Una manifestación de ciudadanos cubanos en Nueva Jersey, EE UU, en apoyo a los presos en Cuba, el pasado 18 de julio.KENA BETANCUR (AFP)
Si las inéditas y masivas protestas contra el Gobierno de julio del año pasado conmocionaron Cuba como nunca antes, el impacto de las elevadas sentencias contra 128 manifestantes en La Habana encausados por sedición ha sido también estremecedor. Las severas sanciones –que en el caso de 56 procesados fueron de entre 15 y 30 años de cárcel- han provocado un aluvión de críticas y reacciones en las redes sociales, donde diversos intelectuales, artistas y familiares de los presos han pedido su excarcelación y una amnistía, rechazando unas condenas que consideran “injustas”, “desmedidas” y “ejemplarizantes”. Incluso figuras cercanas al Gobierno han solicitado a las autoridades rectificar. “Que yo sepa no mataron a nadie, ¿condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo”, dijo el cantautor Silvio Rodríguez.
El Tribunal Supremo de Cuba dio a conocer el miércoles los fallos de seis juicios celebrados contra los participantes en las marchas del 11 y 12 de julio pasados en dos barriadas de La Habana, que derivaron en hechos violentos y dejaron un muerto por disparos de la policía. Las acusaciones fueron mayoritariamente por sedición, y las penas impuestas de entre seis y 30 años de cárcel. Según diversas ONG, entre ellos hay siete jóvenes de 16 y 17 años, que han recibido penas de entre 7 y 19 años de prisión.
Tras conocerse el fallo, comenzaron las muestras de rechazo en las redes y el cuestionamiento a las autoridades, algo cada vez más habitual. El reconocido actor Luís Alberto García resumió así el sentir de numerosos internautas: “¿El propósito de esas condenas tan largas a un grupo de jóvenes a lo largo y ancho del país es infundir pavor? ¿Que ‘el escarmiento’ evite en el futuro cualquier disentimiento? ¿Que nunca más una persona nacida y residente en esta tierra se atreva a gritar ‘no soy feliz’, ‘no estoy contento’, ‘no me gusta su gestión de Gobierno’, ‘no me siento libre’? Las multas existen, las prisiones domiciliarias existen, la obligación de resarcir los daños económicos causados, también. Pero ¿10 años de prisión, 15, 23, 30?…. Son desproporcionadas. Muy desproporcionadas”.
Este lunes, los medios digitales independientes La Joven Cuba y El Toque publicaron un llamado Manifiesto contra el silencio, por la justicia, firmado por más 40 intelectuales y artistas cubanos, mayoritariamente residentes en la isla pero también en el exterior. Aseguran que lo sucedido en Cuba en julio fue un “estallido social expresado mediante la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación sociopolíticos en Cuba”, y que tuvo “como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado”.
Con los juicios y las elevadas sentencias, el Gobierno actúa ahora con “una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos”, asegura el documento, que tiene, entre otras, las firmas del prestigioso cineasta Fernando Pérez, el escritor y traductor Alex Fleites, el periodista Jorge Fernández Era, los historiadores Alina Bárbara López Hernández y Leonardo Fernández Otaño, además de reputados economistas como Omar Everleny, Pedro Monreal, Mauricio de Miranda y Carmelo Mesa-Lago.
El manifiesto exige la excarcelación de los presos e indica que “la forma concreta de iniciar tal proceder —por una amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia no”. También considera que “hay desproporción de las condenas, vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de los procesos por la prensa estatal nacional”, concluyendo que “las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país”.
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Los firmantes, entre los que se halla el escritor Rafael Rojas y la artista y activista Tania Bruguera -premio Velázquez de artes plásticas 2021-, llaman a sus “colegas” a acompañarlos en la denuncia. “Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik”. El lunes se conoció también que un grupo de 35 madres y familiares de los presos por los sucesos de julio constituyeron una asociación para solicitar la amnistía de los condenados.
Aunque diversas fuentes y familiares de los encausados informaron antes de que numerosas personas habían sido condenadas en diversas localidades del país a elevadas sanciones por las protestas de julio, los primeros datos oficiales del Tribunal Supremo sobre las condenas por sedición contra 128 personas tuvieron gran repercusión, y no solo en la redes. Diversos medios anticastristas han publicado estos días fotos y datos personales de los jueces y fiscales que han participado en los procesos, ante lo cual el domingo instituciones oficiales cubanas cerraron filas y salieron a defender la legalidad de los juicios y las sentencias.
“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021″, dijo el presidente de la junta directiva de La Habana de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Osmín Álvarez Bencomo. La UNJC mostró su “indignación” por “las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”.
El Gobierno no reconoce que lo sucedido en julio fuera un “estallido social”, sino que lo considera un intento de “subvertir el orden constitucional de forma violenta” obedeciendo “instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior”, tras lo cual, dice, está la mano de Estados Unidos.
Realmente, las consecuencias de las sentencias y la reacción de la opinión pública han calentado el ambiente como pocas veces antes. Según el medio oficial Cubadebate, la declaración emitida por la UNJC subraya : “los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley”. Y agrega: “Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
También en las redes sociales la cosa esta caliente; entre los comentarios más reproducidos estos días está el del trovador Silvio Rodríguez, que el 17 de marzo dijo: “Si cometieron los actos de violencia de que se les acusa, de acuerdo en que sean juzgados y que se les apliquen las penas correspondientes. Pero que yo sepa no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo. Tampoco se aclaran las edades de los condenados. Con esto los enemigos de Cuba están haciendo zafra. No lo permitamos, siendo transparentes y rectificando lo que haya que rectificar”.
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