A puerta cerrada y sin imágenes de la procesada, al menos por el momento. Así comenzó este lunes el juicio contra Aung San Suu Kyi, líder de facto del Gobierno civil depuesto por los militares en Myanmar el pasado 1 de febrero. Está previsto que el proceso dure hasta finales de julio. Será juzgada por hasta siete delitos que sus abogados consideran fabricados por los militares para apartarla de la política. El más grave de ellos es el de corrupción, con penas máximas previstas de hasta 15 años. La dirigente, que cumple 76 años el sábado, aspiraba a consolidar la transición democrática de Myanmar a la que ha dedicado su vida.
“Deseamos que ocurra lo mejor, pero estamos preparados para lo peor”, advirtió uno de sus abogados, Khin Maung Zaw, citado por la agencia France Presse, antes de que comenzara el juicio este lunes en la capital, Naypyidó. Durante la sesión, que duró cinco horas, la política “parecía algo indispuesta, pero siguió los testimonios con atención”, añadió el letrado. El equipo legal de la Nobel de la Paz de 1991 –premio concedido entonces por su papel en el movimiento democrático que estalló en el país en 1988- solo ha podido reunirse con ella dos veces desde que fue detenida el 1 de febrero, cuando los militares dieron el golpe de Estado.
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El proceso que comenzó este lunes verá solo parte de los cargos en su contra. la supuesta incitación a la agitación pública; importación ilegal de dispositivos electrónicos (unos walkie-talkies), y una infracción de las normativas impuestas contra la propagación del coronavirus durante la campaña electoral de los comicios del pasado noviembre. Las acusaciones más graves, entre ellas violar la ley de secretos oficiales (que acarrea un máximo de 14 años de cárcel) o la presunta corrupción (hasta 15 años de prisión), serán juzgados aparte. Se prevé que todo el proceso dure hasta finales de julio, con audiencias cada lunes.
“Hay una voluntad innegable de mantenerla fuera de la escena política y desprestigiarla”
Khin Maung Zaw, del equipo de abogados de Suu Kyi
“Hay una voluntad innegable de mantenerla fuera de la escena política y desprestigiarla”, denunció Khin Maung Zaw la semana pasada, cuando se anunciaron los cargos de corrupción. La Comisión Anticorrupción, controlada por los militares, la acusó de aceptar ilegalmente 600.000 dólares (unos 493.000 euros) en metálico y alrededor de 11 kilos de oro.
Suu Kyi, que pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante el anterior régimen militar (que gobernó Myanmar entre 1962 y 2011), ha estado incomunicada y arrestada desde el golpe, y solo se la ha visto en una vista previa al juicio el 24 de mayo. La política, conocida como “la dama”, ganó las elecciones el pasado noviembre al frente de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), que ayudó a fundar en 1988 y que la junta disolvió el mes pasado. Alegando fraude electoral, los militares dieron el golpe el día en el que se tenía que constituir el nuevo Parlamento, lo que habría supuesto la segunda legislatura con Suu Kyi al mando.
Las desavenencias entre los militares y Suu Kyi, aún muy sometida al poder castrense por la Constitución actual –redactada por los uniformados en 2008-, fueron uno de los motivos de la decisión del Ejército de tomar el poder por la fuerza. Cada vez más arrinconado por Suu Kyi y la NLD, el Tatmadaw –como se conoce a las fuerzas armadas-, con Min Aung Hlaing al frente, declaró el estado de emergencia y detuvo a la Nobel y a parte de su Gabinete, desatando multitudinarias protestas en el país que aún perduran.
En esas manifestaciones se pide la liberación de Suu Kyi y el retorno de la transición democrática (2011-2021). “Todos los cargos contra Suu Kyi deberían retirarse y ella ser liberada de forma inmediata e incondicional. Pero, tristemente, el hecho de que el proceso esté controlado por la junta militar hace muy poco probable que se haga justicia”, denuncia en un comunicado Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.
Myanmar lleva sumido en el caos desde que los militares dieron el golpe, con al menos 862 fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad y más de 4.500 detenidos, según la Asociación para la Protección de Presos Políticos.
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