La activista y periodista argelina perseguida Amira Buraui, en 2014 en Argel.Nacerdine ZEBAR / getty
Jadiya Buraui, de 71 años, enferma del corazón, permaneció nueve días entre rejas tras la rocambolesca escapada de su hija, la periodista Amira Buraui, para huir a Francia a comienzos de febrero, desde Argelia a través de Túnez, cuando era perseguida por los servicios de seguridad. La madre de una de las voces disidentes más reconocidas del país magrebí debe comparecer ahora periódicamente ante un tribunal, acusada de “tráfico de migrantes” por haber participado en la fuga. En relación con el mismo caso, Sebti Farrah, de 67 años, padre del analista político independiente afincado en Túnez Rauf Farrah, arrestado por la policía argelina hace una semana cuando visitaba a su familia, también acabó en el calabozo como sospechoso de haber recibido “fondos irregulares” de su hijo desde el extranjero.
Familiares de opositores se sitúan por primera vez en la diana de la represión contra los últimos rescoldos de la revuelta del Hirak (movimiento, en árabe) ―de cuyo estallido se cumplen cuatro años―, que ha arrojado ya tras los barrotes a más de 300 opositores. El régimen argelino ha intensificado este mes la oleada de redadas y la disolución de partidos de oposición y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Estos grupos respaldaron en 2019 las protestas populares que impidieron la reelección para un quinto mandato del presidente Abdelaziz Buteflika y desembocaron en una marea ciudadana en favor de un Estado civil y de derecho.
“Entre la prisión y el exilio, he escogido la libertad”, sostiene desde Bélgica Said Salhi, vicepresidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), ONG fundada hace cuatro décadas y cuya disolución por las autoridades ha quedado culminada en el último mes. “Todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil que apoyaron el Hirak han corrido la misma suerte”, explicaba este urbanista de 51 años en un intercambio de mensajes el jueves, el mismo día en que el Consejo de Estado (órgano administrativo) suspendía las actividades del partido Movimiento Democrático y Social (MDS, izquierda) y declaraba definitivamente proscrita la organización Reagrupamiento Acción Juventud (RAJ), según informó la agencia Efe. Ambos estuvieron entre los sectores más activos durante las protestas que arrancaron en 2019.
“En una tentación dictatorial, un poder con déficit de legitimidad quiere cerrar el paréntesis democrático que supuso el Hirak ante las elecciones presidenciales previstas en 2024″, advierte Salhi, exiliado desde junio del año pasado, “pero a pesar de la represión, en Argelia sigue vivo el sentimiento de la hogra (desprecio ante la injusticia). El caso de Amira Buraui ha sido la gota que colma el vaso”.
Cabeza visible en las marchas del Hirak, la periodista y activista Buraui, de 46 años, ya había pasado por la cárcel en 2021 en un anterior episodio de represión tras ser declarada culpable de “difundir informaciones susceptibles de atentar contra el orden público” y “contra el islam y el profeta”. La detención en diciembre pasado del director de la emisora en la que ella trabajaba, Radio M, aceleró su decisión de abandonar el país, a pesar de que lo tenía prohibido por la justicia. Contaba con la baza de poseer también la nacionalidad francesa.
Hay ocho imputados por su fuga, entre ellos su propia madre y el analista Rauf Farrah, en una operación policial en la que además se han visto involucrados la hermana y un primo de Buraui, así como los padres de Farrah. Afrontan penas de entre tres y cinco años de cárcel por “pertenencia a una organización ilegal”, entre otros cargos. Farrah es analista de Iniciativa Mundial contra el Crimen Transnacional Organizado y experto en geopolítica y migraciones en el Magreb. Un comunicado de la ONG en la que trabaja alertó pocos días después de que había sido detenido “sin cargos formales”. El pasado día 18 fue publicado el libro colectivo sobre el Hirak Argelia se juega su destino, coordinado por Farrah, quien colabora con asociaciones de su país.
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Después de haber atravesado la frontera a bordo de un taxi colectivo, las autoridades de Túnez detuvieron a Buraui el día 3, cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Francia, acusada de entrada ilegal el país. Sin embargo, un juez la puso en libertad tres días más tarde y le devolvió el pasaporte francés antes de desaparecer a la salida del tribunal en extrañas circunstancias.
