La procuradora indica que se investigará a las personas que hicieron una mala clasificación de delitos.
La anterior administración ocultó delitos al menos en los dos últimos años y de las 13 mil carpetas analizadas, tres mil 500 fueron mal clasificadas, informó la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
La funcionaria detalló que los actos ilícitos fueron clasificados como denuncias de hechos cuando en realidad se trataba de delitos como homicidios en 55 casos.
Por ello, dijo, en caso de ser necesario se investigará a las personas que hicieron una mala clasificación de estos delitos, aunque “no realizarán una cacería de brujas”.
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, apuntó que la dependencia tiene un rezago en las averiguaciones previas y carpetas de investigación con un promedio de 12 mil carpetas mensuales, de las cuales 18 mil tienen acción penal.
Dijo que en la actualidad se han segmentado los delitos al considerar que 45 por ciento de carpetas de investigación corresponden a delitos de bajo impacto, que se atienden en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; mientras que 26 por ciento de los crímenes que se denuncian corresponden a delitos de alto impacto por lo que ya se realiza la investigación especializada.
En tanto para erradicar la corrupción, mencionó, se labora en la identificación y eliminación en las tendencias de corrupción, a través de inteligencia para detectar vínculos entre funcionarios y delincuentes.
Asimismo, dijo que buscarán recuperar la confianza de la ciudadanía con el fortalecimiento de la atención a las víctimas con la capacitación a los funcionarios públicos, sobre todo en temas de sensibilidad y empatía.
Afirmó que la dependencia tiene un programa para cumplir con el rezago en las órdenes de aprensión, sobre todo en los delitos de alto impacto como violaciones, homicidios y secuestros.
Respecto a los avances del primer mes de la administración, Godoy mencionó que la aplicación del código violeta consiste en repartir dispositivos de geolocalización, que se adquirieron en la administración pasada con un costo de 10 mil pesos cada uno, a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Apuntó que trabajan con el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para concretar convenios que permitan acoger a los menores que permanecen en agencias del Ministerio Público por ser infractores o por haber sido víctimas del delito y que no se encuentran las mejores condiciones.
Señaló que la transición de Procuraduría a Fiscalía General es una de las tareas de la actual administración, además de procurar justicia y disminuir los índices de criminalidad.
La funcionaria detalló que el caso de las mujeres (madre e hija) que fueron asesinadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, el caso fue turnado, el martes pasado, a la Procuraduría General de la República (PGR), toda vez que en la casa en la que se suscitaron los hechos encontraron metanfetaminas y un laboratorio en el que se producían drogas. (Ntx)