La Fiscalía de Madrid ha decidido archivar la investigación abierta sobre el chat de WhatsApp de un grupo de mandos retirados del Ejército del Aire en el que un miembro habló de “fusilar a 26 millones” de españoles y, entre otras cuestiones, otro planteó la posibilidad de dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según explica el ministerio público, esas conversaciones no encajan dentro de un delito de odio, pues se realizaron en un contexto “privado”, sin voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito. Por tanto, según añade, prima la libertad de expresión, aunque puedan considerarse esas afirmaciones como “inapropiadas, excesivas y desafortunadas”.
“No concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo”, insiste la Fiscalía al explicar su decisión, que adopta después de abrir una investigación tras recibir un escrito del Ministerio de Defensa que le informaba del chat, desvelado por el diario digital Infolibre. En ese grupo de WhatsApp, integrado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire y al que tuvo acceso EL PAÍS, se vertían expresiones como “la forma de parar esto es un nuevo alzamiento”; “yo confío en que salga otro matarrojos, pero que esta vez no se quede corto. Hay que aniquilar a 26 millones, niños incluidos”; o “solo otro 36, pero con muchos más muertos por la parte roja y separatista, puede arreglar esta triste España”.
Entre los participantes en esas conversaciones se encontraban firmantes de una carta enviada por 73 mandos retirados al Rey contra el “Gobierno social-comunista” de Sánchez, al que acusaban de amenazar la “unidad nacional”. De hecho, fue en ese grupo donde se gestó la misiva.
La Fiscalía ha estudiado el caso y ha concluido que se trata de un chat “privado”, “donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás participes” y sin que exista voluntad “de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos”. Por tanto, sus manifestaciones “constituyen la exteriorización de una oposición” al Gobierno amparadas por el derecho a la libertad de expresión y de opinión, “constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre”.
La acusación pública valora también el contexto que le ha facilitado Defensa. Entre otros datos, según le ha comunicado el ministerio, los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años —“algunos, hace más de 40 años”, se señala—, por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva. “Es más, ninguno se encuentra en activo en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa, por lo que la actuación del grupo quedaba fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria”, recalca la Fiscalía en un comunicado.
“Los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad. Por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual”, añade el ministerio público.
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