Dos hombres, agentes de la policía tunecina, según aseguró su abogado, se la llevaron sin dejar rastro sobre su paradero. Se temía que fuera a ser deportada a Argelia, pero finalmente pudo volar con destino a Lyon esa misma noche tras recibir asistencia consular francesa. En un aparente sinsentido, un tribunal de Túnez la condenó el viernes en rebeldía a tres meses de cárcel por entrada ilegal en el país, según informó Reuters.
La Fiscalía de Constantina (noreste de Argelia) acusa a la periodista de haber salido ilegalmente del país con la ayuda de una red delictiva, de un taxista no registrado y la complicidad de un agente de fronteras, así como de Mustafá Benyama, redactor jefe del periódico Le Provincial, de Annaba (en la región de Constantina), y de algunos parientes.
Intervención francesa en Túnez
El Gobierno de Argel responsabiliza a Francia de “extracción clandestina de una ciudadana argelina” y ha llamado a consultas a su embajador en París, en una congelación de relaciones no declarada. La agencia argelina de prensa estatal APS también ha dado cuenta de la intervención de “mercenarios franceses” de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE, servicios de inteligencia de Francia) en la salida de Buraui del país. París y Argel vivían una luna de miel diplomática desde el pasado verano, a raíz del viaje oficial del presidente Emmanuel Macron al país magrebí y a la espera de la anunciada devolución de la visita, en mayo próximo, por parte del presidente Abdelmayid Tebún.
Poco antes de que estallara la crisis, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Said Chanegriha, hombre fuerte de Argelia, había sido recibido en el Elíseo por Macron, en un encuentro sin fotos que fue interpretado como preparación del viaje del presidente argelino a Francia.
Manifestación contra la reelección del presidente Abdelaziz Buteflika, en 2019 en Argel.Mohamed Messara (efe)Marea de movilizaciones en 2019
Desde Ginebra, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos muestra su inquietud ante el “contexto extremamente hostil” en el que se desenvuelven los representantes de la sociedad civil en Argelia. Esta ONG recuerda que, a partir del 22 de febrero de 2019, la población argelina se echó cada semana a la calle de forma espontánea y pacífica para rechazar la candidatura presidencial de Buteflika, que fue retirada dos meses después. Pero la movilización se mantuvo, esta vez en favor de una “Argelia libre y democrática” y por “un Estado civil, no militar”. La pandemia interrumpió al año siguiente las movilizaciones. Cuando se reanudaron, en 2021, fueron reprimidas mediante el acoso sistemático a los partidos y organizaciones vinculadas al Hirak bajo la acusación de “publicar documentos que perjudican el interés nacional”, “incitar al agrupamiento no armado en la vía pública” y “atentar contra las instituciones”.
Argelia se precia de su amplio tejido asociativo y de la pujanza de la sociedad civil desde su independencia de Francia en 1962, tras ocho años de guerra anticolonial. Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionan ahora que el Gobierno argelino esté garantizando la libertad de asociación expresada en la Constitución. Las autoridades estiman que las ONG y los partidos disueltos habían coordinado su actuación con organizaciones internacionales y regionales “hostiles a Argelia y bajo la influencia del lobby sionista-marroquí y de miembros de la izquierda del Parlamento Europeo”.
Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, ha replicado que la decisión de disolver la LADDH “ha sacado a la luz una represión alarmante de organizaciones de la sociedad civil”. En el caso de esta ONG argelina, la más antigua y reconocida en su campo a escala internacional, observa que “no se ha respetado el derecho a un proceso justo, ya que no hubo acceso a la defensa para examinar los cargos”. La decisión administrativa fue publicada el año pasado en internet, sin habérsela comunicado a los responsables de la organización, que no supieron hasta finales de enero que su disolución había sido ratificada.
“Amira Buraui logró escapar de la red de los servicios de seguridad y ha dejado al descubierto una maquinaria represiva”, afirma desde el exilio en Europa el vicepresidente de la LADDH. “Argelia se ha transformado en una gran prisión. Los disidentes del interior tienen prohibida la salida”, concluye Said Salhi, “y los del exterior no podemos entrar por temor a ser detenidos”.
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