“¿Hablamos en español?”, pregunta António Vitorino (Lisboa, 64 años) nada más saludar en inglés. “Así es más divertido”, confiesa con tono jovial. Detrás de esa mirada sonriente se encuentra el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ente asociado a Naciones Unidas desde 2016, alumbrado siete décadas atrás para ayudar a reasentar a los desplazados por la Segunda Guerra Mundial y asociada a Naciones Unidas desde 2016.
El excomisario europeo de Justicia e Interior entre 1999 y 2004 denuncia la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes varados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. “No hemos podido prestar ayuda a las personas y aún seguimos teniendo un acceso muy limitado”, critica el abogado portugués. Tras la declaración del estado de emergencia, Varsovia ha prohibido de forma indefinida el acceso a algunas áreas de la frontera polaca a todos los civiles ―excepto a los residentes o las personas que viven, trabajan o estudian en la zona―, incluidos los miembros de ONG y de organizaciones internacionales. El acceso desde el lado bielorruso está, asegura, “controlado”.
En los tres años que lleva en el cargo, Vitorino ha observado nuevos contextos migratorios, como las caravanas de centroamericanos que en 2018 atravesaron México para llegar a Estados Unidos; el agravamiento de otros, como en Venezuela o Siria, y la reaparición de la instrumentalización de la inmigración con fines políticos en los casos de Bielorrusia, Marruecos y Turquía. Las migraciones presentan un panorama complejo que “ningún país es capaz de enfrentar en solitario”, defiende por videoconferencia.
Pregunta. La asistencia en los retornos voluntarios es una de sus principales tareas de la OIM. Una buena parte del sector humanitario, sin embargo, critica esta actividad porque piensa que en vez de ayudar a las personas a regresar se les debería facilitar una migración libre y segura. ¿Son incompatibles ambas soluciones?
Respuesta. La OIM no puede tomar la decisión de aceptar a un inmigrante en un país; es una decisión soberana. Pero, además del retorno voluntario, nos encargamos de la integración en los países de origen, es decir, crear las condiciones para que las personas que no son aceptadas en los países de destino puedan reintegrarse en su comunidad. La OIM no solo se ocupa del traslado, la parte, si usted quiere, desagradable.
P. La inmigración se usa como arma arrojadiza: ahí están los casos de Bielorrusia, Turquía y en el de Marruecos con España. ¿Cómo se puede frenar esta práctica?
R. Tanto Acnur [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados] como la OIM hemos condenado toda instrumentalización de los migrantes con fines políticos. Hay dos tipos de soluciones: a corto y a largo plazo. En el corto, tenemos la asistencia humanitaria. Estas personas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad: son instrumentalizadas, son engañadas con falsas promesas y pagan un precio muy elevado por un viaje que no van a terminar. A más largo plazo, hay que actuar sobre las causas profundas del movimiento migratorio: la pobreza, la inestabilidad, la inseguridad o la falta de la gobernanza en los países de origen. Es la forma que tenemos de garantizar que las personas no embarquen en viajes peligrosísimos, que pueden poner en riesgo sus vidas por perseguir un sueño que les ha sido vendido como fácil y que es todo menos eso.
P. ¿Qué tiene que decir la OIM ante el flujo de migrantes orquestado por la Bielorrusia de Aleksandr Lukashenko?
R. Hemos dado la respuesta que nos han dejado dar. Desde el lado polaco, las autoridades han creado una zona tapón, donde no permiten el acceso ni a las organizaciones internacionales ni a las organizaciones no gubernamentales. Del lado de Bielorrusia hemos tenido un acceso controlado, por así decirlo. Trabajamos junto con la Cruz Roja de Bielorrusia en un centro de acogida cerca de la frontera, pero el gran problema es que las personas que están dispersas en el bosque son muy difíciles de contactar y están en condiciones muy precarias por las bajas temperaturas y por toda la inseguridad que caracteriza su situación.
P. ¿Son las sanciones a Bielorrusia una herramienta útil para frenar el uso político de los inmigrantes?
R. No quiero entrar en el debate geopolítico. A mí lo que me preocupa es evitar que las personas caigan en una trampa. Los Estados tienen la obligación de promover la cooperación policial y judicial para luchar contra las redes de trata que operan en muchos puntos del mundo, no solo en las fronteras europeas.
P. En España, según los datos de la OIM, la ruta canaria ha registrado en 2021 un récord de muertos. ¿Cuáles son las razones de este aumento?
R. Este 2021 es un año negro en número de muertos sobre todo en las vías marítimas. La ruta más peligrosa sigue siendo la del Mediterráneo central, donde hasta este momento han fallecido más de 1.300 personas este año. La segunda ruta más mortífera, desgraciadamente, es la de las costas del África Occidental hacia Canarias, donde hemos registrado más de 900 muertes. Pero estos números son solo los que conocemos y no podemos descartar que las cifras totales sean superiores. En la ruta atlántica, cada vez hay más personas provenientes de países del Sahel que, además de la inestabilidad política e inseguridad ciudadana, ya están huyendo por el impacto del cambio climáticos en las condiciones de vida. Ahí operan también redes de trata de seres humanos y por eso nosotros estamos apoyando al Gobierno de España y en un centro de acogida en Canarias.
P. Y en esa colaboración que menciona con el Gobierno de España también trabajan en los retornos voluntarios. ¿Cuánto tiene de voluntario un retorno cuando, en realidad, un inmigrante ha podido estar meses retenido?
R. Esa es una pregunta que me plantean muchas veces y contesto siempre de la misma forma. Si me pregunta si el retorno es la opción preferida de los migrantes, la respuesta es muy sencilla: no, claro que no. Los migrantes querrían quedarse en Europa, pero si no tienen la posibilidad de quedarse, el retorno voluntario les ayuda en la reintegración. Nosotros no tenemos ninguna participación en los retornos forzosos.
P. ¿Cuáles son los principales retos en América Latina?
R. Tenemos, por una parte, un desplazamiento masivo de venezolanos hacia todos los países limítrofes, pero también a Ecuador, Perú, Chile o Argentina. Estamos ante un flujo mixto de personas que se desplazan por razones de protección internacional, pero también por razones económicas. Por eso tenemos una acción conjunta con Acnur, que involucra a más de 180 organizaciones no gubernamentales de otros países. Muchas de esas personas se desplazan por vías irregulares y están muy expuestas a la explotación y a la trata, muy particularmente las mujeres y las niñas.
Una realidad distinta es la de Centroamérica y las caravanas de migrantes en México, que tratan de llegar la frontera con Estados Unidos, así como las situaciones derivadas de catástrofes naturales que implican el desplazamiento de personas, como por ejemplo la situación en Haití, donde el último terremoto ha agravado las carencias de la población.
P. El año que viene en Nueva York hay una reunión internacional que servirá para revisar el Pacto Mundial de las Migraciones, aprobado en Marrakech en 2018. ¿Qué espera la OIM de esa cita?
R. La comprobación de una realidad muy evidente, que algunos aún se rehúsan a aceptar, que es que ningún país es capaz de enfrentar en solitario los desafíos de la inmigración, sólo se puede hacer a través de la cooperación internacional. Y eso es lo que el Pacto Mundial de las Migraciones acordó. Espero que el foro mundial de mayo del año que viene identifique cuáles han sido los objetivos alcanzados, y sobre todo, qué hacer para alcanzar el resto de objetivos en el futuro.
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