En este 2022 se cumplirán 55 años de la ocupación israelí de Palestina y la información sigue generando una alarma creciente no solo por el conflicto territorial sino por las condiciones objetivas de los derechos humanos. En un detallado informe de 182 páginas, Amnistía Internacional ha acusado a Israel de practicar la discriminación racial contra la población palestina sin eludir denominarla apartheid israelí, cosa que no había hecho hasta ahora, aunque sí otras organizaciones como Human Rights Watch.
El informe que presentó el martes pasado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, documenta de forma amplia y detallada un elenco de prácticas sistemáticas y prolongadas en el tiempo que acumulan evidencias sobre la discriminación institucionalizada de la población palestina. La organización considera que encajan con la definición que da del término el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y la consiguiente obligación de actuar contra ello: homicidios ilegítimos, traslados forzosos, confiscaciones masivas o negación de la ciudadanía, entre otros. Todo ello constituye parte de una política de acoso a la población palestina independientemente de quién esté a cargo del Gobierno israelí.
No es una acusación puntual porque otras importantes organizaciones internacionales, y también israelíes, defensoras de los derechos humanos, así como voces autorizadas dentro de su sociedad —el exfiscal general y exmagistrado del Tribunal Supremo Michael Ben Yair desde este mismo periódico—, han denunciado que millones de palestinos son despojados de sus derechos siguiendo un patrón de discriminación racial similar al que rigió en Sudáfrica hasta 1992. Se trata, según esta visión, de un modus operandi avalado por un sistema legal que sirve de escudo a estas prácticas discriminatorias y otorga en la mayoría de los casos impunidad ante los crímenes que se puedan cometer.
Pero la política israelí contra la población palestina se ha aprovechado también de la inacción internacional. Durante décadas Israel se ha visto protegido por su posición de aliado privilegiado de Estados Unidos en Oriente Próximo y ha estrechado lazos con regímenes autoritarios árabes. Desde el año 2000 es socio comercial preferente de la Unión Europea y, en 2017, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció unilateralmente la capitalidad israelí de Jerusalén contraviniendo las resoluciones de la ONU. Tampoco fue rechazada en 2019 la anexión de los territorios sirios en los Altos del Golán y la actual Administración de Joe Biden no ha revocado esas decisiones.
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