Argentina: pesos, dólares y un arma humeante

El dueño del Stella Maris, un comedor familiar en un barrio porteño de clase media, se para frente al televisor y dice: “Este es un país hermoso. Her-mo-so”. En la pantalla, el noticiero del mediodía reproduce la noticia política del jueves: durante el cierre de campaña en la provincia del Chaco, el gobernador se comparó con Jesús y pidió a sus seguidores que salieran a buscar a las “ovejas descarriadas” para votar. Era una noticia estúpida —incluso en su capacidad de escandalizar— para una elección legislativa que, al menos en el relato de los medios y en las redes, parecía haber alcanzado un nivel de conflictividad desmedido.

No es que el conflicto no exista: es que, visto desde lejos, parece fuera de toda proporción; una distancia alimentada por miedos, problemas económicos, resentimientos e intereses sectoriales. Como la que existe entre el dólar oficial y el dólar blue, el único al que puede acceder un ciudadano de a pie —si es que puede— y que cuesta el doble. El día que llegué a la Argentina después de tres años sin volver al país, el dólar oficial cotizaba unos 105 pesos para la venta y el blue valía unos 200 pesos. “Estamos pagando 193″, me dijeron por Whatsapp desde la “cueva” donde me recomendaron cambiar dólares. No era una cueva: era un local con puertas a la calle y dos cajeros dentro, donde me cambiaron 150 dólares por casi 30.000 pesos argentinos, prácticamente un salario mínimo.

El efecto de esa brecha entre dólares y pesos es brutal. Para el que llega de afuera, que obtiene billetes argentinos al precio del dólar paralelo, el costo de productos y servicios cotidianos es regalado. “Estoy como Hugo Chávez durante el boom petrolero”, bromeo con mis amigos por teléfono. Pero dentro del país, los precios se vuelven cada vez más inalcanzables para los habitantes. Según el informe de perspectivas económicas difundido en octubre por el Fondo Monetario, Argentina ocupa el cuarto puesto mundial de países con más inflación: 48,4%, según las proyecciones para 2021. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha sido constante en los últimos tres años. Para Fredis Antonio, un chofer de Cabify que llegó al país desde Venezuela hace cinco años, eso significa “trabajar y trabajar cada vez más solo para mantenerse”. Para los que más ganan, la brecha que los aleja del dólar se traduce en una sensación de pérdida y encierro, como si fueran rehenes de los destinos de un país que ellos no han construido: “A mí me va bien, pero yo no quiero tener el camarote más lindo del Titanic”, me dice por teléfono un contador público de Paraná, mi ciudad natal. Argentina tiene otro récord: es el tercer país en el mundo con más beneficiarios en empresas offshore, según la filtración de los Papeles de Pandora.

Desde que aterricé en Buenos Aires una semana antes de las elecciones, cada vez que pregunto por la situación del país, alguien me responde: “Esto va a estallar”. A solo un mes de que se cumplan 20 años del estallido de diciembre de 2021, es una sentencia seria. Pero nadie sabe explicar bien por dónde va a estallar.

Posiblemente “los que dicen que esto va a estallar no tienen conocimiento del rol que tienen los movimientos sociales en la contención del conflicto social, sobre todo distributivo”, me dice la periodista argentina Estefanía Pozzo, especializada en temas económicos y financieros, un día antes de las elecciones. Básicamente, explica, los grandes movimientos sociales, los que tienen mayor penetración territorial, hoy forman parte del Gobierno, tienen direcciones y secretarías, y se encargan de contener la situación social más apremiante a través de la distribución de planes de trabajo o alimentos. Eso no resuelve el malestar ni la pérdida de poder adquisitivo, por supuesto, pero amortigua el impacto de la crisis en el sector que más sufre sus golpes, y en el que cada pérdida aumenta la tensión social.

Los resultados de las elecciones legislativas el domingo le dan la razón: la remontada electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires, un bastión peronista que le había dado la espalda en las primarias, le ha permitido al oficialismo obtener mejores números de los que esperaba y mantenerse como primera fuerza en Cámara de Diputados, a pesar del triunfo de la oposición. El análisis es más o menos lineal: la transferencia de dinero hacia los más pobres y las clases medias bajas que aceleró el Gobierno después del golpe que recibió en las urnas en las primarias resultó una estrategia efectiva.

El domingo por la noche todos festejan, y no se entiende muy bien por qué. El Gobierno perdió, entre otras cosas, el control del Senado —una cámara que el peronismo controlaba desde el retorno a la democracia en 1983—, pero llamó a “celebrar el triunfo” en la Plaza de Mayo. El frente opositor Juntos por el Cambio salió a celebrar su victoria, que lo posiciona con firmeza para las elecciones presidenciales de 2023, pero parte de sus votos en Ciudad de Buenos Aires, un distrito donde el macrismo es imbatible, fueron a parar a la lista de ultraderecha encabezada por el economista Javier Milei, la versión argentina del fenómeno trumpiano. Un hombre histriónico con pelo de payaso que ha dicho, entre otras cosas, que el papa Francisco es “el representante del maligno en la tierra” y apoya al comunismo. Su partido, La libertad avanza, también celebró el domingo a la noche una victoria: ha obtenido un 17% de los votos en la capital del país. Durante los festejos organizados en el Luna Park, pronto se hizo viral una imagen: un custodio amagó con sacar un arma en medio del escenario donde daban los discursos. La diputada electa que estaba hablando en ese momento no se inmutó.

Esa es, al parecer, la fuerza política que mejor ha capitalizado el malestar y la indignación de los argentinos.

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