La Asamblea de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó una batería de reformas legales para endurecer las penas de prisión a miembros de las pandillas, conocidas como “maras”, en un intento por frenar sus actividades, luego un incremento histórico de homicidios el último fin de semana.
Los diputados aliados del presidente Nayib Bukele modificaron las penas de prisión para integrantes de las maras hasta 20 y 30 años de cárcel desde las penas actuales de entre 3 y 5 años. También, elevaron el castigo hasta entre 40 y 45 años para los líderes y financistas de las pandillas desde los actuales 6 y 9 años de prisión.
“Estas reformas tienen como objetivo imponer penas verdaderamente duras para estos terroristas que creen que pueden estar por encima de la autoridad y jugar con la vida de los salvadoreños. No es posible que la ley siga protegiendo a estos criminales”, dijo el miércoles el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El país centroamericano registró entre el viernes y lunes un total de 89 asesinatos atribuidos por las autoridades a las pandillas Mara Salvatrucha y su rival, Barrio 18, por lo que el Gobierno implementó un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales por un mes.
Sólo el sábado, el país contabilizó un total de 62 asesinatos, la cifra más alta en una jornada en lo que va del siglo, según expertos de seguridad y derechos humanos.
Hasta el momento unos 2 mil 500 supuestos pandilleros han sido capturados por la policía, mientras que Bukele ordenó endurecer las medidas en las cárceles y reforzar con soldados y militares las barriadas. Se estima que unos 70 mil pandilleros cometen extorsión y venden drogas en las calles de El Salvador.
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Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles al gobierno salvadoreño respetar los derechos humanos durante la aplicación de su estrategia de seguridad y mostró su preocupación por la supresión de la defensa legal, la información sobre las causas de retención y la racionalización de la comida en los penales.
Desde que asumió como presidente del país a mediados de 2019, Bukele logró reducir la cifra total de homicidios anuales. Sin embargo, reportes de medios aseguraron que el resultado fue producto de una negociación secreta con criminales a cambio de beneficios penitenciarios, algo que el mandatario ha negado.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, resaltó en un breve comunicado su preocupación por la oleada de violencia en el país y expresó “su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura“. Así, señaló que “confía en que las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con el Derecho y las normas internacionales de Derechos Humanos”.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONG Human Rights Watch (HRW) han advertido de que el estado de excepción suspende una serie de derechos básicos, abriendo la puerta a los abusos.
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La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el domingo la entrada en vigor del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que el sábado dejó más de 60 muertos. La ola de crímenes ha ido en ascenso desde principios de año y el mandatario ha prometido atajarla de raíz.
(Con información de Reuters y Europa Press)
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