A pesar de que tiene 22 años, el marroquí Zakaria ingresó en enero en el centro de menores habilitado en el complejo de apartamentos Puerto Bello en la localidad turística de Puerto Rico (municipio de Mogán, Gran Canaria). Escapó del lugar en mayo y recuerda así su experiencia: “Las peleas y las palizas eran lo normal en Puerto Bello. Te pegaban en cualquier parte y por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando llegué con otros dos chicos, un grupo bajó y nos dio una paliza ahí, en la entrada. Yo pude escapar por la recepción. A los otros dos les dieron bien”. Dice que sabe que “algunos chicos salían a la calle para acostarse con hombres o mujeres”.
Una denuncia anónima, remitida el pasado 31 de mayo a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Mogán, y elaborada supuestamente por trabajadores del centro sostiene que en las instalaciones hay mayores de edad, como demuestra el caso de Zakaria, un hecho que las autoridades tienen la obligación de impedir— y que agreden sexualmente a otros. También, que varios de los residentes, ”al menos tres”, se han prostituido tanto con otros compañeros como con personas de fuera. La misiva señala, además, que la dirección tiene constancia de estos hechos. Las acusaciones implican también a otros trabajadores del complejo, a los que se atribuyen “agresiones físicas y maltrato continuado” y que estos episodios “negligentes” son “permitidos y fomentados” por la dirección del centro, tanto la pasada como la actual. La Fiscalía de Menores investiga los posibles delitos además de la actuación de la Fundación Siglo XXI, encargada de gestionar el complejo. Esta organización permanece en silencio y se remite a la Consejería.
El Ejecutivo canario recibió la denuncia el 31 de mayo, pero hasta el 10 de junio no inspeccionó el centro y hasta cuatro días después no comunicó los hechos a la Fiscalía. Ese mismo día, el 14 de junio, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, de Unidas Podemos, ordenó el traslado de 43 menores, los más problemáticos, a otros recursos.
Un informe posterior de la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia, Iratxe Serrano, reveló “la escasa intervención educativa”, la falta de actividades de los menores, que pasaban “parte de la jornada totalmente ociosos”, así como “el desorden y suciedad en las habitaciones y espacios comunes”. Los jóvenes residentes se quejaban de la “alta conflictividad” de un grupo de 30 compañeros, algunos de ellos con rasgos que evidenciaban su mayoría de edad y “síntomas visibles” de consumir “tóxicos y alcohol”. Zakaria confirma este extremo: “Muchos de los que vivían ahí tomaban pastillas o fumaban hachís”. Lo hacían incluso “delante de los educadores”.
También constata los hechos Ayoub, otro marroquí, de 19 años, uno de los primeros residentes de Puerto Bello. Vive en la calle desde hace un mes y medio. “Es difícil explicar lo que pasaba allí”, asegura. Enumera una retahíla de acusaciones contra la dirección y los empleados, a los que acusa de vender y consumir droga. “Te traían alcohol, pastillas… lo que quisieras si pagabas”.
Que en el centro de Puerto Bello había problemas es algo sabido desde hace meses. En febrero, una suerte de motín de menores dañó varias estancias, según la denuncia de los trabajadores. La situación no es exclusiva del centro grancanario: a mediados de abril, Comisiones Obreras denunció las condiciones de trabajo de empleados de otro en la isla de Fuerteventura por la masificación y a los reiterados, y cada vez más graves, “actos de violencia contra los trabajadores y la dirección del centro”. El sindicato señalaba a la Fiscalía y a las administraciones públicas por un problema que, entendía, “se extiende en el tiempo”.
La gravedad de los hechos denunciados en Puerto Bello han convertido a este complejo de apartamentos en el agujero negro de la acogida de menores y un ejemplo ilustrativo del bloqueo que rodea la gestión de los 2.539 menores migrantes no acompañados que hay en la actualidad en las islas. El caso ha expuesto que niños y mayores conviven en los mismos espacios desde hace meses. La Consejería de Derechos Sociales admite que se dan situaciones de menores conviviendo con mayores de edad, sobre todo en los dos campamentos de Tenerife (Las Canteras y Las Raíces), y calcula que el número de adultos que vive en instalaciones dedicadas a menores asciende a casi medio millar.
