Tras el mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos organizaciones defensoras de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron abusos de autoridades federales y exigieron justicia en los casos de desaparición y espionaje, entre otros temas pendientes.
Mediante un comunicado, AI destacó que las cifras de feminicidios en México siguen en aumento, y calificó como “preocupante que el Gobierno Federal minimice el hecho donde efectivos agredieron a una persona migrante en la frontera sur del país”,
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“Esto muestra que la política migratoria sigue siendo contraria a los derechos humanos”, manifestó el organismo internacional.
En su comunicado, AI reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de vacunación contra Covid-19, así como la aceptación por parte de las autoridades de la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México.
Sin embargo, consideraron como un tema pendiente exponer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hacer efectivo el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
Otra de sus exigencias fue que la Fiscalía General de la República (FGR) dé con las personas responsables de los casos de espionaje que se tienen documentados en México.
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Por su parte, el Centro Prodh denunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, que la afirmación del presidente López Obrador de que en México ya no se violan los derechos humanos es falsa.
“Recordamos que, en años recientes, en estados como Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policías -tanto estatales como municipales-, han continuado el uso innecesario de la fuerza letal”.
También destacaron que la crisis de desapariciones en México no se detiene. “Las más de 90 mil personas desaparecidas en el país va en aumento y muestran la gravedad y profundidad del tema. Son más de 20 mil los desaparecidos de este sexenio”.
Aunque reconocieron la importancia de medidas como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, decretos como el que ordena la excarcelación a personas víctimas de tortura, y la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, destacaron que “el reto está en su implementación, que como en el caso de la Ley Amnistía ha sido ineficaz”.
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“Ante megaproyectos de desarrollo, no se está cumpliendo plenamente la consulta indígena previa, libre e informada”, manifestó el Centro Prodh.
Finalmente, manifestó que hay “decisiones alarmantes como la profundización de la militarización de la seguridad y el empoderamiento castrense que no da marcha atrás”.
“No reconocer la realidad y afirmar que problemas profundos ya se revirtieron, distrae de las tareas que deben acometerse”, concluyó.
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