HOUSTON – Este martes un juez federal escuchó los argumentos del estado de Texas y otros ocho estados contra el Programa de Acción Diferida, conocido como DACA, el cual brinda protección a unas 650,000 personas que llegaron al país siendo menores de edad.
El juez conservador Andrew Hanen estuvo a cargo de la audiencia que también escuchó la argumentación de la contraparte en esta batalla legal, el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano (MALDEF).
La audiencia se dio a pocos días de la asunción de Joe Biden como nuevo presidente y quien ha prometido impulsar una ley que permita legalizar a los beneficiarios de DACA, así como a los millones que se encuentran de forma ilegal en el país.
Durante las tres horas y media de la audiencia, los demandantes de DACA argumentaron que el presidente Obama sobrepasó los límites constitucionales al crear un programa que solo debe ser resuelto por el Congreso.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó anteriormente que el intento del presidente Donald Trump de poner fin a DACA en 2017 era ilegal. En diciembre, un juez de Nueva York ordenó a la administración Trump restaurar el programa promulgado por el expresidente Barack Obama en 2012.
Pero el caso de Houston apunta directamente a los términos originales de DACA, ya que Texas y los otros estados argumentan que violó la Constitución al burlar la autoridad del Congreso sobre las leyes de inmigración.
El presidente electo Joe Biden se ha comprometido a proteger a DACA. Pero un fallo contra DACA podría limitar la capacidad de Biden para mantener el programa o algo similar en su lugar.
“DACA tiene que ser reemplazado por un enfoque legislativo”, dijo el presidente de MALDEF, Thomas Saenz.
Si bien DACA a menudo se describe como un programa para inmigrantes jóvenes, muchos beneficiarios han vivido en EE UU Durante una década o más después de haber sido traídos al país sin permiso o de haberse quedado con visas expiradas.
El liberal Center for American Progress dice que aproximadamente 254,000 niños tienen al menos un padre que depende de DACA.
En un expediente judicial, los estados que demandaron para poner fin a DACA dijeron que el programa representa una “noción ilimitada de poder ejecutivo que, si no se controla, podría permitir que futuros presidentes desmantelen otras leyes debidamente promulgadas”. Junto con Texas, están demandando Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
MALDEF argumenta que Obama tenía la autoridad para instituir DACA y los estados carecen de legitimidad para demandar.
El juez Hanen, que está escuchando el caso, rechazó la solicitud de Texas en 2018 de detener el programa mediante una orden judicial preliminar.
No obstante, Hanen ha dicho que cree que DACA es inconstitucional.
Este mismo juez fue quien en 2015 dictaminó que Obama no podía expandir las protecciones de DACA o instituir un programa que protegiera a sus padres.
“Si la nación realmente quiere tener un programa DACA, le corresponde al Congreso decirlo”, escribió Hanen en 2018.
El Congreso no ha actuado desde entonces y las propuestas se quedaron cortas en medio de disputas entre la Cámara controlada por los demócratas y el Senado controlado por los republicanos.
Pero Sáenz, de MALDEF, dijo que la decisión de junio de la Corte Suprema de Estados Unidos que impidió que Trump pusiera fin al programa debería brindar orientación.
“Si yo fuera un juez, miraría a la Corte Suprema y me diría a mí mismo: ‘Si este fuera un programa ilegal en opinión de la mayoría de la Corte Suprema, ¿por qué simplemente no habrían dicho eso?’”, Dijo Sáenz.
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