Cruce de acusaciones
El caso de Puerto Bello ha provocado un cruce de acusaciones entre la Consejería de Derechos Sociales y la Fiscalía Provincial de Las Palmas que ha salpicado a otros organismos, como la Policía Nacional.
En la actualidad, hasta 1.743 jóvenes están pendientes de test para determinar su edad, un 68% del total de tutelados. Estas cifras dan muestra de las dificultades de un sistema intrincado, dificultado por la pandemia. El problema se suscita ya a pie de muelle, cuando la Policía Nacional debe identificar a los mayores y menores de edad.
Pero este trámite ha mostrado lagunas estos meses, en los que se han derivado a menores a centros de adultos y a adultos a centros de menores. La Fiscalía constituye el principio y el fin del proceso. Su titular solicita a Sanidad que se hagan pruebas óseas. Para ello, la Policía Nacional traslada al supuesto menor al centro hospitalario donde se llevarán a cabo. Después, los forenses del Instituto de Medicina Legal estudian los resultados y elaboran un informe que elevan a la Fiscalía, la cual, finalmente, emite un decreto de determinación edad.
Fuentes del Gobierno de Canarias cargan sobre la Fiscalía la mayor parte de responsabilidad del bloqueo. La consejera Noemí Santana explicó la pasada semana que unas 250 personas permanecen en recursos de acogida de menores “con prueba ósea realizada o con documentación que acredita su mayoría de edad, pendientes del decreto de la Fiscalía. A veces, la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad. Según Santana, hay hasta 16 adultos acreditados en un centro de menores que siguen a la espera de ser trasladados por la Policía Nacional”. La fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, admite estos retrasos, pero asegura que es un mal extendido. “Obviamente, no se está al día”, admite, “pero igual que el Gobierno no lo está. Todos están retrasados”.
La ausencia del decreto emitido por la Fiscalía tiene graves consecuencias. En primer lugar impide la separación efectiva de los mayores de edad, subrayan fuentes de Sanidad. “Aunque sepamos a ciencia cierta que son mayores, sin ese trámite no podemos trasladarlos”.
Zakaria y Ayoub son dos ejemplos de ello. El primero asegura que en varias ocasiones mostró su carné de identidad marroquí, en el que constaba su mayoría de edad. “Se lo enseñé hasta al director, pero me dejaron ahí”. Prefirió vivir en la calle de antes que seguir en el dispositivo. Ayoub quiso abandonar el centro asegurando que es adulto. El bloqueo en las pruebas, además, tiene otras consecuencias, sostiene la consejería, como la de frenar la escolarización de los tutelados.
La difícil gestión
La tutela de los menores no acompañados llegados a Canarias ha desbordado al Gobierno autonómico. El Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres ha abierto 30 dispositivos de emergencia desde 2019 (19 en Gran Canaria, 9 en Tenerife y 2 en Fuerteventura), cuya gestión encomendó a cinco entidades colaboradoras. Alguno de estos recursos se ubicaron en alojamientos turísticos, vacíos por la pandemia, lo que provocó las airadas protestas de consistorios como el de Mogán, que amenazó con abrir expedientes sancionadores contra los establecimientos. En la actualidad, aún quedan dos establecimientos hoteleros destinados a este fin en Gran Canaria, ambos en Mogán, con un total de 208 plazas. En Tenerife hay otros dos, uno en el Puerto de la Cruz y otro en Santa Cruz de Tenerife, con 130 plazas.
“La necesidad de ayuda es imperiosa, esto es un grito desesperado a que se colabore con Canarias”, afirmaba en octubre pasado a EL PAÍS la consejera de Derechos Sociales. Básicamente, tanto Santana como el presidente Torres reclaman más fondos y la derivación de menores a otras comunidades. En diciembre arrancó del Ministerio de Derechos Sociales una subvención de 10 millones. Hasta la fecha las derivaciones a otras comunidades ascienden a 223, según el propio Ejecutivo.
Los migrantes, mientras tanto, son los más perjudicados. “Yo quería tener una vida en Barcelona y mandar dinero a mi casa”, afirma Ayoub. “Ahora desearía no haber venido nunca”.
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