasó de ser de los tres países más seguros de Latinoamérica a uno en que solo el 41% se siente seguro caminando en la calle ¿Qué pasó?
Respuesta. Uno de los elementos importantes es que en varias partes de América Latina se han ido desarrollando bandas que tienen una experiencia en violencia y en métodos a los que no estábamos acostumbrados. Además hay una situación social, particularmente en la juventud, vinculada a la falta de oportunidades de trabajo, de estudio, o de pérdida de confianza en las instituciones. Eso hace que digan ‘la sociedad no ha hecho nada por mí y no le debo nada’. Sin perjuicio de la tasa de criminalidad, la impresión de las personas es determinante. Si la gente se siente insegura, aunque técnicamente no lo esté, influye la manera de ver el país. Así como en materia de salud nos hemos tenido que adaptar en temas pandémicos, también tenemos que hacerlo en criminalidad.
P. Las cifras revelan que en los siete primeros meses del Gobierno de Boric la inseguridad ha aumentado. ¿Qué está fallando?
R. Estos procesos uno no puede transformarlos de un minuto a otro. Todos queremos que se solucione inmediatamente, pero la lucha contra cualquier elemento que tenga cierto poder requiere recursos, tiempo y reflexión. Hace mucho tiempo que las democracias renunciaron al ojo por ojo y la vía institucional siempre toma más tiempo porque es más difícil.
P. Un grupo de la población tiene la sensación de que existe impunidad. ¿Por qué?
R. En ese tipo de impresiones falta conocimiento de cómo funciona la justicia y mirar los procesos. Muchas veces las personas, y con justa razón por las angustias, se guían por fotografías del momento. Por ejemplo, si un delincuente sale en libertad provisional se dice que la justicia no cumplió su propósito. Pero el procedimiento penal actual busca evitar que las personas estén presas más tiempo de lo que puede ser su condena, como sucedía con el sistema antiguo. Tampoco la solución es meterlos a todos presos si no tenemos qué hacer con ellos después. La rehabilitación es muy importante y hace mucho tiempo que el sistema carcelario no ha podido abordarla con efectividad.
P. ¿El aumento de la gravedad de los delitos se debe al crimen importado?
R. Se debe también a que, así como la sociedad se esmera en combatir la delincuencia, los delincuentes se esmeran en ser más efectivos y han llegado a la conclusión de que mientras más violencia, las personas más tienden a ser más sumisas. Hay que hacerse cargo de que ya no son delincuentes que van a atentar solo contra la propiedad, también contra la vida. Hay que tomarlos en serio sobre lo grave que es esa situación y que esas personas tengan esa convicción.
P. Usted dijo que desde el punto de vista de seguridad, el Estado de derecho está en jaque…
R. Siempre la criminalidad amenaza el Estado de derecho. Cuando uno dice que el Estado de derecho está en jaque no quiere ser tremendista, ni que haya una situación de crisis institucional o de violencia en las calles. Queremos decir que hay grupos que desafían el Estado de derecho y es necesario que el Estado de derecho reaccione justamente porque existe y porque hay autoridades que tienen la solidez necesaria para poder enfrentarlos.
P. ¿Cómo se está enfrentado esta amenaza y qué herramientas deben utilizarse para acabar con ella?
R. El Gobierno ha adoptado una política asociada a implementar mayores medidas de seguridad. Que haya coincidencia, divisiones y diagnóstico por distintas autoridades: Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Tenemos que implementar reformas legales y revisar los fondos que son asignados a materias de especial importancia. Desde el Poder Judicial tratamos que sea lo más eficiente posible, considerando que tenemos que aplicar la ley. No podemos inventar procedimientos, ni penas, pero también nos corresponde desarrollar procesos lo más estrictos posibles en cortos tiempos. Hemos sido muy enfáticos en la importancia de que nos coordinemos para que esos esfuerzos logren resultados.
P. Una de las principales reformas que incluía la propuesta constitucional rechazada era al Poder Judicial. ¿A qué cree que responde?
R. Nosotros tratamos de ser lo más participativos en ese proceso. Eso se cumplió a medias porque la convención trabajó con tiempos muy acotados. No siempre pudimos discutir los temas que nos preocupaban ampliamente. Nos queda la experiencia de que ojalá haya más tiempo y un mejor diálogo con las instituciones. Eso no significa que el Poder Judicial quiera entrometerse en el proceso constituyente, pero evidentemente si van a hacer una reforma judicial es importante saber qué opinan aquellos que están a cargo. En el Poder Judicial hay temas que se pueden implementar, otros muy difíciles y otros que hay que acotar.
P. ¿Cuáles son esos temas?
R. Hay temas que requieren una enorme inversión. Uno puede decir que quiere crear múltiples juzgados, pero no es algo etéreo. Eso tiene que confrontarse con los recursos disponibles para infraestructura, funcionarios… Otros temas, si quedan demasiado abiertos, dan lugar a interpretaciones, como la justicia indígena. No se clarificó qué materias, a quién afectaba y cómo se relacionaban con el sistema de justicia nacional. Otros temas tienen que ver con la semántica, como quitarle el nombre de Poder Judicial. Si uno le quita el norme a un poder del Estado genera inquietud, que puede ser injustificada, pero la subjetividad también importa en estas cosas.
P. ¿Qué país debería tener en cuenta Chile para el tema de la justicia indígena?
R. Australia y Nueva Zelanda han manejado muy bien la relación de las etnias originarias con el sistema nacional. Ahora, no somos ninguno de esos países, pero esas experiencias comparadas sirven. A veces empezar por pequeños espacios es más eficiente que tratar de hacer un proceso gigantesco que puede tener problemas como los mencionados. Un tipo de conveniencia que por un lado reconoce una realidad que a lo mejor durante mucho tiempo no se reconoció, pero también reconoce nuestra modalidad de Estado unitario regional.
P. ¿Qué aspectos del Poder Judicial cree que el nuevo proyecto debería reformar?
R. Fortalecer las acciones cautelares y la protección de los derechos de las personas. Hay mucha gente que adquiere su efectiva protección acudiendo a tribunales y es importante que estos sean lo más eficientes posibles. También es importante dividir las funciones de gobierno judicial respecto de la función netamente jurisdiccional para evitar un traslape o desgaste de funciones. Pero que el sistema que se elija asegure la imparcialidad y la independencia judicial. No se trata de mejorar una cosa para generar otros problemas como podría ser la politización de la justicia.
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