Cantantes, cineastas, actores y músicos, entre ellos Pedro Almodóvar y Joan Manuel Serrat, aseguran que España ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones.
Por Luis Méndez, corresponsal de RFI en Madrid
En España, el rapero Pablo Hasél debe ingresar en prisión antes del próximo viernes para cumplir una condena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, una condena rechazada por el mundo cultural.
Más de 200 artistas protestaron en un manifiesto por la condena a prisión al rapero Pablo Hasél -nacido Pablo Rivadulla Duró- por considerar que forma parte de una persecución contra los representantes de la cultura que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Cantantes, cineastas, actores y músicos, entre ellos Pedro Almodóvar y Joan Manuel Serrat, aseguran que España ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones. Si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, advierten los artistas.
Hasél fue condenado por incluir en sus canciones párrafos que tienen como propósito enaltecer el terrorismo y calumniar a la monarquía.
Los hechos se remontan al periodo 2014-2016, cuando publicó mensajes en Twitter y una canción en Youtube que la Justicia consideró delictivos.
En uno de sus tuits, escribió junto a una fotografía de Victoria Gómez, miembro de Grapo (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre): “Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá”. También imputó múltiples delitos al rey emérito y a Felipe VI: “Los amigos del reino español bombardeando hospitales, mientras Juan Carlos se va de putas con ellos”, escribió.
El cantante ingresará en prisión para cumplir una pena de nueve meses de privación de libertad, un periodo que se alargará hasta los dos años y medio debido a las multas económicas que conlleva su sentencia y que el artista se ha negado a liquidar.
Organizaciones humanitarias han denunciado reiteradamente que algunos jueces hacen un uso abusivo de leyes que son demasiado vagas, lo que permite condenas desproporcionadas que vulneran la libertad de expresión.
Revisión de los delitos
Horas después de conocerse el manifiesto, el gobierno español anunció la noche del lunes que planteará “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”.
La revisión será promovida por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de que se impongan penas “disuasorias” y no de cárcel en el caso únicamente de “conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta“.
El gobierno especificó en su comunicado que quiere sacar del ámbito penal “aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales“, y enfatizó que el castigo penal de dichos exabruptos “supondría un desaliento para la libertad de expresión”.
En la sentencia condenatoria, la Audiencia Nacional insistía en la “enorme difusión” de los mensajes de Pablo Hasél “ante un colectivo afín” de más de 50,000 seguidores en ese momento, y en el “potencial riesgo final de que algún seguidor, aleccionado por las expresiones y la justificación del terrorismo que encierran, acabe usando la violencia”.
“La incitación a la violencia terrorista (…) no puede estar amparado por la libertad de expresión porque entra de lleno en el ‘discurso del odio’”, argumentaba la sentencia de 2018.
Otros hechos
A esta sentencia el músico suma otra anterior de 2015, en la que se le impuso una condena de dos años por hechos similares y que, al ser la primera, quedó en suspenso y no lo llevó a ingresar en prisión. A estas añade otras dos de juzgados de Lleida por agresiones que están recurridas y, por tanto, aún no son firmes.
Finalmente, Pablo Hasél es investigado por la Justicia por su presunta participación el 25 de marzo de 2018 en el intento de asalto a la subdelegación del Gobierno de Lleida, en protesta por el arresto de Carlos Puigdemont en Alemania. En esta causa aún no se ha celebrado el juicio, detalla su abogado a El País.
Con la AFP y El País