La abstención del PP en el último minuto, como ya había anunciado, ha permitido este jueves al Gobierno sacar adelante el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), que ha estado en el aire por la definición de productor independiente que modificó el PSOE con una enmienda introducida en el trámite de Ponencia.
Fuentes parlamentarias ‘populares’, consultadas por Europa Press, han justificado la abstención. «No es la Ley que nosotros queremos, pero hay que cumplir con Europa, porque se trata de la transposición de una directiva que debería haberse realizado antes de septiembre de 2020 y, de hecho, nos han apercibido por no haberlo hecho ya».
El texto, que será remitido ahora al Senado para continuar con su trámite parlamentario, ha salido adelante gracias a la abstención de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos –incluidos los miembros del Gobierno Yolanda Díaz, Irene Montero Ione Belarra y Alberto Garzón–, y los votos a favor del PSOE, PNV, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria. En cambio, han votado en contra Navarra Suma, CUP, Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT y VOX.
En la votación de las distintas enmiendas que quedaban aún vivas, el Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda transaccional pactada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, ERC y Bildu para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, lo que ha motivado el voto en contra a la ley de los independentistas. Las asociaciones de productores de cine y audiovisual habían pedido a los distintos grupos políticos que votaran «en conciencia» y rechazaran el texto, tras incluir una enmienda del PSOE de consecuencias «devastadoras» para el sector.
La polémica enmienda sobre los productores independientes de los socialistas ha provocado el reproche de muchos portavoces durante el debate de la norma, entre ellos, sus socios de investidura como el portavoz de ERC, Joan Margall, que ha anunciado su voto en contra porque los socialistas han «dinamitado» el pacto que habían alcanzado previamente sobre la promoción del catalán.
Pese al voto en contra de ERC, la Ley Audiovisual aprobada este jueves incluye el acuerdo alcanzado con el Gobierno, como condición para que los independentistas apoyaran el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En virtud del pacto, la norma reserva un mínimo anual de 15 millones para la producción de contenido en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales.
Trasera
Los independentistas catalanes no han sido los únicos críticos con el PSOE por «la inclusión por la puerta trasera del adjetivo demostrativo ‘dicho’», que, según la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha venido a «desvirtuar aún más la extraña ya definición del productor independiente que contemplaba el texto en origen y vino a vaciar de contenido totalmente esta definición». La portavoz ha pedido a los socialistas que rectificaran.
El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha señalado que «está es una oportunidad perdida de, realmente, poder avanzar en la igualdad de las lenguas y en garantizar el derecho de los gallegos y gallegas a poder acceder a contenidos audiovisuales» en su lengua, y ha reprochado la enmienda del PSOE que «deja a los productores independientes a los pies de los caballos».
Según ha denunciado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, la Ley audiovisual «incluye cambios que son insuficientes, testimoniales, que no protegen la lengua» que le enseñó su madre. «Creemos que es una oportunidad perdida para los quince millones de ciudadanos que tenemos otras lenguas», ha recalcado.
La parlamentario de Junts per Catalunya (JxCAT) Pilar Calvo Gómez (JxCat), que también ha votado en contra como el PDeCAT, ha apuntado que la nueva norma supone «un revés al sector audiovisual y un grave retroceso para todas las lenguas cooficiales del Estado». «Ni siquiera sirve a su cometido inicial porque no aplica correctamente la Directiva europea que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a promover la diversidad cultural y lingüística en sus territorios», ha afirmado.
Para el PNV, que ha votado a favor de la Ley, la norma aprobada «no tiene, en muchos aspectos, nada que ver con la que salió del horno del Gobierno afortunadamente», y gracias a las incorporaciones que, a su juicio, han conseguido introducir. No obstante, su portavoz Joseba Agirretxea ha dicho que no les gusta el tratamiento que se le ha dado a la figura de productor independiente. «Hay que modificar y corregir y solucionar ese tema», ha subrayado.
El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha anunciado la abstención de su formación, pero ha añadido que no pueden «votar que sí a una ley que establece un sistema de cuotas lingüísticas y que además establece unas cuestiones más que discutibles en otros ámbitos».
En su intervención, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha reconocido que «esta ley no protege la producción independiente» y ha puesto de relieve que es «dañino para el sector». «Tenemos menos diversidad para un tejido audiovisual que ha demostrado mucho, del que tendríamos que estar muy orgullosas», ha asegurado.
Desde VOX, el diputado Víctor Sánchez del Real ha tachado de «vergüenza» que los ‘populares’ hayan anunciado la abstención y «le dan un balón de oxígeno al Gobierno de Sánchez, la derechita dubitativa que no se sabe si sube o baja». Además, ha añadido que «el monstruo mata la creación independiente, mata la publicidad. Es una pérdida de puestos de trabajo», ha comentado.
El diputado ‘popular’ Juan Luis Pedreño ha manifestado que «hoy va a ser un día histórico para el Gobierno, porque esta ley es un despropósito, con lo fácil que era trasponer una Directiva europea del 2018 que no ha tenido apenas cambios en los países que la han transpuesto en la Unión Europea». «La ineficiencia de este Gobierno y del PSOE, y su sumisión a PNV y ERC no deja contento a nadie y, lo que es peor, va a ser una ley de muy difícil cumplimiento debido a las concesiones a los partidos independentistas», ha declarado.
Por su parte, la diputada socialista Begoña Nasarre ha manifestado que la negociación de esta ley «no ha sido ningún procedimiento exprés ni ha sido fácil» y ha puesto en valor el «diálogo» y la «negociación» que han llevado a cabo. Asimismo, ha destacado que la Ley Audiovisual multiplica por cinco la obligación que tienen las televisiones de financiar la producción audiovisual independiente de España y ha asegurado el «compromiso» del Gobierno «para seguir promoviendo nuevas reformas» sobre las principales reivindicaciones de los productores independientes.
El diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, que también ha votado en contra, ha reprochado al Ejecutivo que «esta ley es el precio que el Gobierno paga a todos los socios independentistas» para aprobar los presupuestos y ha añadido que la norma va «contra» las producciones independientes, algo que el sector considera «un ataque inadmisible».
En el caso de la CUP, que también ha rechazado la Ley, Albert Botran ha criticado que era «una oportunidad» para aumentar a la presencia de catalán, el euskera y el gallego que, en su opinión, «se ha perdido». «Se consolida la super hegemonía del castellano en el ámbito audiovisual y el avance para nuestras lenguas es testimonial», ha lamentado.
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