Arabia Saudí ha anunciado este lunes la condena a muerte de cinco hombres por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi; otros tres han recibido penas de cárcel. Sin embargo, la sentencia exonera a Saud al Qahtani, el controvertido asesor del príncipe heredero y gobernante de hecho, Mohamed Bin Salmán, considerado el contacto entre éste y el comando ejecutor. El veredicto ha suscitado la crítica inmediata de la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien en su investigación apuntó a la responsabilidad del heredero. Tanto ella como Reporteros Sin Fronteras, una organización que defiende la libertad de prensa, lo consideran una “burla a la justicia”.
“El Tribunal de lo Penal de Riad ha condenado a muerte a cinco hombres por cometer y participar directamente en el asesinato de la víctima”, afirma la Fiscalía saudí en un comunicado. Tres procesados han recibido diferentes penas de cárcel que suman un total de 24 años por “encubrimiento del crimen y violar la ley”. Otros tres han sido exonerados. El resultado del juicio coincide en esencia con las conclusiones presentadas por la Fiscalía hace un año. Ni el texto, ni su portavoz, Shalaan al Shalaan, en una posterior conferencia de prensa, han identificado a los reos, cuya sentencia es apelable.
Khashoggi, un saudí crítico con el príncipe Mohamed que se había autoexiliado en Estados Unidos, fue asesinado dentro del Consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Ese día, el periodista, que colaboraba con el diario The Washington Post, entró en la legación diplomática para recoger un atestado sobre su estado civil que le permitiera volver a casarse y ya no salió de allí. Tras reiteradas negativas, las autoridades saudíes terminaron reconociendo su muerte, aunque nunca han aclarado que pasó con su cuerpo, cuyos restos todavía no han aparecido. Según las filtraciones de los servicios secretos turcos, que tenían micrófonos dentro del Consulado, Khashoggi fue descuartizado.
El asesinato y el chapucero intento saudí por encubrirlo no sólo provocaron la indignación internacional, sino que dañaron gravemente la imagen del príncipe Mohamed empeñado en un ambicioso proyecto de apertura y modernización del reino. Tanto la investigación llevada a cabo por la CIA, como la que emprendió la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, señalaban al poderoso heredero saudí como responsable último. El eslabón clave que lo vinculaba al crimen era Al Qahtani, uno de sus más cercanos colaboradores y señalado como autor intelectual del asesinato.
De hecho, incluso la investigación de la Fiscalía constató que Al Qahtani había hablado sobre las actividades de Khashoggi con el equipo que le mató. Al presentar sus conclusiones en noviembre de 2018, el fiscal general, Saud al Mojeb, dijo que el consejero había actuado en coordinación con el general Ahmed al Asiri, entonces vice responsable de los servicios secretos, a quien atribuyó la orden de repatriar al periodista desde Turquía. Ambos hombres fueron cesados en sus puestos, pero, según se ha sabido ahora, Al Asiri fue procesado y Al Qahtani no.
La investigación alcanzó a 31 individuos, 10 de los cuales sólo fueron interrogados; de los 21 detenidos, 11 fueron enjuiciados. El portavoz de la Fiscalía ha explicado que Al Asiri se encontraba entre estos últimos, pero que ha quedado en libertad por “insuficiencia de pruebas”. Al Qahtani, por su parte, fue investigado, pero no se llegaron a presentar cargos contra él. También ha quedado libre Mohamed al Otaibi, en aquel momento cónsul general saudí en Estambul, porque testigos turcos han dicho que estaba con ellos el día del asesinato del periodista.
Además, Al Shalaan ha dicho que “la investigación ha mostrado que el asesinato no fue premeditado”, sino que se decidió al ver que era imposible trasladar a Khashoggi a un lugar seguro para continuar negociando. Sin embargo, el fiscal general admitió el año pasado que “los sospechosos actuaron con premeditación”, aunque ponía la responsabilidad última en “el jefe del equipo negociador”.
Tanto la falta de responsabilidad de Al Qahtani como la ausencia de intencionalidad previa contradicen las conclusiones alcanzadas por la relatora de la ONU, quien el pasado junio aseguró que existían pruebas suficientes para responsabilizar del asesinato al príncipe heredero y otros altos cargos del reino. Tras su viaje a Turquía con un equipo de tres forenses en enero, Callamard dijo haber encontrado “pruebas” de que Khashoggi fue “víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí”.
Poco después de hacerse pública la sentencia, Callamard la ha calificado de “antítesis de la justicia”. En una serie de tuits, ha tachado de “burla” que “los sicarios hayan sido condenados a muerte mientras los cerebros de la operación no sólo quedan libres, sino que apenas han sido tocados por la investigación y el juicio”. También considera “absolutamente ridículo” que se atribuya el asesinato al impulso del momento.
“El descuartizamiento requiere un mínimo de planificación. La presencia de un médico forense en el equipo oficial de asesinos desde al menos 24 horas antes del crimen y la conversación sobre el descuartizamiento dos horas antes de llevarlo a cabo, también indican claramente una planificación”, afirma la relatora con la misma vehemencia con la que su informe apuntó al príncipe Mohamed. “El asesinato de Khashoggi fue una ejecución extrajudicial de la que es responsable el Estado de Arabia Saudí. Pero en ningún momento el juicio ha considerado esa responsabilidad”, insiste de nuevo Callamard.
También Reporteros Sin Fronteras estima que la sentencia es una “burla a la justicia”. Según su secretario general, Christophe Deloira, el proceso no ha respetado “los principios internacionales” y la condena podría ser “un medio de hacer callar para siempre a los testigos del asesinato”.
El juicio se ha desarrollado a puerta cerrada durante nueve sesiones. No obstante, según el comunicado de la Fiscalía, representantes de la familia Khashoggi y de la Embajada de Turquía en Riad estuvieron presentes durante la lectura del veredicto en la décima jornada. La oficina del fiscal general va a revisar la sentencia para decidir si presenta una apelación.