El pasado 7 de febrero, un juez federal concedió la suspensión provisional al exfuncionario quien, en su demanda, también solicitó la protección de la justicia en contra de cualquier acto de incomunicación, tortura y malos tratos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) urgió a que el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, sea juzgado en México por los delitos de desaparición forzada, tortura y asesinato, antes de ser extraditado a Estados Unidos, pues “resulta paradójico que sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra.
“Solicitamos al gobierno de México no extraditarlo a Estados Unidos y abrir lo más pronto posible una investigación seria, imparcial y eficaz que lo lleve ante la justicia por crímenes considerados como de lesa humanidad“, solicitó la FIDH.
En un informe titulado “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones, notificó a la Corte Penal Internacional, sobre el involucramiento de las autoridades estatales responsables de la seguridad con el Cártel de Los Zetas, “en un contexto de innegable colusión”.
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Torres López era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a solicitud de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) debido a delitos como fraude, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido el pasado 5 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco.
Las organizaciones que conforman la FIDH señalaron que el proceso de extradición sería un insulto “a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila”, pues aseguró que todos ellos están en espera de que “se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Suspensión provisional de la extradición
El pasado 5 de febrero, Torres López interpuso el juicio de amparo que quedó radicado en el expediente 111/2019.
La tarde del pasado jueves, el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, otorgó una suspensión provisional al exgobernador interino de Coahuila, contra el proceso de extradición a Estados Unidos.
El juez Vargas Alarcón emplazó al quejoso para que ratifique la demanda de garantías o, de lo contrario, la suspensión dejara de tener efecto.
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La FIDH destacó además, que en 2011, cuando Torres López fungía como gobernador interino de Coahuila, se cometió la “masacre de Allende”, por parte del Cártel de Los Zetas, donde fueron asesinadas entre 60 y 300 personas. De acuerdo con la evidencia, Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba e, incluso, Los Zetas contaron con la cooperación de las autoridades.
Durante su gestión, la prisión de Piedras Negras se mantuvo como un centro de operaciones de Los Zetas (2008 a 2012) donde los cuerpos de al menos 150 personas asesinadas y habrían sido quemadas o disueltas en cubos con ácido.